El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Distintos estudios advierten sobre la segregación social que producen iniciativas como el barrio privado “Rincón de Urquiza”, además del indiscutible daño ambiental. ¿Está dispuesta la comunidad uruguayense a que el desarrollo de la ciudad y el futuro de sus hijos sean resueltos por intereses privados sin que su opinión sea tenida en cuenta?
Nota relacionada: ...un compromiso que involucra a todos..
Por A.S. de EL MIÉRCOLES DIGITAL
La controversia sobre el proyecto “Rincón de Urquiza” apenas está comenzando. Además de la violación constitucional que supone la construcción de un barrio privado sobre un humedal (ver nota anterior) hay otros aspectos que aún no se han puesto sobre la mesa en la discusión pública, y que además de la preocupación por lo ambiental, advierten acerca de las consecuencias sociales en otros aspectos, como por ejemplo el de la segregación creciente que viven diferentes centros urbanos, en un proceso que ya tiene nombre: “gentrificación”.
Precisamente sobre eso avanza una nota publicada en el periódico Acción, publicación que edita desde hace décadas el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC). En diciembre pasado, y bajo el sugestivo título “La ciudad de los ricos”, Verónica Engler advierte acerca de este proceso, señalando cómo barrios populares o zonas rurales, e incluso humedales “se transforman bajo el influjo de capitales ávidos de valorizarse a través de emprendimientos para sectores privilegiados”. Así, avanza “la lógica de la segregación espacial” gracias a la complicidad de un Estado “que desregula para favorecer intereses privados” que se desentienden del bien común.
QUÉ ES ESO DE GENTRIFICACIÓN
La autora cita estudios científicos que muestran cómo Londres, Buenos Aires, Nueva York, México DF, y muchas otras ciudades del mundo occidental experimentaron un cambio drástico en las últimas décadas que implicó una renovación de su planta edilicia y de su población. Pero ese cambio, lejos de ampliar espacios habitacionales para la población en general, formando parte de un diseño urbano virtuoso, sustentable y democrático, muy por el contrario, fomenta viviendas lujosas y sectores exclusivos para las nuevas clases pudientes o para la explotación turística destinada a las élites del mundo de los negocios.
Al revés de lo que dice la versión que cuenta el diario La Calle, si hoy la ciudadanía uruguayense puede gozar de las playas de la Isla del Puerto, es gracias a que hubo quienes reclamaron.
Este fenómeno social ya tiene nombre: “gentrificación”. Esta palabra es un anglicismo que viene a nombrar transformaciones que provocan un aumento de los alquileres o del costo habitacional en estos espacios, por lo que los residentes tradicionales abandonan el barrio y se afincan en espacios periféricos menos beneficiados, por ejemplo en cuanto al acceso a servicios.
Ese tipo de procesos se puede ver en barrios de cualquiera de las grandes ciudades argentinas que fueron cambiando su fisonomía en pos de un aspecto más «fashion» que las hace apetecibles para un mercado inmobiliario cada vez más voraz. Pero esta modalidad de cambio no se limita a las grandes ciudades, también se extiende a las periferias de maneras diversas, cuando se ocupan zonas consideradas «vacantes» o «improductivas», como los humedales, para construir oficinas corporativas, edificios residenciales de alto estándar, hoteles de lujo y urbanizaciones cerradas.
Cualquier parecido con los proyectos en danza en nuestra zona, por supuesto, no tiene nada de casualidad.
EL ANTECEDENTE DE LA ISLA DEL PUERTO
Hace pocos días, tras el seudónimo “Martina C. Cortessi”, el diario La Calle –tradicional expresión de los sectores del poder en Concepción del Uruguay y en la zona– se despachaba con una columna en defensa del barrio “Rincón de Urquiza”.
Como siempre, La Calle en defensa de los negocios de los privilegiados. Allí argumentaba que siempre hay quienes ponen palos en la rueda del progreso y ponía como ejemplo que los sectores ambientales también se opusieron a la obra en la Isla del Puerto.
“La lógica del capital inmobiliario-financiero trae mayores niveles de desigualdad, privatización, fragmentación urbana, segregación socioeconómica, marginalización social, degradación y contaminación ambiental”, advierten los especialistas.
Pero el argumento esconde una mentira tan grande como el humedal que quieren ignorar. La verdad es que el proyecto original en la Isla del Puerto era algo no muy distinto del “Rincón de Urquiza”: un barrio náutico, un country para ricos. Nada de playas para el pueblo. Lo más insólito es que ese barrio para pocos iba a ser pagado por todos los entrerrianos, con la excusa del puente y la avenida en la Isla. Un descaro difícil de empardar.
Pero fue el reclamo de las organizaciones ambientales y del Colegio de Arquitectos, sumados a la denuncia periodística de unos pocos medios (entre ellos El Miércoles) y finalmente la intervención acertada de un secretario provincial de Ambiente que decidió no mirar para otro lado, lo que impidió ese robo al pueblo.
Es decir que, al revés de lo que dice la versión “La Calle” de la historia, si hoy la ciudadanía uruguayense puede gozar de las playas de la Isla del Puerto, es gracias a que hubo quienes reclamaron. (Quienes no recuerden –o no conozcan– esa parte de la historia reciente, pueden leerla aquí: link a la nota sobre la isla del Puerto).
“LA PRIVATOPÍA”
Patricia Pintos y Patricio Narodowski, geógrafos e investigadores del Conicet, señalan en su trabajo La privatopía sacrílega –un libro que investiga la construcción de barrios cerrados en el Conurbano bonaerense– que «la manera en que estas nuevas formas del urbanismo neoliberal se desarrollan en las ciudades, bajo la lógica apremiante del capital inmobiliario-financiero, conlleva mayores niveles de desigualdad, privatización, fragmentación urbana, segregación socioeconómica, marginalización social, degradación y contaminación ambiental, entre otras contradicciones propias del capitalismo».
Estos procesos, dicen los investigadores, no son mera consecuencia de demandas y ofertas habitacionales: se concretan cuando el capital inmobiliario es absorbido por el capital financiero y favorecido por un Estado que desregula para facilitar los negocios de este sector. Se habla de mercado desregulado cuando el Estado no interviene como un actor que produce cierto equilibrio para que los beneficiarios trasladen en parte su ventaja a los que están sufriendo una carga negativa de las intervenciones urbanas.
Ese tipo de desarrollos urbanos, que se desentienden de la planificación, del crecimiento poblacional, de las condiciones de sanidad, agua potable y cloacas, ha sido resultado de una connivencia entre funcionarios y empresarios, que tienen información privilegiada. En nuestra ciudad se vio un caso de ese tipo, denunciado hace años por El Miércoles, en la compra de una zona privilegiada por parte de un funcionario municipal que se aprovechó de la información a la que accedió gracias a ocupar un cargo público. Eso le permitió comprar barato tierras en la zona de la Salamanca y desalojar a familias de escasos recursos que habitaban el lugar. Hoy ofrece guarderías náuticas en esa zona.
Muchos de esos proyectos de renovación urbana o de recuperación patrimonial prosperan a costa de que sus antiguos habitantes sean desalojados por el uso de las fuerzas públicas o por el alza en los precios del metro cuadrado y de los alquileres. Y de esta forma son desperdigados a otras zonas de la ciudad, generalmente, de peores condiciones urbanoambientales. Así creció Concepción del Uruguay, desordenadamente, sin plan y sin criterio, en los últimos 50 años.
El fenómeno no es propio solo de las grandes urbes. Alicia Novick, arquitecta especialista en Urbanismo y Planificación Territorial y profesora e investigadora del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional General Sarmiento (UnGS), participó en una investigación sobre la Quebrada de Humahuaca (Jujuy) en la que pudo observar cómo se daban los desplazamientos poblacionales. «Debido al proceso que se dio por el turismo y la patrimonialización, la gente que vivía en Purmamarca o Tilcara o Humahuaca empezaba a ocupar lugares por afuera de esas ciudades. No es una expulsión directa, es una expulsión que la suscita el mercado, porque los alquileres suben de precio».
Así, el capital inmobiliario financiero viene imponiéndose en los modos de producción del espacio urbano. La gentrificación y la segregación social son algunas de las consecuencias que atentan contra la posibilidad de habitar barrios más inclusivos y plurales.
FRENAR EL AVANCE SOBRE EL HUMEDAL
Tampoco es una situación exclusiva de Concepción del Uruguay el avance de un proyecto privado sobre un humedal, que tiene protección constitucional no por capricho de quienes la reformaron en 2008, sino porque los humedales son, nada menos, parte de lo que mantiene viva a la especie humana. Así de sencillo.
Pero las grandes extensiones de urbanizaciones cerradas construidas en las últimas décadas en diferentes ciudades de la Argentina, son una modalidad que ya es señalada como una variante de la gentrificación, tal como lo marca Verónica Engler en Acción. «Donde antes había sectores populares y barrios de loteos empiezan a hacerse las urbanizaciones cerradas, que están en terrenos bajos, pero que los acondicionan y los rentabilizan, porque el mercado inmobiliario lo que más rentabiliza es cuando se pasa de tierra rural a tierra urbana», remarca Alicia Novick, compiladora del libro Pobreza urbana, vivienda y segregación residencial en América Latina. «Hay mucha construcción sobre humedales y el problema es que se generan desequilibrios ecológicos importantes a nivel regional», explica.
En La privatopía sacrílega, Pintos y Patricio Narodowski dicen que estos productos inmobiliarios, “asociados con las pautas globales del urbanismo neoliberal han gestado un nuevo paisaje que denota una profunda escisión respecto de la realidad y de la historia local”.
En función de esa realidad e historia locales, la pregunta que debemos hacernos las personas que vivimos en Concepción del Uruguay, quienes nos sentimos uruguayenses, es si estamos dispuestos a que el desarrollo de la ciudad –y con él, el futuro de nuestros hijos– sean moldeados por intereses privados sin que nuestra opinión sea tenida en cuenta.
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