El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Varios ex convencionales que participaron de la reforma de la Constitución de Entre Ríos en el año 2008 emitieron una declaración, preocupados por lo que consideran “la inaudita iniciativa antidemocrática del ministro de Comunicación (Pedro Baéz), así como por las declaraciones del Gobernador sobre la supuesta inutilidad de la Constitución y las leyes para enfrentar conflictos”.
En la misiva expresan que entienden “que son datos gravísimos que no deberíamos dejar pasar, dado que pueden ser la antesala de una batería de medidas violatorias de los derechos humanos que ellos mismos dicen encarnar como política de Estado”.
LO QUE DICEN EN LA CARTA
En nuestro carácter de convencionales constituyentes que participamos en 2008 de la reforma de nuestra Constitución Provincial, queremos hacer pública nuestra preocupación por las expresiones vertidas por quien encabeza el Poder Ejecutivo provincial, en relación con la presunta "inutilidad" de la Constitución para resolver conflictos; así como manifestar nuestro enfático rechazo a la inaudita pretensión de un ministro del Ejecutivo y una banca parlamentaría de restringir la libertad de expresión, un derecho humano ampliamente consagrado por nuestra normativa vigente.
Las declaraciones del señor Gobernador diciendo: “Yo tenía la Constitución, las leyes, la Justicia lista para ocupar su rol, pero sentí que no me servían” constituyen, en nuestra opinión, un inadmisible reconocimiento de la forma en que se subordina la aplicación de la ley a los intereses coyunturales de quienes presiden uno de los poderes del Estado.
A cinco años de la Jura de la Constitución reformada, sería extenuante revisar cada uno de los preceptos incorporados en el texto provincial que continúan incumplidos, convertidos en letra muerta por los mismos dirigentes que agotaron elogios en sus discursos previos y posteriores a aquella ceremonia. Pero en particular, que un mandatario se jacte de que la Constitución "no le sirve", resulta injustificable. El ciudadano que hoy funge como Gobernador, debe saber que la Constitución es el acuerdo de convivencia social que legitima su propio mandato, y no a la inversa. Como tal, lo que le sirve al pueblo, es el cumplimiento de su norma, no la violación constante o su aplicación solo cuando resulta conveniente o favorable.
Por otro lado, el anuncio del ministro de Cultura y Comunicación de la provincia –quien es además, responsable en la provincia del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual– de promover la restricción de las redes sociales con el pretexto de que pueden ser utilizadas para promover la comisión de delitos, es igualmente inusitada, claramente anticonstitucional, violatoria de pactos internacionales de los que la Argentina es firmante, y, finalmente, revela una concepción ajena a los rudimentos básicos de la convivencia democrática. En términos lógicos es además, absurda (dado que ese argumento podría enarbolarse para impugnar cualquier herramienta creada por el ser humano) y de clara matriz fascista, solamente concebible en países en los que no rige el sistema democrático y que, por ende, no adhieren a los pactos y convenciones internacionales que entienden a la libertad de expresión como constitutiva de la democracia, tal el caso de la Argentina.
En momentos como éste es cuando las conciencias comprometidas deben expresarse. La vigencia irrestricta de la Constitución y el respeto a los derechos humanos no pueden ser objeto de las veleidades subalternas de funcionarios electos o no. Resulta penoso tener que advertírselo a quienes deberían ser los garantes de su cumplimiento. Pero imprescindible ante situaciones como ésta.
Entre Ríos, 20 de diciembre de 2013.
Firman: Américo Schvartzman, Adriana de la Cruz, Martín Acevedo Miño, Dario Gianfelici, Griselda de Paoli, Juan Carlos Arralde, Daniel Zabala.
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