El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
“Sostener que se abrieron indiscriminadamente las puertas de la cárcel a violadores y asesinos es completamente falso. La embestida mediática contra las medidas sanitarias de favorecer la salida de quienes están próximos a cumplir las penas o ya cumplidas, es utilizada con el propósito de esmerilar al gobierno en una situación de crisis”, dicen desde la Comisión memoria, Verdad y Justicia de Concepción del Uruguay.
Nota relacionada: Presos y paranoia.
En el texto acercado a este medio, la Comisión fija postura respecto a este tema que tanto revuelo genera en la sociedad.
PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS
Hoy estamos atravesando un momento inédito, la coyuntura actual es atípica y excepcional debido a la emergencia sanitaria que transita el mundo entero. En consecuencia surgen momentos de gran dificultad para todos los habitantes del país frente al contexto pandémico.
La presencia de la COVID 19 ha modificado de manera abrupta y radical las conductas de todos nosotros y sobre la marcha los diferentes gobiernos han ensayado estrategias para enfrentarlo, hasta que fueron surgiendo algunos ordenadores que con el tiempo (escaso) se han impuesto como patrones para resguardar la salud de la población como objetivo primordial. Nuestro país ha adoptado tempranamente la denominada cuarentena, hecho que a la fecha se ha mostrado como una herramienta eficaz para evitar contagios masivos.
Desde diferentes organizaciones se han brindado una serie de recomendaciones para enfrentar esta crisis siempre privilegiando las condiciones de salud de la población, entre ellas la OMS y los Organismos de Derechos Humanos.
En nuestra ciudad, del listado de 15 liberados que circuló en las redes hubo 7 prisiones domiciliarias, 4 habían cumplido la condena, 2 liberados, 1 libertad asistida y 1 libertad condicional. Estos casos correspondían a delitos federales, por lo cual no se trata de excarcelaciones determinadas por los Juzgados de la Provincia.
Para lograr el aislamiento social se decretó asueto de la administración pública, se suspendieron las actividades educativas en todos sus niveles, se suspendieron los espectáculos culturales, deportivos y recreativos y por ende la actividad comercial. En este contexto las residencias para adultos mayores y las unidades penitenciarias dejaron de recibir visitas de familiares para evitar el ingreso del virus a esos lugares de permanencia prolongada.
Pero la sola mención de la posibilidad de que las personas privadas de libertad (PPL) accedan a un beneficio ha desatado una virulenta campaña mediática contra el gobierno nacional, ignorando en primer lugar que en un sistema republicano la excarcelación o no de PPL es facultad exclusiva del poder judicial.
Desde el 27 de Febrero hubo una serie de recomendaciones y protocolos emitidos por diferentes organismos como el Servicio Penitenciario Federal, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Procuración Penitenciaria Nacional, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, la Organización Mundial de la Salud, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas recomendó: la reducción de población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal de infractores de baja peligrosidad; la revisión de todos los casos de prisión preventiva; la extensión del uso de fianzas con excepción de los casos más graves, entre otras.
El Comité para la Prevención de la Tortura recomendó como medida fundamental que autoridades penitenciarias, defensorías públicas y defensores/as particulares identifiquen a las personas privadas de la libertad que están en condiciones de que se tramiten los incidentes de prisión domiciliaria o libertad correspondientes. Éstas son: las que se encuentran dentro de los grupos de riesgo, aquellas que se encuentran en condiciones de obtener la libertad condicional o próximas a cumplir con la pena, a las que tengan una pena breve, las mujeres embarazadas, las mujeres detenidas con hijos menores en las unidades o con hijos menores de edad fuera de la unidad, a las personas con afecciones de salud preexistentes o mayores de 65 años.
Mediante este conjunto de operaciones falaces y “fake news” (noticias falsas), estos intereses espurios y sus voceros mediáticos persiguen restar legitimidad a la política sanitaria de un gobierno que cuenta con amplio consenso social y reconocimiento internacional.
Estas recomendaciones realizadas a los organismos judiciales para reducir la población en situación de encierro son las que hemos acompañado desde los organismos de Derechos Humanos, reiterando que se trata de medidas sanitarias básicas para la preservación de la salud de la comunidad en su conjunto. En ningún caso hubo pedidos ni desde el gobierno, ni de estos organismos, para liberar a los acusados de delitos graves, entiéndase por ello violadores, asesinos o genocidas.
En nuestra ciudad, del listado de 15 liberados que circuló en las redes hubo 7 prisiones domiciliarias, 4 habían cumplido la condena, 2 liberados, 1 libertad asistida y 1 libertad condicional. Estos casos correspondían a delitos federales, por lo cual no se trata de excarcelaciones determinadas por los Juzgados de la Provincia.
Pero además, seis de esos casos fueron resueltos antes de la cuarentena. Posterior a esa fecha, tres internos cumplieron su condena y se dictó una sola libertad condicional y cuatro prisiones domiciliarias.
Lo ocurrido a nivel local va en línea con la campaña desatada a nivel nacional, donde se afirma que los liberados por el COVID 19 volvieron a cometer a pocas horas de abandonar la cárcel, los mismos delitos por los que estaban purgando penas. Ninguno de estos casos eran personas privadas de su libertad que abandonaron la cárcel por el COVID 19. El caso más mencionado y repetido en los medios es el de un hombre que logró el beneficio para salir en Octubre de 2019, cuando el mundo aún no hablaba del coronavirus.
Sostener que se abrieron indiscriminadamente las puertas de la cárcel a violadores y asesinos es completamente falso. La embestida mediática contra las medidas sanitarias de favorecer la salida de quienes están próximos a cumplir las penas o ya cumplidas es utilizada con el propósito de esmerilar al gobierno en una situación de crisis. Se trata en verdad de sectores del poder económico concentrado que resisten la próxima sanción de un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, destinado a paliar la severa crisis económica que vive nuestro país, agravada por la Covid 19. Mediante este conjunto de operaciones falaces y “fake news” (noticias falsas), estos intereses espurios y sus voceros mediáticos persiguen restar legitimidad a la política sanitaria de un gobierno que cuenta con amplio consenso social y reconocimiento internacional.
Denunciamos que lo anteriormente mencionado resulta en una grave vulneración al derecho de recibir información veraz, rigurosa y completa, más grave aún en un contexto en que se está jugando la salud de los argentinos y las argentinas.
Por todo lo expuesto, desde la Comisión Memoria, Verdad y Justicia acompañamos todo lo actuado por el Gobierno nacional en la presente crisis, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales y bajo el paradigma de los derechos humanos incorporado a nuestra Constitución Nacional.
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