El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El juez federal, el uruguayense Pablo Seró, dictó la falta de mérito y dispuso la libertad de Juan Luis Spañoletti, el ex viceintendente de Federación y ex funcionario macrista que estaba acusado por la explotación laboral de cinco obreros misioneros en un campo de su propiedad (Ver: ...detenido por esclavizar trabajadores).
Por JUAN CRUZ VARELA de PÁGINA JUDICIAL
Juan Luis Spañoletti recibió un guiño, apenas un guiño, de la justicia federal en la causa que lo tiene todavía imputado por trata de personas con fines de explotación laboral de un grupo de trabajadores en un campo de su propiedad en Colonia Ayuí.
El juez federal de Concepción del Uruguay Pablo Seró dictó la falta de mérito y dispuso la excarcelación, luego de veinte días en prisión preventiva, del ex viceintendente de Federación, ex delegado de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación durante el macrismo y docente de Legislación del Trabajo en una escuela técnica.
Mientras tanto, continúa la búsqueda de Andrés Alejandro López, señalado como la persona que contrató a los obreros explotados, que lleva casi un mes prófugo desde que se realizó el operativo en el campo de Spañoletti.
El 21 de mayo, inspectores de la Secretaría de Trabajo de la provincia y agentes de la Policía Federal llegaron hasta el campo “Juan Agustín”, en Colonia Ayuí, departamento Concordia, a raíz de una denuncia que había realizado un grupo de trabajadores misioneros que realizaba tareas de desmonte y raleo de troncos de eucaliptos.
El cuadro que se encontraron era horroroso, de extrema precariedad: los obreros sobrevivían casi en condiciones de esclavitud, hacinados en un motor-home y en un refugio para animales de corral con goteras, sin agua corriente ni luz eléctrica, tampoco tenían baño. Dormían en el piso, en colchones deteriorados, sin sábanas. La comida también era escasa, cuando se las proveía López, y a veces no tenían qué comer. Cocinaban a la intemperie, con leña. Si bien algunos contaban con teléfono celular, estaban incomunicados porque en el campo no había señal.
El más experimentado de los obreros, un motosierrista misionero, contó que “el lugar era precario, no teníamos baño, bañadera”, así que debían hacer sus necesidades en el monte y asearse al aire libre. Cuando tenían, usaban papel higiénico y si no, “cualquier tipo de papel, el de las bolsas de harina, por ejemplo”.
Dormían en catres, en el motor-home o en un corral, pero “cuando llovía goteaba dentro de la casilla y del colectivo, así que nos mojábamos durmiendo” e incluso “dentro del colectivo había alimento balanceado, venenos químicos para ratas y para pulverizar. También para matar los loros. Estaban debajo de los baúles esos venenos”.
La comida también era escasa. Se las proveía López y se la descontaba de la paga. “Nos traía comida, alimentos, una vez por semana y a medida que pasaba el tiempo iba menos”, contaron. En ocasiones el casero del campo les daba “una bolsita con huesos y también zapallitos” para que pudieran alimentarse, pero llegaron a pasar hasta dos días sin comer.
Tampoco tenían agua en el asentamiento. “El agua nos quedaba a treinta o cuarenta metros; la acarreábamos en un tacho, en bidones de combustible, de aceite hidráulico, que lavábamos y luego le poníamos agua. Con eso cocinábamos y nos aseábamos”, relataron.
Trabajaban de lunes a lunes, de cinco de la mañana a ocho de la noche, con la promesa de un salario de 3.000 pesos por semana; en lugar de eso, López les pagó unos 10.000 pesos a cada uno, con el descuento de la comida, el combustible de la motosierra y el arreglo por una rotura de motosierra que tuvo paralizado el trabajo por una semana.
El campo está registrado a nombre de Spañoletti, aunque él asegura haberle vendido a López una porción de seis hectáreas en dos millones de pesos. La operación se hizo en negro y sin la intervención de un escribano, con la firma que ambos estamparon en un papel como única garantía. López habría pagado en dos veces y en efectivo.
Es cierto que los trabajadores señalaron a López como su empleador y que ni siquiera trataron con Spañoletti, pero también aseguraron que el ex funcionario iba casi todos los días al campo para atender a las vacas, ovejas y un pequeño emprendimiento apícola, por lo cual consideran que no podía ignorar las condiciones en que se encontraban.
Spañoletti, en cambio, dijo que no tenía injerencia alguna en el trabajo de desmonte ni con las personas que realizaban esa tarea. “López estaba autorizado por el boleto de compraventa a introducir el personal que sea necesario para hacer la cosecha o la tala”, afirmó el ex funcionario en su declaración indagatoria. Del mismo modo, negó haber autorizado a que los trabajadores se quedaran a dormir en el campo y que López se lo hubiera pedido porque el contratista le dijo que “los iba a llevar y traer porque tiene un aserradero en La Criolla”, donde supuestamente vivirían y dormirían los obreros. Ellos aseguraron que fue su casero quien acondicionó el motor-home para que durmieran allí, por lo que tampoco podría ignorar que permanecían en el campo.
Existe otra contradicción entre la versión de Spañoletti y lo que sostienen los obreros. El ex funcionario dice haber concretado el negocio en el mes de abril, pero los obreros afirman que arribaron a Federación “entre el 5 o el 10 de enero” e iniciaron las tareas en el campo dos meses antes del procedimiento, es decir, en el mes de marzo.
Uno de ellos, incluso, contó que en marzo un obrero tuvo un accidente que lo tuvo un día internado en el hospital de Federación (“lo arrastró un alambre y le quebró una pierna”, contó) y luego volvió al campamento, hasta que el “patrón” lo despachó a su casa. El “patrón” que refiere es López. “Hasta el día de hoy no tuvo tratamiento médico”, aseguró el obrero sobre su compañero.
¿Podrá el prófugo López aclarar ese desfasaje temporal?
El juez Seró simplemente consideró que a esta altura de los acontecimientos “no se encuentra documentada la intervención activa del indagado Spañoletti” en la comisión del delito de trata de personas y que “lo reunido hasta el presente posibilitaría afirmar que, en el mayor de los casos, pudo saber las malas condiciones en las que se encontraban los damnificados, pero esa afirmación potencial no basta para cimentar un auto de procesamiento” y por eso optó por el camino intermedio de la falta de mérito.
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