El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
La Cámara de Senadores dio sanción definitiva a la Ley de Emergencia que días atrás envió el Poder Ejecutivo. Desde el oficialismo negaron que la norma implique un ajuste y la calificaron como “una medida progresiva en materia económica” y como “una acción progresista políticamente”. Fuertes críticas de la oposición. Una senadora peronista marcó desacuerdo con dos artículos.
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...tuvo media sanción en Diputados.
La iniciativa, que se dio a conocer la semana pasada y este miércoles recibió luz verde de la Cámara de Diputados, finalmente fue sancionada sobre tablas en la Cámara de Senadores.
El miembro informante fue Amilcar Genre Bert (Frente Creer Justicialista-La Paz), quien sostuvo que en este contexto de pandemia y crisis mundial “quedó expuesta la importancia del rol que el Estado tiene en una sociedad” indicó la crónica legislativa de APF.
“Entre Ríos tiene un Estado presente que ha posibilitado, a través de sus herramientas, que ningún trabajador estatal haya perdido su trabajo, que los salarios se abonen en tiempo y forma, que los servicios continúen funcionando y que se sigan haciendo obras”, dijo y destacó que “todo esto se ha dado en el marco de una disminución del 50% en materia de recaudación.
“La proyecciones económicas no son alentadoras y había que tomar definiciones”, sostuvo al justificar el polémico proyecto.
En este marco, destacó que el mismo “pretende regular una acción solidaria” y aclaró que “es una medida coyuntural y necesaria para poder seguir cuidando a los que menos tienen”.
Luego mostró sorpresa por quienes hablan de ajuste: “Me asombra la mirada de algunos actores políticos o sindicales que sostienen que es un ajuste feroz para el trabajador más débil. “Esta es una definición que falta a la verdad” y argumentó que “solo alcanza a escasos trabajadores”.
Para Genre Bert, la Emergencia Solidaria “es una medida progresiva económicamente y una acción progresista políticamente”.
“Nuestra responsabilidad es que el impacto en los sectores más vulnerables sean los menores posibles y en ese sentido no tenemos ninguna duda que este proyecto es el que genera menos impacto dañino sobre el conjunto de la comunidad entrerriana”, enfatizó el Senador de La Paz.
Luego fue el turno del senador Rubén Dal Molín (Juntos por el Cambio-Federación). Tras recordar que hace más de dos meses su fuerza política planteó la necesidad de discutir cómo abordar el déficit fiscal y la situación de la Caja de Jubilaciones, sostuvo que la crítica situación financiera de la provincia es prexistente a la pandemia.
“Los indicadores reflejan que desde hace 10 años Entre Ríos tiene déficit financiero, mientras que hace tres que también tiene déficit económico”, fundamentó.
Tras hacer un repaso de “toda la ayuda” que el Gobierno de Mauricio Macri le otorgó a la provincia, como por ejemplo adelantos de coparticipación y recursos para paliar el déficit de la Caja de Jubilaciones, aseveró que la ley que está en discusión “es un parche”.
“Se van a recaudar 2.130 millones de pesos, de los 1.445 serán aportados por jubilados y trabajadores: esto es, 7 de cada 10 pesos serán aportados por ellos”, sostuvo, al tiempo que comparó ese monto con lo que se lee abona mensualmente al Nuevo Banco de Entre Ríos.
“Este es un ajuste sobre empleados y jubilados, no es necesario hacernos los desentendidos. Y la situación actual no es culpa de la pandemia, sino del déficit, el endeudamiento y la falta de inversión pública de al menos los últimos 10 años”, enfatizó Dal Molín.
Después tomó la palabra el senador Horacio Amavet (Frente Creer Justicialista-Uruguay) sostuvo que lo que se recaude a partir de esta ley será destinado “a la salud y a la contención social” y que “el aporte solidario deja afuera al 85% de los empleados públicos y jubilados”, por lo que calificó a la medida como “equitativa y progresiva”.
Enseguida negó que implique un ajuste y contratacó: “Ajuste fue dolarizar las tarifas de los servicios públicos y hacer una transferencia alevosa de ingresos de la población a los sectores financieros”.
Luego fue el turno del senador Francisco Morchio (Juntos por el Cambio-Gualeguay), quien en primer lugar hizo fuertes críticas a “las formas” en las que se trató la iniciativa.
Tras destacar el buen vínculo que mantiene con el oficialismo, sostuvo: “Estamos sorprendidos porque estas no son las formas. El proyecto se hizo público el viernes y hoy tendrá sanción”.
“Tres sesiones en una semana: martes y miércoles en Diputados, jueves en el Senado. En seis días se aprueba un proyecto”, lamentó.
“Cuando el Ejecutivo envía un proyecto hay dos modos de lograr que se apruebe: una es imponiendo los números, la otra es buscar consensos, debatir y enriquecer la iniciativa”.
“En este caso, se impusieron los números, no se trabajó en comisiones, no pudimos escuchar a funcionarios, ni a especialistas ni a dirigentes sindicales, ni a los representantes de los jubilados, a nadie”, señaló Morchio.
El senador provincial también se refirió al nombre del proyecto: “Cada vez que se manda un proyecto de ajuste se le impone un nombre simpático: en este caso, emergencia solidaria. Pero la solidaridad es voluntaria, no se impone. Y para mí, además, es discreta y anónima”.
En otro tramo de su alocución, advirtió que “el aumento de Ingresos Brutos a las droguerías va trasladarse a los consumidores: los entrerrianos vamos a pagar medicamentos más caros”.
Finalmente remarcó: “Este proyecto no salió a raíz de la pandemia y la cuarentena. Vienen gobernando desde 2003, son muchos años como para haber podido ordenar cuentas, hacer un Estado eficiente, emprolijar la Caja Jubilaciones, etc”.
Por último tomó la palabra el senador Armando Gay (Frente Creer Justicialista- Concordia), quien manifestó que “esta ley tiene como finalidad garantizar los servicios básicos de todos los entrerrianos, sobre todo la salud en el marco de esta pandemia”.
Tras destacar que la iniciativa “controla los aumentos de salarios de los entes descentralizados que tienen regímenes especiales”, aseveró que “está en sintonía con lo que propone el Gobierno nacional” y la definió como una medida que se tomó “ante una situación extrema, inédita y adversa para poder proteger a todos los entrerrianos”.
Mientras se votaba (en forma norminal y de manera conjunta en general y particular), la senadora Nancy Miranda (Frente Creer Justicialista- Federal) informó su rechazo a parte de dos artículos de la ley.
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