El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Entre uno de los tantos puntos plantean que "claramente no tienen licencia social por parte de la ciudadanía entrerriana".
Para este jueves 17 de septiembre, la Municipalidad de Ibicuy había convocado a una audiencia pública “para socializar el estudio de impacto ambiental” de una planta de lavado y clasificación de arena para fracking petrolero. Pero la Fundación Cauce y el Partido Socialista de Ibicuy, junto con otras entidades interpusieron un pedido de impugnación urgente por “irregularidad en el proceso” que se haría a través de una transmisión de radio en una FM local.
Mediante un comunicado la Municipalidad de Ibicuy convocó a una audiencia pública con la intención de que se permita habilitar el funcionamiento de cantera "El Magrullo", que gestiona la petrolera estatal YPF con sede en esa localidad.
La procesadora, que ya se ha instalado y cuenta con un alto grado de avance de obra, está pensada para el “lavado y clasificación de arena” para ser usada en el sistema fractura hidráulica para la extracción de combustible no convencional, que tiene en la Argentina epicentro en la cuenta neuquina de Vaca Muerta.
Pero ante la premura y polémica del proyecto, la Fundación Cauce ingresó “con carácter de urgente” una impugnación a esta “audiencia pública sobre planta de YPF para procesamiento de arenas silíceas como insumo para fractura hidráulica (fracking)”.
La entidad ecologista planteó que esta instancia “propone legitimar una actividad que no tiene licencia social en la provincia, como tampoco en el municipio de Ibicuy, ya que su objetivo es contribuir a una producción altamente contaminante y prohibida en la localidad y la provincia: la extracción de hidrocarburos a través del método de fractura hidráulica o fracking.
Además, por las graves irregularidades que presenta la convocatoria de dicha audiencia y el proceso previo de acceso a la información pública”, se indicó en el escrito. Es por esto que plantearon que “no debe avanzarse en el proceso de autorización de la actividad de extracción y procesamiento de arenas silíceas”.
Entre las consideraciones, Cuace indicó la legislación provincial y municipal anti fracking. También que el estudio de impacto ambiental “no fue correctamente puesto a disposición de la ciudadanía para su adecuado y efectivo estudio y análisis, violando así los principios que inspiran el derecho de acceso a la información pública” y que se no se garantizó el acceso a la información vía digital, dado el aislamiento que rige en todo el país.
Por otro lado, a ONG ambiental señaló que “el área donde desarrollará sus actividades YPF es un área sensible por ser de humedales y se encuentra dentro de un área natural protegida (Ley Provincial 9718). En tiempos donde los humedales están en grave peligro, es urgente que se frenen autorizaciones de actividades extractivas con impacto directo en nuestros humedales.
Estas actividades dañosas claramente no tienen licencia social por parte de la ciudadanía entrerriana, que mediante el ejercicio de los derechos constitucionales a la libertad de expresión y petición a las autoridades, exige a la provincia y la nación una ley de humedales donde se garantice la preservación y conservación de los mismos y se prohíban determinados usos. Más aún en este tiempo de pandemia, creemos necesario evitar mayor conflictividad social”, se afirmó.
Se puede ver el texto presentado para la impugnación de la audiencia aquí
Fuente: ERA Verde / Cauce
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