El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Fue en un juicio abreviado. El ex diputado está imputado por haber incurrido en los delitos de negociaciones incompatibles, enriquecimiento ilícito en más de un millón de dólares; violencia de género y amenazas. Cómo fue la audiencia en el que se empañó el proceso que se había alcanzado.
Por FEDERICO MALVASIO de PÁGINA JUDICIAL
La audiencia se llevó adelante en el salón de juramentos de los tribunales de Paraná a partir de las 9. Con algunas ausencias. Como todo juicio abreviado, el final se conoce de antemano. Precisamente porque es una audiencia en la que se llega con un acuerdo establecido. Sin embargo, el análisis de las pericias contables comenzó, sobre el final de la jornada, a empañar de dudas lo acordado.
La lectura de los hechos imputados y las pruebas fueron leídas detalladamente. El fiscal de género, Leandro Dato, enumeró uno por uno los insultos, aprietes y hostigamientos que sufrió Sonia Velázquez por parte de José Ángel Allende. La ministra de Salud, a cargo de la pandemia sin noción de los días desde el 20 de marzo, puso el cuerpo en los tribunales. No así el acusado, que lo hizo vía Zoom. Los procesos también se construyen de símbolos.
Álvaro Piérola se encargó de la otra acusación que pesa sobre el ex diputado por amenazar al periodista Martín Carboni. El fiscal defendió la imputación que hizo oportunamente en la que, incluso, llegó a pedir dos años de prisión condicional. Ese juicio se fue suspendiendo en diferentes momentos hasta que al caso se lo terminó incluyendo en la promo que este miércoles se debatió en los tribunales.
Piérola contó que fue el propio procurador Jorge García el que anotició al trabajador de prensa sobre el acuerdo de juicio abreviado que se acordaría luego de que Allende reconociera haber incurrido en los delitos de negociaciones incompatibles, enriquecimiento ilícito en más de un millón de dólares; violencia de género y amenazas.
En el estrado escuchaban José María Chemez, Carolina Castagno y Alejandro Cánepa; cuerpo colegiado para la ocasión por tratarse de delitos de interés público, como los vinculados a la corrupción. Por el Poder Ejecutivo, el único damnificado económicamente, estaban el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes y su adjunto Sebastián Trinadori.
Fernanda Vázquez Pinasco, en representación de Velázquez; y Rubén Pagliotto de Carboni; se opusieron al acuerdo que implicó una condena de dos años y ocho meses de prisión condicional, la entrega de una casa en el Parque Urquiza valuada en 720.922 dólares; y otra en el centro de Paraná que tiene un valor de 378.289 dólares. Además de una multa de tres millones de pesos.
Fundamentos
Castagno fue quien fundamentó lo resuelto haciendo hincapié en la reparación económica con la devolución y decomiso de bienes del condenado, la extensión del proceso de 8 años y la falta de antecedentes de Allende. Citó jurisprudencia en casos como el que refiere al ex senador Mario Yedro, aunque éste sí debió cumplir una condena con prisión efectiva. También destacó, como parte de la condena, la inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Leopoldo Lambruschini, en representación de Allende junto a Julio Federik y Marcos Rodríguez Allende, destacó que el acuerdo “no se hizo entre gallos y medianoche, ni en pandemia, sino que hace meses que se viene trabajando”. También hizo hincapié en los años que transcurrieron sin una solución a la vista. Esa supuesta impericia que se utiliza para atenuar las penas deviene del sistema (apelaciones de las defensas). Las mismas, y esto es lo interesante, es que también la citan en su favor los magistrados al momento de fijar las penas.
Reconoció que las causas debieron ser tratadas de manera separadas al “no haber conexidad” y ser “de distintas naturalezas”.
Velázquez repasó los hechos y recordó que en días se cumplen dos años en que radicó formalmente la denuncia luego de un año de “violencia psicológica” que continuó en el tiempo. Dijo enterarse por los medios que su causa estaba dentro de un paquete. “Estoy acá, para que una causa de violencia de género no pase como nada”, sostuvo, al cierre.
Vázquez Pinasco no puedo hacer uso de la palabra, porque en la audiencia sólo se prevé el testimonio de la víctima.
Pagliotto apuntó directamente “al combo y pastiche” que se estaba tratando allí. Y puso el dedo en la llaga: “¿Qué corresponde a cada caso, si el fiscal Piérola, sólo por el caso Carboni ya había determinado una pena de 2 años?”. Cuestionó la no individualización de las penas por cada uno de los delitos imputados.
Reveló que, como Velázquez, se enteró por los medios de la unificación de su causa con las negociaciones incompatibles y enriquecimiento ilícito.
“Si Allende no tuvo empacho en apretar a un periodista en un medio masivo y luego a una ministra, qué le queda a la gente de a pie”, espetó Pagliotto.
Dudas
Laura Cattáneo y Chemez quedaron para último. Luego de tres horas y un breve cuarto intermedio, participaron de un debate en torno a las pericias contables sobre el patrimonio de Allende. Fue el momento de las dudas. El presidente del tribunal abrió el camino de la oscuridad para la Fiscalía. Luego Cánepa detalló con precisión maniobras dando a entender que los montos del enriquecimiento a los que se llegó era una cifra menor si se la comparaba con la cotización del dólar. La fiscal se basó en los libros contables de UPCN, gremio que conduce hace años Allende, para achicar el monto del enriquecimiento. La otra duda fue cuando Chemez pidió explicación sobre la cotización en el caso de la multa. “Fue a valor histórico”, respondió Cattáneo.
Vázquez Pinasco, finalmente, pudo hablar a pedido de Velázquez. Puso la lupa en el agravamiento sobre el lugar que ocupaba Allende (diputado y referente de un gremio), los hechos y el lugar de su defendida. Se coaccionó a una ministra. Pidió, entonces, un tratamiento especial sobre la causa de violencia de género.
Con picos de 200 espectadores por YouTube, la jornada finalizó a las 13.30 con pedido de cuarto intermedio hasta el jueves 22.
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