El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El reconocido periodista Tirso Fiorotto se presentó formalmente a la Legislatura provincial para pedir que se inicie juicio político contra el cuestionado juez. El causal es "mal desempeño": el miembro del Superior Tribunal está acusado de violencia de género y hace poco protagonizó un episodio violento que quedó registrado.
Por MARTÍN BARRAL de EL MIÉRCOLES DIGITAL
Tras la publicación de la nota principal de la edición 1119 de la revista Análisis, en la mañana de este 22 de abril, Fiorotto, un referente del periodismo y la cultura entrerrianos, presentó por Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados provincial una solicitud de juicio político a Castrillón, quien desde 2006 es uno de los vocales del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER). Asegura que ha hecho un mal desempeño de sus funciones por haber incurrido en Violencia de Género y por reiteradas conductas demostrativas de falta de mesura, equilibrio, autocontrol, decoro, deferencia, circunspección y compostura para el ejercicio de sus funciones como miembro del STJER (Art. 17 y 140 de la Constitución Provincial y artículos 8 y 17 inciso 7 de la Ley Orgánica de Tribunales).
En las 35 páginas de la presentación, Fiorotto -que comienza recordando el legado republicano artiguista y entrerriano y su costo en vidas- detalla siete situaciones violentas de las que sería autor Castrillón.
Apodado Quete, el juez fue diputado provincial por el departamento La Paz (Partido Justicialista) durante más de 11 años: desde 1995 hasta 2006. En ese año fue nombrado como vocal de la Sala Civil y Comercial del órgano máximo del Poder Judicial, a pesar de las objeciones y el voto negativo del único senador de la oposición de entonces, Julio Majul (Concertación Entrerriana) que, en aquel momento, aseguró que era un personaje “soberbio”, “confrontativo” y carente de idoneidad para el cargo (El superior juez impresentable...).
Castrillón, que reconoció entonces ser un “cocorito”, llegó a ser presidente del STJER, tras algunos años.
En el final del escrito, el denunciante pide a Diputados que, tras promover el procedimiento de juicio político contra Castrillón y “atento los antecedentes violentos del denunciado”, el STJER disponga “de inmediato medidas laborales destinadas a proteger las integridades psíquicas y físicas a todas y cada una de las personas aquí mencionadas, dependientes del máximo órgano judicial de la Provincia que, de algún modo, directo o indirecto, estén en contacto con el vocal Castrillón para realizar sus tareas cotidianas”.
Violencia, "silencio judicial" y falta de idoneidad
El pedido se centra en una serie de incidentes que el comunicador larroquense resalta que son conocidos “en las esferas del Poder Judicial”, pero que fueron “completamente silenciados hacia fuera”. “Las mujeres y también los hombres, le han temido y lamentablemente estos últimos, lo han tolerado”, lamenta.
“Ninguna duda cabe, que existe una repudiable tolerancia hacia el violento. Como el mismo no tiene sanción alguna ni reproche explícito de sus pares, sigue ejerciendo el poder de ese modo”, enfatiza Fiorotto. El abanico de víctimas incluye hasta a una par de Castrillón, Susana Medina de Rizzo, quien lo denunció por violencia de género en 2020, y a quien el acusado terminó pidiendo disculpas (“ese pedido de disculpas, que puede servir para concluir un proceso judicial o no, y también puede ser sincero, evidencia una cabal admisión, por parte del denunciado, de su calidad de agresor contra su par, lo que es intolerable tratándose de un miembro del más alto órgano del Poder Judicial”, afirma).
Pero también hay hechos en los que el pacense es acusado de similares faltas hacia empleadas y empleados del Poder Judicial, con graves consecuencias en casi todos los casos.
“El equilibrio espiritual que se requiere al juez no se identifica con la ausencia de una patología psíquica, la que de estar presente en un magistrado directamente lo excluye de inmediato de la posibilidad de continuar en el cargo”, subraya Fiorotto, y que “concretamente y refiriendo al mal desempeño del vocal Castrillón (art. 140 de la Constitución de la Provincia), el mismo ha provocado episodios graves de violencia, gritos y agresividad en general, que afectaron a funcionarios y empleados judiciales, así como a miembros de la comunidad, que revelan indiscutiblemente la carencia de equilibrio y armonía espiritual, lo que evidencia su indiscutible falta de idoneidad para el cargo por mal desempeño demostrado”.
Incidentes
“Con sus actos, Emilio Aroldo Eduardo Castrillón viene demostrando sistemáticamente que carece del equilibrio espiritual indispensable que es exigible en los miembros del Poder Judicial en general, y muy especialmente en los integrantes del máximo tribunal, que está llamado a impartir justicia pero además, a ejercer la facultad de superintendencia, es decir, la facultad de revisar acciones de los tribunales inferiores y de, por supuesto, sancionar a quienes no desempeñan sus labores con idoneidad y probidad”, advierte Fiorotto, quien apela, como “ejemplo comparativo”, el proceso que se está llevando a cabo contra el juez de Paz de Gualeguay, Sebastián Salem, por violencia de género, “en una situación que si la comparásemos sólo superficialmente con los antecedentes de violencia del aquí denunciado, consideraríamos insignificante al lado de las enormes situaciones generadas por Castrillón en el curso de su vida laboral judicial”.
Los hechos de violencia detallados en la presentación siempre tienen como blanco personas con menor poder (mucho menor en la mayoría de los casos) que Castrillón. A la denuncia de Medina de Rizzo se enumeran hechos que protagonizó contra trabajadores judiciales, como el caso de una agente judicial hoy jerarquizada, quien “ha sufrido la prepotencia del Dr. Castrillón”.
“Fue víctima en reiteradas oportunidades de violencia física, mental y de amenazas” y por las que “intervino la Fiscalía de Género, ante la cual se hizo un relato por la mencionada, quien quedó en formular denuncia expresa, que al final nunca concretó, no es difícil imaginarse el por qué”. Debieron ordenar una custodia temporaria frente a su domicilio y la mujer recurrir a tratamiento psicológico.
Tras las denuncias cruzadas por los problemas, con Castrillón como protagonista, en pleno centro de La Paz, donde terminó denunciado y denunciando (...dijo que fue agredido...), la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial reclamó al STJER un llamado de atención hacia la conducta “reñida con el decoro y el equilibrio” pero ello no sucedió ( El STJ respondió al pedido...).
En cambio, Castrillón fue quien reprochó y hostigó a la jueza de Cámara Laboral María Gabriela López Arango, presidenta de la Asociación a través de mensajes de WhatsApp, “fuera de horarios de trabajo y lejos de su función jurisdiccional, desde su teléfono personal”, y que lo mismo ocurrió con la magistrada Andrea Morales, según la denuncia.
“Nuevamente Castrillón embistió contra dos mujeres, agradeciendo en tono irónico ‘el odio de la comisión’ y le endilgó a la Dra. Morales ‘ser la autora de su difamación’, lo que preocupó a ambas magistradas. Les provocó un estado de conmoción, advirtiendo en el caso de la Dra. Morales, que está desempeñándose como interina en una vocalía de Cámara Civil, que depende jerárquicamente de la Sala que integra el denunciado”, recalca Fiorotto. Y prosigue: “Este es un claro hecho que, entendemos, lo califica suficientemente como violencia de género ejercida desde su cargo de superioridad contra dos magistradas”.
También una funcionaria judicial padeció “episodios de maltrato” cuando fue asistente del vocal siendo éste titular del STJER denunciado. “Fueron reiterados, generándole gran sufrimiento y un pedido de intervención en la temática de violencia que resultó analizado por la Dirección de Gestión Humana del STJER, donde hubo testimoniales y hasta la determinación de que se hiciera un seguimiento por parte de un grupo de profesionales de la salud mental”, cuenta el periodista, y que, en una ocasión, el denunciado le arrojó, “en un día laboral de noviembre de 2019, un pote de ensalada de frutas, que terminó azotado en la pared de la oficina”.
“La mujer en esa oportunidad fue asistida por otros empleados judiciales, llevándola del lugar, habiendo presenciado la tensa situación y oído los gritos desaforados de Castrillón”.
En la presentación se relata que “Castrillón ha proferido en el ámbito laboral gritos injustificados a sus empleados, los ha humillado y sometido a situaciones denigrantes aprovechándose de su condición de jefe y superior jerárquico”.
“Las circunstancias vividas por los afectados están fuera de toda duda y discusión. Sucedieron tal como las relataré y han sido admitidas por su autor, el Vocal Castrillon. Nadie se disculpa de lo que no hizo”, destaca Fiorotto.
También que un empleado judicial de la Sala Civil del STJER, “en muchas oportunidades fue reprendido duramente por Castrillón pese a ser un excelente empleado, sin reproche alguno en su larga carrera judicial”.
Replicando lo publicado por Análisis, enuncia que una mañana el juez “ingresó raudamente a la oficina de despachos de la Sala Civil y Comercial del alto cuerpo y comenzó a increpar a los gritos a sus empleados, porque los oficios no estaban saliendo al ritmo que él pretendía. Y, fundamentalmente, lo responsabilizó a Mario Ramos, uno de los empleados históricos muy querido y preparado en lo suyo –pese a no ser abogado-, a quien todos consultaban en forma permanente. Ramos agachó la cabeza y recibió todos los cuestionamientos delante de sus compañeros y siguió trabajando. No habló más después de eso. Llegó la hora de irse, les dijo a varios que estaba dolido y afectado por la embestida de Castrillón y partió rumbo a su casa. A poco de llegar a su vivienda se descompuso y le dio un ACV. A los pocos días falleció”.
Asimismo, informó que en el marco de las elecciones PASO de 2015, el ex intendente de La Paz, José Nogueira, y su viceintendente, Carlos Bilbao, “recibieron más de 30 mensajes de texto de Castrillón”.
“Igualmente lo hizo el periodista Luis Garita, que trabajaba en la radio de propiedad del denunciado. Igualmente insultó por mensajes de texto a Carlos Miguel Barboza, dirigente de la zona, con catarata de mensajes reveladores de un descontrol inapropiado para su jerarquía, con términos que bien se describen en la nota de la revista Análisis que adjuntamos como una de las pruebas”, manifiesta Fiorotto, y que “siguió comportándose en ese año como un hombre vinculado a la política, decidiendo y digitando la integración de listas de su departamento, sin mesura alguna, sin las condiciones que básicamente se exigen a un miembro del Superior Tribunal”.
“Solo como ejemplo, uno de los mensajes del vocal del STJ, hecho desde su celular oficial, decía: ‘Metete la concejalía de mi hijo, vos y el puto de Nogueira, en el culo. Quete’ (18/6/15 a las 8 de la mañana)”, relata el periodista. Y que, “vinculado a estos mismos episodios en que Castrillón evidenció su descontrol, desmesura e intervención inapropiada en un proceso electoral, como si siguiera siendo un dirigente político, (...) empleado municipal del área de Obras Públicas de Municipalidad de La Paz, denunció por la red social Facebook que el vocal Castrillón se había presentado en su domicilio, a la vista de los vecinos, amenazándole con hacerles causa a él y todos sus compañeros de trabajo. Había un cartel colgado en las cercanías que decía barbaridades de los empleados municipales y en aquel episodio el mismo Castrillón le dijo que era de él, de su autoría”.
Más adelante denuncia la agresión a otro empleado judicial, en junio de 2019 y mientras Castrillón ejercía la Presidencia del STJ, “lo agredió violentamente intentando avanzar sobre él físicamente, lo cual motivó que el agente judicial radicara una denuncia en sede judicial, ante el Ministerio Fiscal, quien dispuso la Apertura de Causa, describiendo el hecho del siguiente modo: ‘las palabras intimidantes acompañadas por gestos intimidantes, que habría proferido Emilio Castrillón, quien gritaba: no me busqués, no me busqués... reiteradas veces”.
“La denuncia promovida por el empleado, culminó con un ‘pedido de disculpas al señor C. por el hecho denunciado, afirmando que no hubo ánimo de agravio personal, disculpas que son aceptadas por (el empleado)’”, y remarca “la enorme diferencia jerárquica entre ambos y su situación de subordinado”.
“Otro fue el caso de un secretario administrativo del STJ, “quien debió solicitar licencia por motivos psicológicos o psiquiátricos, luego de sufrir una agresión en el mes de diciembre de 2018, que tomó trascendencia dentro de Tribunales, conocida por múltiples personas, siendo ese maltrato de muchos niveles de agresividad, al punto de provocarle una situación de temor”.
Tras mencionar el incidente en la madrugada del día 28 de marzo de 2021 en un comercio de La Paz, donde ingresó “exhibiendo gritos, insultos y frases descalificantes y reveladoras de un enojo, ira y descontrol absolutamente inapropiados para la función que ejerce”, y que motivó “actuaciones judiciales penales con acusaciones recíprocas entre los dueños y empleados del quiosco y el mismo Castrillón”, destaca que sus “antecedentes del descontrol y falta de condiciones de equilibrio” lo grafican que tres empleados judiciales, dos hombres y una mujer, promovieron actuaciones por haber sufrido acoso laboral, hostigamiento, manipulación, y amenazas verbales y físicas”.
“Ello motivó de parte de uno de ellos una licencia psiquiátrica entre noviembre de 2018 y enero de 2020, retornando a su trabajo en febrero de 2020, después que Castrillón le pidiera disculpas personalmente”, abundó, y que los antecedentes que están documentados en el mismo STJER sobre lo sufrido por la mujer afectada, “forma parte de la específica atribución de mal desempeño por causal de violencia de género”.
Testigos
Entre las personas que el periodista pide que sean convocados para ofrecer sus testimoniales figuran las juezas López Arango y María Andrea Morales; todos los vocales del STJER; el procurador general de la provincia, Jorge Amílcar Luciano García (a) Coque (enemigo político de Castrillón), y su adjunta, Cecilia Goyeneche; Leandro Dato, fiscal coordinador de Género; y otros funcionarios y empleados judiciales, algunos de los cuales serían los que sufrieron los embates del Quete, además del ex intendente de La Paz, José Nogueira, y su vice, Carlos Bilbao.
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