Las ONG expresaron su preocupación por los retrocesos en la materia, criticaron la falta de controles y denunciaron como un ejemplo reiterado de estos episodios las pulverizaciones que sufren los pobladores de Colonia del Carmen, en cercanías de Villa Elisa.
En una carta abierta, distintas organizaciones sociales, gremiales y ambientales de Colón, expresaron a los representantes por el departamento en la Legislatura provincial su posición respecto al debate por la Ley de Agroquímicos, publicó ERA Verde.
En una misiva dirigida al senador departamental Mauricio Javier Santa Cruz (Creer – PJ) y el diputado Mariano Rebord (Creer – PJ), una decena de entidades colonenses sentaron su posicionamiento ante el debate en ciernes en la Legislatura entrerriana para tratar de elaborar una Ley de Agroquímicos.
Las organizaciones firmantes manifestaron la preocupación ante lo que consideran “un retroceso sobre los avances logrados respecto a la aplicación de sustancias de síntesis químicas sobre los campos entrerrianos para la producción agropecuaria. Las Exposiciones Públicas realizadas en la Cámara de Diputados de la Provincia sobre sus consecuencias, los diferentes fallos de la justicia, los avances en la legislación en algunas comunidades, señalan un camino sobre el cual resulta imprescindible continuar avanzando”, apuntaron.
Y en cuanto a las denominadas “buenas prácticas agropecuarias”, expresaron que “resultan un eufemismo pues, de haber sido ciertas y operativas, ya hace tiempo se hubieran aplicado, pero se observa con impotencia, cuando por ejemplo, en nuestro departamento una avioneta fumiga sin aviso, sin tener en cuenta las condiciones climáticas y sin respetar la normativa existente. También resultan impotentes vecinos de Colonia del Carmen cuando cotidianamente son fumigados”, denunciaron como caso paradigmático en el departamento Colón, así como “también las escuelas rurales que quedan expuestas a las aplicaciones, sin que se oficie protecciones efectivas, como ya es de público conocimiento”, afirmaron.
El grupo de ONG tampoco ahorró críticas a la “autoridad de aplicación provincial” que entienden “tiene nula función de contralor y tampoco es operativa en la recepción de denuncias; en general quedan archivadas en algún cajón. Cuando excepcionalmente los pobladores rurales llegan a fiscalía a denunciar, ahí se vuelve a trabar el proceso, atento al desconocimiento de la temática por los funcionarios judiciales y la inexistencia de recursos técnicos. Un ejemplo claro de la inexistencia de las buenas prácticas agrícolas y del fraude de la llamada ‘Mesa de BPA’, es simplemente analizar el grado de cumplimiento de la ley de Presupuestos Mínimos de bidones y su correspondiente ley provincial que no han tenido implementación alguna; atento a que siguen los bidones esparcidos por nuestros campos y contaminando nuestros cursos de agua, peor aún es el escenario, ya que es públicamente conocido que muchos de nuestros municipios entrerrianos están desbordados de bidones y han procedido a la incineración. ¿Quién explica esa cadena de irregularidades por parte del estado ausente y permisivo frente a las multinacionales de venta de insumos? Porque en este punto, la exigencia de su cumplimiento, en caso de que decidan realizarlo, no afecta los bolsillos de nuestros agricultores”, observaron.
Pueblos fumigados
En otra párrafo de la carta, las entidades se detuvieron especialmente en el caso de la docente rural Estela Lemes, que recientemente obtuvo un fallo judicial favorable ante el reclamo que la ART del Instituto Autárquico Provincial del Seguro para que cubra sus gastos médicos por estar expuestas a los pulverizaciones.
“Nuevamente la justicia de la Provincia de Entre Ríos confirma las patologías provenientes de las pulverizaciones. Volviendo a ratificar lo que desde otro sector del estado se pretende ignorar. Tenemos presente el dolor de las familias de Antonella, Fabián, Daniel, Leila, Pablo, Joan Franco, y tantos más anónimos, ocultados por quienes toman decisiones a favor de las fumigaciones. Hoy otro fallo, otra docente, Estela Lemes no se calló, como tampoco lo hacen muchos entrerrianos”.
En un llamado especial a los legisladores de Colón, llamaron a la reflexión y al compromiso con la comunidad para “poder resolver esta cuestión apelando a la protección de los pobladores que se han visto vulnerados frente a las actividades productivas que insisten en continuar con estas prácticas. Es conocida públicamente la lucha ardua y a su vez propositiva y constructiva de las comunidades de San José y Colón con respecto al mal uso de los agroquímicos; luchas que han tenido resultados virtuosos con la Ordenanza N° 19 / 2018 de la ciudad de San José y la realización de un Campamento Sanitario que ya tienen sus conclusiones, que se convertirá en un insumo estratégico para pensar políticas públicas en salud y en ambiente”.
Las organizaciones reconocen como relevante que los representantes legislativos puedan trasladar a ese ámbito “los conflictos y los pesares de sus pobladores” y “tengan la virtud de poder ser canalizadores de nuevas prácticas productivas y que puedan hacer las pertinentes observaciones ante el texto vago y regresivo que propone la provincia, y que viene impuesto y exigido por grupos corporativos que no representan al pueblo entrerriano, ni están pensando en satisfacer las necesidades básicas y darle una vida digna a la gente. Sería oportuno que soliciten las razones concretas de las 31 organizaciones que dicen haber trabajado y avalado el texto propuesto, y en que respaldo científico lo fundamentaron”, aludieron a los actores que el ministro de la Producción, Juan José Bahillo, dijo que participaron en la elaboración del borrador de la Ley de Agroquímicos.
“Los Invitamos a caminar hacia el desarrollo de una producción agrícola limpia”, invitaron finalmente los firmantes, Asamblea por el No a los Agrotóxicos en San José y Colon; Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) Colón; Fundación Arbolar; Reserva Educativa Los Teros, San José; UTT Delegación Colón; Asociación Hogar Rural Villa Elisa Camino a la Integración; Asamblea Ambiental Colon; Grupo Agroecológico Acomersano Colón; Centro Cultural La Botica; Red de Huertas Familiares de Villa Elisa-Ubajay- San José-Colon; Comisión Permanente de DDHH Colón; CTA de los Trabajadores Mesa Departamental Colón; Radio Comunitaria Sapukay; y Espacio Popular Colonense.
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