El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
La semana pasada el Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay aprobó por mayoría que la empresa YPF no pague las tasas municipales por sus instalaciones ubicadas en la zona portuaria, sobre la avenida Paysandú, tal como habían acordado con el Ejecutivo de la ciudad.
El caso se remonta al 2004, durante la gestión del entonces intendente y actual diputado provincial, Marcelo Bisogni, cuando los abogados de la Municipalidad – Jorge Satto y Marcelo Fernández Rousseaux- aconsejaron iniciar juicio contra YPF por el pago de Tasas Municipales.
La empresa llegó a abonar 1.887.000 pesos, pero luego de que el Superior Tribunal de Justicia les diera la razón a su apelación pidieron su devolución. Por eso firmaron el convenio con la Municipalidad. Pero el pago por capital reclamado asciende a trece millones de pesos que se abonará mediante compensación por la explotación que tiene la empresa en la ciudad.
HIPOTECAR EL FUTURO POR ERROR DE LOS ABOGADOS
Una de las pocas voces disidentes con la votación fue la concejala socialista Verónica Magni, quien se opuso al acuerdo firmado por la Municipalidad e YFP porque considera que el Municipio hipoteca patrimonio comunal, renuncia al cobro de Tasas y utiliza dinero público para pagar el error de los abogados.
“Una vez más el Ejecutivo, esta vez encabezado por Carlos Schepens, decide hipotecar parte del patrimonio de la comunidad, ya que el acuerdo establece ceder de por vida a la empresa el uso y goce de cinco calles públicas como forma de saldar la deuda. No en vano el proyecto fue tratado apresuradamente, como lo hace este gobierno cuando esconde bajo la alfombra algún turbio accionar que encima pretende que avalemos”, expresó Magni.
“Como si esto fuera poco el acta firmada renuncia, para siempre, al cobro de la Tasa municipal ya que según el propio convenio, YPF no debe abonar tributo alguno por el uso, goce y explotación del mencionado predio” señaló la precandidata a Intendenta a este sitio digital. .
“No creemos que el pueblo tenga que pagar aquello que está en el bolsillo de los abogados, que son empleados municipales y cobran sueldos además de los honorarios. Ellos son responsables de haber insistido los juicios que hoy tienen este final”, sentenció la concejala.
La empresa reclama 1.887.000 pesos por pagos realizados a los abogados Jorge Satto y Marcelo Fernández Rousseaux. Precisamente, en un dictamen de agosto de 2004, “Satto aconsejaba el cobro de las Tasas de Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad a YPF por los períodos que iban del 6/2001 al 6/2004, por 4.386.662.27 pesos”, reseñó Magni.
MILETICH: “ESTAMOS FUNCIONANDO COMO UNA ESCRIBANÍA”
En consonancia con Magni, la concejala del Frente Entrerriano Federal, Mónica Miletich, aseguró a este medio que “luego de estudiar exhaustivamente el expediente este bloque decidió no acompañar este proyecto o acuerdo contractual. Entre otros puntos por creer que se le da a YPF demasiadas atribuciones y beneficios que no tienen el resto de los ciudadanos. También me niego a acompañar porque observo que la letra de dicho contrato es muy amplia dejando abierta a interpretaciones, como que se le da el predio con el uso de las calles públicas de por vida, tomándose atribuciones el Ejecutivo que le corresponden al Legislativo, ya que las excepciones a las reglas en este caso en particular, el Código de Ordenamiento Urbano (COU), según ley 10027, es de nuestra exclusiva competencia. Como le dije al Secretario de Gobierno, tengo la sensación de que estamos funcionando como una Escribanía, y que sólo requieren de este cuerpo legislativo la aprobación de un acuerdo que siquiera pudimos debatir o ser parte de la letra del mismo. No pudimos llegar al monto exacto que este Municipio recibe mensualmente de esta empresa, para saber de cuanto sería el monto menos del 25 por ciento propuesto que tendría injerencia directa en la coparticipación, o sea sería menor recaudación menor coparticipación” explicó la edila.
“También expresan la no modificación de la rezonificación industrial, que es erróneo ya que la misma es área portuaria y no industrial. Tal vez dicho error se debe a la premura con que realizaron el mismo. Por ello y en nuestra función como concejales representantes de nuestro pueblo, no podemos dar el aval a una transacción donde ni siquiera recibimos el material solicitado para ser estudiado en profundidad. Inclusive durante la sesión un concejal oficialista queriendo justificar lo injustificable subestimó nuestra inteligencia, dirigiéndose a las dos concejalas de la oposición diciendo que no interpretaríamos, y no tendríamos tiempo de leer dicho expediente que originó tal situación” contó indignada Miletich.
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