El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El juez federal Daniel Alonso ratificó su competencia para investigar la causa de los contratos truchos en la Legislatura y dejó trabado un conflicto con la justicia provincial que ahora deberá resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El juez federal Daniel Edgardo Alonso ratificó la competencia federal para investigar la causa por las contrataciones irregulares en la Legislatura de Entre Ríos y, de esta manera, trabó el conflicto con la justicia provincial, por lo que ahora el expediente será remitido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que resuelva el asunto, publicó Página Judicial.
“Habiendo la señora la jueza de garantías de Paraná (Marina Barbagelata) denegado la inhibición requerida, manteniendo de esta forma la procedencia del fuero ordinario y la competencia de la justicia de la provincia de Entre Ríos para seguir entendiendo en la causa (…) y, no reconociendo esta magistratura tal competencia y jurisdicción, corresponde hacer saber a la misma que se mantiene la competencia del juzgado federal con competencia electoral y que, en consecuencia, se elevarán las actuaciones a la Corte Suprema”, consignó Alonso en una brevísima resolución.
De esta forma, quedó trabado lo que se llama un conflicto positivo de competencia, es decir, dos jueces de distinta jurisdicción reclaman para sí la facultad de investigar la causa de corrupción más escandalosa de la historia entrerriana.
El planteo para que la causa pase a la justicia federal había sido efectuado por un grupo de abogados defensores que argumentan que la sustracción de 1.111.871.715 pesos a través de contratos truchos tenía como objetivo el financiamiento de campañas electorales de las agrupaciones políticas que participaron en comicios celebrados entre 2008 y 2018.
El juez Alonso, que interviene luego de que la Cámara Nacional Electoral apartara a Leandro Ríos, consideró que las pruebas aportadas por los defensores “sugiere, con elevado grado de probabilidad” que la sustracción de dineros públicos tenía como objetivo “la financiación de los partidos políticos en su intervención en diversas campañas” electorales. Ello a pesar de la opinión en contrario del fiscal Carlos García Escalada, que tuvo a la vista la misma documentación presentada por los representantes de varios acusados.
Los documentos en cuestión estaban contenidos en una caja que extrañamente apareció en la puerta del estudio de Milton Urrutia, un abogado que nada tenía que ver con la causa, en la que había “anotaciones manuales” realizadas por el tarjetero Hugo Mena, “donde se habría llevado una especie de rendición de aportes y destino de los mismos” con diferentes nombres de personas que retirarían el dinero para afrontar gastos de campañas.
El fallo se produjo luego de la maniobra política de fórum shopping revelada por Página Judicial, en la que Miguel Ángel Pichetto, de Juntos por el Cambio, y Leopoldo Moreau, por el Frente de Todos, operaran para correr al juez federal con competencia electoral Leandro Ríos y que la causa recayera en Daniel Alonso.
Con este intríngulis planteado, la resolución queda ahora en manos de los ministros Carlos Rosenkrantz, Elena Highton, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Mientras tanto, desde la Procuración General han dejado trascender que este conflicto de competencia no impedirá la remisión de la causa a juicio, como ya pidieron los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry. Pero el final se presume abierto…
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