El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, iniciará el 6 de septiembre el tercer juicio de la denominada causa de la “Noche del Mimeógrafo”, en la cual se investigan los secuestros y las torturas sufridas por un grupo de estudiantes secundarios de esa ciudad por repartir volantes contra la dictadura cívico militar.
Adelantaron las fechas porque estaba, en principio, previsto para el 15, 18 y 19 de octubre.
Los jueces Mariela Emilce Rojas, Lilia Graciela Carnero y Jorge Sebastián Gallino (Foto de portada), integrantes del Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, juzgarán entre el 6 y el 9 de septiembre a Luis Oscar Varela “El Cordobés”, y Jorge Alberto Rodríguez “El Manchado”, como integrantes del grupo de tareas que cometió estos delitos de lesa humanidad. El juez Gallino conformó el Tribunal que juzgó al Moscardón Verde el 22 de noviembre de 2019.
“Es muy importante para nosotros como víctimas llegar a esta instancia después de un proceso tan largo. Es reparador para el camino colectivo que iniciamos para encontrar justicia y que se sepa la verdad sobre la forma en la cual operó el terrorismo de Estado en Concepción del Uruguay”, señaló en diálogo con Télam César Román, denunciante en esta causa.
El 19 de julio de 1976, un grupo de alumnos que militaban en el Centro de Estudiantes de la Escuela Normal e integrantes de las agrupaciones políticas juveniles en esa ciudad fueron secuestrados por sus actividades políticas.
“No había en Concepción del Uruguay organizaciones armadas. Se vivía en los '70 un clima de debate político parecido al que se desarrolló en el país en la década siguiente. Lo más grave que habíamos hecho los que militábamos en el Centro fue protestar contra el golpe que derrocó a Salvador Allende en Chile, en septiembre de 1973”, repasó Román, quien actualmente vive en Mar del Plata, donde ejerce como catedrático de Historia en la Universidad Nacional de esa ciudad.
César Román aseguró que estaba más identificado con la izquierda -razón por la cual en 1975 aseguró haber sido expulsado del Colegio Urquiza- y que en el seno de la UES de Concepción del Uruguay se dio un debate sobre el apoyo que la agrupación peronista debía darle o no al gobierno de Isabel Perón, que comenzaba a verse jaqueado por las Fuerzas Armadas.
“Éramos dos grupos. Los estudiantes del secundario, identificados mayormente con la UES, y los más grandes, que eran militantes de juventudes políticas, fundamentalmente de la JP. Yo tenía 17 y si me tengo que definir en esos momentos en los cuales se forman las identidades, tengo que decir que era algo así como un trosko silvestre. Cuando vino el golpe del 24 de marzo, decidimos repudiarlo”, apuntó el querellante.
Román afirmó que en la casa de Darío Morend, que entonces tenía 24 años y era el responsable regional de la Juventud Peronista, había un mimeógrafo con el cual se confeccionaron volantes que repudiaban al gobierno militar y que se repartieron en la ciudad.
Un grupo de tareas de la Policía Federal secuestró a varios jóvenes y los trasladó al centro clandestino de detención ilegal que funcionaba en la sede que esa dependencia tenía en Concepción del Uruguay.
Además de Román y Morend, entre el grupo de jóvenes secuestrados estaban Horacio Valente, Carlos Martínez Paiva, Roque Minatta, Juan Carlos Romero y Juan Carlos Rodríguez, entre otros.
Durante un cautiverio que se prolongó por varios días, las víctimas sufrieron golpes, torturas con picanas que les dejaron secuelas y padecieron simulacros de fusilamientos.
Morend, Valente y Martínez Paiva fueron trasladados a la cárcel de Coronda, en Santa Fe, y recuperaron la libertad a fines de 1978, mientras que el resto quedó en una “libertad vigilada”, indicó la agencia Télam.
“Nos torturaron y al final se quedaron con el mimeógrafo. Mi viejo me llevó a Misiones y allá estuve hasta el Mundial 1978. Quedamos con mucho miedo. Darío (Morend) murió a los pocos años y el resto tardamos un tiempo en reencontrarnos y empezar a hablar de lo que nos pasó”, apuntó Román, quien denunció los hechos por primera vez en 1985 ante la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH).
Con la anulación de las leyes de impunidad de Punto Final y Obediencia Debida, sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y los indultos presidenciales de Carlos Menem, se abrió la posibilidad de hacer justicia.
Román, afincado en Mar del Plata, se presentó como denunciante en 2006, y el caso de la Noche del Mimeógrafo, fue analizado por primera vez en el juicio de la causa que se le siguió a Albano Harguindeguy -exministro de Interior de la dictadura- por hechos de represión ilegal que tuvieron lugar en Entre Ríos.
En ese juicio realizado en 2012 en Paraná fueron condenados por los hechos de la “Noche del Mimeógrafo” los policías Julio César Rodríguez y Francisco Crescento, a 15 y 10 años de prisión.
Cinco años después, el ex oficial Darío Mazzaferri recibió una condena de 20 años por el secuestro y las torturas padecidas por estos jóvenes uruguayenses.
Los jueces Mariela Emilce Rojas, Lilia Graciela Carnero y Jorge Sebastián Gallino (Foto de portada), integrantes del Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, juzgarán entre el 6 y el 9 de septiembre a Luis Oscar Varela “El Cordobés”, y Jorge Alberto Rodríguez “El Manchado”, como integrantes del grupo de tareas que cometió estos delitos de lesa humanidad.
“Ellos fueron nombrados por las víctimas en el juicio de Harguindeguy, y deberían haber sido condenados en esa oportunidad”, indicó a la agencia de noticias Télam el abogado Marcelo Boeykens, titular del Registro Único de la Verdad de Entre Ríos y representante de la querella que siguen las víctimas en este expediente.
El proceso tendrá una modalidad semipresencial, y los acusados podrán asistir a las audiencias a través de dispositivos electrónicos, según confirmaron fuentes judiciales.
“Es el segundo juicio de lesa humanidad que se hará en Concepción del Uruguay (el primero se hizo en 2019 en la causa PC), y es importante que estos procesos se lleven a cabo en los lugares donde se cometieron los crímenes para que se sepa la verdad sobre el terrorismo de Estado en esas poblaciones”, indicó a Télam la abogada de la Secretaría de Derechos Humanos Lucía Tejera, que representa al Estado nacional y que el año pasado se presentó como querellante en esta causa.
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