El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Por estas horas se decidió la apertura de un jury de enjuiciamiento a la procuradora adjunta y actual fiscal Anticorrupción del Poder Judicial, Cecilia Goyeneche. No es un hecho menor. Hablamos de la persona que más ha combatido la corrupción en Entre Ríos en los últimos años, a quien se busca desplazar para que no pueda concretar su alegato acusatorio contra Sergio Urribarri, sus exfuncionarios y familiares allegados, todos ellos denunciados por graves delitos de corrupción. Ese es el objetivo, aunque nadie lo quiera reconocer.
Por DANIEL ENZ (*)
La fiscal Anticorrupción cometió un error y se apartó de la causa Contratos, reconociendo esa falencia, que al lado del desfalco cometido por los ejecutores de ese plan es lo más parecido a una gota en el desierto, respecto del agravante y el desquicio con el que se saqueó esta provincia.
El Plan Goyeneche -porque siempre se le apuntó a la cabeza a la procuradora adjunta y por las dudas se anexó la figura del procurador Jorge García- estuvo perfectamente ideado por abogados y conocidos estudios jurídicos de Paraná, con el asesoramiento también de letrados de Capital Federal, que vienen trabajando en conjunto con los defensores de Urribarri y que, casualmente, son parte de la estrategia defensiva de encumbrados hombres del kirchnerismo denunciados también por delitos de corrupción en los últimos 10 o 15 años.
Nada es casual. Todo fue planeado en detalle, como en un juego de rompecabezas. Con algunos que se prestaron a ese juego, quizás por cierto protagonismo o vedettismo; otros, fueron partícipes necesarios, claves, pero sin aparecer en la escena, como muchas veces suele suceder en estos casos. Son los típicos autores intelectuales de un proceso, donde se necesita de quienes piensen, como así también de aquellos que operan sigilosamente y los que ejecutan el plan maquiavélico.
La orden es concreta: se metieron con los contratos de la política, denunciaron al embajador y a sus familiares directos, lo pusieron al descubierto de sus maniobras corruptas, por ende tiene que haber venganza, más destitución y ostracismo. El castigo siempre debe ser certero; inapelable, como revancha del poder; dejar sin aliento a la fiscal investigadora o a una jueza de Garantías y enviar un claro mensaje a quienes puedan seguir ese camino de la verdad, por la transparencia y contra la corrupción.
Ese mensaje es el de generar miedo en fiscales, jueces y funcionarios judiciales; para avanzar contra los poderosos y consolidar la instalación de la impunidad en Entre Ríos, por más que lo quieran disfrazar de otra cosa. Y dejar asentado, con el aval de legisladores, funcionarios y magistrados cómplices que jamás se ocuparon por combatir la corrupción y en todo caso fueron parte de ese mismo juego, que de aquí en más nada pueda seguir por ese camino de la necesidad de mayor transparencia y de que paguen los culpables que quebraron a esta provincia. Quizás, porque le deben demasiado a esos personajes corruptos; quizás, porque los premios son grandes y en tiempos de crisis más se valoran.
Acá existió y existe aún, en diversos sectores del Estado provincial, una matriz corrupta, que solamente a unos pocos les conviene desterrar. Han desviado demasiado dinero en estos últimos 15 años y nadie tiene por qué saber en qué se gastó y menos aún en qué se invirtió ese dinero mal habido, que muchos transformaron en propiedades fastuosas, cuentas en el exterior, o inversiones inmobiliarias en el país o en países vecinos, por lo general a nombre de testaferros o detrás de sociedades desconocidas, que cobran por ese servicio. Hubo festivales de contratos para propios y extraños, que se siguieron renovando con otros nombres. Pero la cadena nunca se cortó y siguió funcionando de modo aceitado, como un reloj suizo.
Los abogados cómplices y en especial los funcionarios judiciales de esta historia -algunos de ellos participaron directamente en esquemas de corrupción y algún otro cajoneó expedientes para apostar a la prescripción de una causa millonaria en otro Senado de la década del ‘90- fueron y son funcionales a este sistema corrupto. Trataron de desquitarse de viejas reyertas y apostaron al quiebre de una persona que se plantó en serio contra el poder corrupto o de una jueza de Garantías que solo cumple con su rol, con decisiones que siempre la caracterizaron. Esa misma jueza, Marina Barbagelata, es la que defendió a capa y espada a expresos políticos peronistas de Entre Ríos, poniendo el corazón y el cuerpo contra los militares y policías que secuestraron, torturaron y asesinaron en la última dictadura. Pero quizás a ninguno de los letrados, que aprendieron a cantar la marchita, les importe o preocupe.
A ambas mujeres de la Justicia (sí, son dos mujeres, a las que parece no les comprenden cuestiones de género ni el feminismo declamado), que siempre demostraron su valor y frontalidad, su compromiso permanente, les está costando que esos mismos corruptos, que algunos de esos defensores de estos corruptos, celebren con bombos y platillos el enjuiciamiento de esa persona que tuvo la osadía de investigarlos, para enjuiciarlos y condenarlos o de la jueza que no hizo lugar a los aprietes judiciales de escalones superiores. O de algún abogado que retornó a la provincia y solamente puede demostrar haber sido funcionario de tercera línea de la última gestión de Sergio Varisco o haber defendido -entre tantos letrados- a uno de los personajes emblemáticos de la corrupción K.
Es patético ver celebrar a esos defensores de corruptos la posible caída de alguien que no se quebró ante la embestida de sus jefes políticos y disfrutar con ironías, discursos desaforados y hasta situaciones de falta de respeto nunca vistas en audiencias judiciales, en estos últimos 40 años. Pagó su error, apartándose de la principal causa de corrupción de la historia de Entre Ríos, pero no les alcanzó. Siempre quieren más; pretenden venganza y un lugar preponderante en esa estructura de poder de la justicia.
Obviamente, todo esto ocurre frente a una sociedad sumisa, carente de reacción, que si bien participa de la selección de jueces, observa en silencio cómo el sistema político oficial los tritura. Y una oposición que ha mantenido la boca cerrada todo el tiempo, salvo honrosas excepciones.
Pero se debe saber también que hay una ciudadanía que les dijo basta a estas patoteadas. Lo remarcaron en las urnas hace escasos días, en casi todo el territorio provincial. Fue un llamado de atención; una advertencia de lo que no se quiere para esta sociedad. Si estos mismos personajes no lo quieren ver, porque son ciegos, sordos, pero no mudos, por marcada conveniencia, allá ellos. Acá estamos para decir cosas, no mirar para otro lado ni se hará silencio.
La cuestión de fondo es quién o quiénes se animarán a denunciar o investigar la corrupción en nuestra provincia, si se pierde esta batalla. Porque si ello ocurre, será el triunfo del miedo y la impunidad. Y después será tarde para lágrimas y reproches de café.
(*) Consignado en el programa Cuestión de fondo, de Canal 9 Litoral.
Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectoresSumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo.
|
