El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
La adecuación de la legislación provincial para prevenir casos de violencia de género sigue siendo materia pendiente en Entre Ríos. A comienzos de año el Ejecutivo presentó el Régimen de Protección, Asistencia y Prevención de la Violencia por Razones de Género y fue aprobado por el Senado, pero -concluido el período de sesiones ordinarias en Diputados- su tratamiento sigue pendiente en la Cámara baja.
Concluye el año sin que la Legislatura haya podido sancionar el nuevo régimen normativo que apunta a la protección, la asistencia y la prevención de casos de violencia de género.
Se trata de un proyecto del Poder Ejecutivo que fue girado a la Legislatura en diciembre de 2020, fue presentado públicamente en febrero de este año por la vicegobernadora Laura Stratta y aprobado por unanimidad por la Cámara de Senadores el 6 de octubre pasado. Desde el 14 de ese mismo mes la iniciativa se encuentra en la Banca de las Mujeres, Géneros y Diversidades de la Cámara de Diputados, pero todavía no fue tratado en ese espacio.
La iniciativa fue elaborada en el marco de una serie de debates que se dieron en la Red para la Igualdad, un espacio de encuentro para el intercambio y la formación en perspectiva de género.
Si bien fue un espacio que surgió para trabajar la Ley de Paridad Integral, luego fueron apareciendo otros desafíos que forman pate de la agenda integral de género. Uno de ellos tiene que ver con la necesidad de revisar y perfeccionar las prácticas, las herramientas y la legislación que tiene la provincia para poder abordar y prevenir los casos de violencia de género.
Fue un feminicidio, el de Fátima Acevedo, el disparador que desnudó la negligencia del Estado entrerriano en materia de violencia de género. La joven de 25 años fue asesinada en Paraná por su ex pareja en marzo de 2020. Fue un caso emblemático porque la viralización de una serie de audios enviados por la propia víctima, pusieron en evidencia la falla de los distintos resortes del Estado. Estaba en un refugio y había realizado múltiples denuncias, su asesino nunca fue detenido y no funcionaron ninguno de los dispositivos que hubiesen evitado su muerte.
El feminicidio se constituyó en una fuerte interpelación hacia los tres Poderes del Estado y fue en ese marco que desde algunas esferas de poder se comenzó a debatir sobre la necesidad de empezar a mover fichas y modificar la legislación para tratar de llegar a tiempo y salvar vidas.
El comienzo del camino
APF consultó a la titular del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos de la Vicegobernación, Sigrid Kunath sobre las implicancias concretas que el proyecto tendría sobre la situación de las mujeres víctimas de violencia.
En primer lugar, reconoció que el feminicidio de Fátima Acevedo constituyó una fuerte interpelación y destacó que el Ejecutivo tomó la decisión política de asumirla como tal y actuar en consecuencia.
Primero se avanzó en la conformación de un equipo impulsado desde la Vicegobernación para comenzar a delinear estrategias que redunden en soluciones concretas: lo integraron Kunath junto a los abogados Gonzalo García Garro y Sofía Uranga, con la colaboraron de las funcionarias del Ejecutivo Mariana Broggi (Secretaria de Mujeres, Género y Diversidad) y Valeria Migueles (Subsecretaria de la Mujer).
Al hacer un repaso del proceso que derivó en la presentación de este Régimen, Kunath indicó que en una primera instancia la idea era reglamentar la Ley N° 10.058 (de adhesión de la Ley Nacional Nº 26.485 de Protección Integral a las Mujeres) y avanzar en una regulación procedimental propia, pero después se fue delineando la idea de hacer una nueva ley.
El propósito era revisar la legislación y, a la vez, recoger las experiencias de quienes están en la primera línea de fuego. Fue por eso que se convocó a funcionarias del Ejecutivo y se diagramó un trabajo con las representantes de las áreas de la mujer de toda la provincia con la intención de “recoger las experiencias de quienes trabajan en territorio y están cerca de las situaciones de mujeres que son víctimas de violencia”.
“Fue así que se generaron distintas instancias de trabajo: la primera contó con la presencia de Dora Barrancos y de referentes de las áreas mujer de toda la provincia. Luego se trabajó con comunicadoras y comunicadores, con organizaciones de la sociedad civil y, paralelamente, se hacían reuniones con distintos especialistas para nutrir el trabajo”, sostuvo Sigrid Kunath.
También se contó con la participación de integrantes del Superior Tribunal de Justicia, del Ministerio Público fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.
“Todo este proceso fue presentado en las reuniones de comisión del Senado para que se pueda avanzar con la aprobación del proyecto”.
¿De qué se trata el proyecto?
“Una de las cuestiones que plantea el proyecto de ley es establecer un cúmulo de medidas protectorias y urgentes de distinta índole que el eventual juez o jueza podría tomar ante una causa sobre violencia de género”, indicó Sigrid Kunath.
El proyecto propone desde sanciones ante el incumplimiento de medidas hasta la delimitación de las competencias específicas en función del ámbito en el que sucede un hecho de violencia. También da cuenta de los mecanismos tecnológicos para afianzar las medidas de prevención, dispone la necesidad de entablar una atención personalizada a las víctimas y generar un lenguaje que sea accesible a todas las víctimas, entre otras cuestiones.
“Además plantea el tema de la interseccionalidad”, informó Kunath, y precisó: “En el comienzo del texto del proyecto de ley aparecen ciertos principios bajo los cuales debe ser interpretada la normativa. Hay una mirada que entiende que no está en igual de condiciones una mujer que vive en el centro de Paraná que una que vive en la zona rural de Federal o de Villa Paranacito. También aborda la situación de las mujeres víctimas de violencia que -además- son discapacitadas, tienen problemas de salud mental, son adultas mayores o pertenecen al colectivo LGBTQ+”.
La iniciativa además establece la conformación de consejos locales para que den una dimensión real del contexto de cada zona de la provincia: “Pensamos en comunas, juntas de gobierno o zonas rurales donde los dispositivos y las instituciones de contención terminan siendo la sala de primeros auxilios, la escuela o la comisaria. La idea es organizar el abordaje de situaciones de violencia en función de la idiosincrasia y los dispositivos con los que cuente cada lugar”, manifestó la titular del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos de la Vicegobernación.
A modo de ejemplo, sostuvo que “muchas veces una comunidad pertenece a determinado departamento, pero está más cerca de la cabecera departamental de otro. Entonces es necesario que se dé una organización apropiada en función de las características de cada zona”.
En definitiva, el objetivo del proyecto está implícito en su nombre: Régimen de Protección, Asistencia y Prevención de la Violencia por Razones de Género y cada uno de las palabras que lo componen implica nada más y nada menos que la posibilidad de evitar la muerte de una mujer a causa de la violencia de género.
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