El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) escribió una carta abierta al presidente Alberto Fernández. Le recuerdan que megaminería, fracking y agronegocio, entre otras actividades, violan los derechos humanos. Le solicita que tome medidas para desalentar acciones que perpetúen una matriz económica y productiva “insostenible y extractivista”.
La recuperación de la democracia en nuestro país, tras la oscura y violenta dictadura cívico-militar que se apropió del Gobierno, de los cuerpos y de los derechos entre 1976-1983, fue y sigue siendo posible gracias a la revisión de los asesinatos, de las desapariciones, de los abusos y de las políticas implementadas en todos y cada uno de los ámbitos sociales tanto en su dimensión cultural, económica, política y jurídica.
El impacto de la dictadura ha sido devastador para la historia y el desarrollo de nuestro pueblo. Lo demuestran a diario las acciones y discursos de los grupos conservadores que detentan el poder económico y mediático. Con mucho trabajo y muchas dificultades, cuatro décadas después seguimos avanzando con los juicios y condenas a represores y acompañando la incansable búsqueda de Madres, Abuelas, nietos y nietas.
El “Nunca más” se ha cargado de sentidos en las luchas por Memoria, Verdad y Justicia en Argentina. Nunca más dictadura, Nunca más genocidios, Nunca más desapariciones, Nunca más un Estado al servicio de los intereses del poder concentrado.
Somos conscientes de que la sola declamación del Nunca más no nos garantiza per sé un Nunca más real. Por el contrario, nos exige acción permanente en custodia de los derechos y garantías de todas y todos, en todos los aspectos, dimensiones y territorios donde debe garantizarse la vigencia efectiva de los derechos humanos vinculados a la protección ambiental.
En tal sentido, la Comisión de Ambiente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos está abocada a visibilizar las atroces consecuencias del modelo económico extractivista, impuesto en nuestro país como consecuencia del endeudamiento y los compromisos asumidos por el gobierno de facto, y que encontraron su marco legal en la década de los 90, de la mano de los mismos nombres y apellidos que diseñaron las políticas económicas durante la dictadura.
Desde entonces, aún en las décadas posteriores a la dictadura distintas expresiones del extractivismo económico se han instalado en nuestros territorios, y se expanden a costa de la salud, del agua y empobrecimiento de las poblaciones locales constituyendo así una flagrante y permanente violación a los Derechos Humanos que debe cesar en forma inmediata.
Por lo tanto, exhortamos e instamos al Poder Ejecutivo Nacional y sus dependencias administrativas a que:
- Arbitren medidas urgentes e instrumentos legales eficaces para desalentar el avance de toda acción que conlleve la habilitación de actividades antrópicas que perpetúen la matriz económica y productiva insostenible y extractivista.
- Consideren que la continuidad de todo paradigma de desarrollo insostenible puede pivotear en torno de un modelo de desarrollo que habilita a la réplica temporal y espacial de acciones con potencialidad de destrucción masiva y de provocar daños irreparables para la sociedad y la biodiversidad presente en los ecosistemas naturales argentinos, e integrantes de eco regiones a escala planetaria.
- Anticipen las consecuencias del modelo actual vigente mediante acciones de mitigación y adaptación eficaces. Para evitar la continuidad de ese modelo de matriz destructiva, alentando el recambio tecnológico necesario para un desarrollo sostenible que pueda revertir la devastación, tragedia de la perdida de bienes naturales y especies irrecuperables para garantizar el equilibrio de los ecosistemas naturales.
- Se arbitren medidas con control y participación ciudadana e intervención del Poder Jurisdiccional a fin de asegurar la vigencia efectiva de todas las leyes de presupuesto mínimos y el cumplimiento de aquellas por las jurisdicciones provinciales.
- Asimismo se inste el urgente tratamiento de todos los proyectos de leyes de presupuesto mínimos en curso parlamentario.
Desde la Comisión de Ambiente de la APDH nos hemos propuesto promover la salud de las poblaciones y el resguardo de los bienes comunes. Y exigimos que todas y todos los habitantes de nuestro país tengan acceso a los bienes comunes y puedan ejercer sus derechos en forma plena, que no sean los sectores de poder concentrado y las transnacionales extractivistas quienes decidan nuestra vida y nuestra muerte, que logremos una real y equitativa distribución de la riqueza, lo que bajo ningún punto de vista podrá lograrse a través del agronegocio, la megaminería o las megafactorías ni sometiendo a los territorios a los designios del mercado.
Instamos entonces al inmediato cumplimiento del Acuerdo Escazú, Acuerdo Regional Sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, celebrado en la Ciudad de Escazú (República de Costa Rica, aprobado por Ley 27566), la sanción de la Ley de Humedales, la derogación de la Ley de Inversiones Mineras.
En su momento y en gran medida, el Informe de la Conadep ha sido una herramienta que puso en blanco sobre negro las aberraciones dictatoriales y habilitó el reconocimiento del genocidio y las acciones a seguir. Entendemos necesario, haciendo un paralelo con ese Informe, poner a disposición del presidente Alberto Fernández una serie de trabajos producidos por organizaciones y militantes ambientales, entre quienes figuran reconocidas instituciones, científicxs e investigadores, que dan cuenta de nuestras afirmaciones.
Resulta crucial y categórico comprender que el modelo extractivo es, inevitablemente, un modelo que se sostiene en mecanismos delictivos en términos ambientales: daña la salud de las poblaciones, daña los bienes comunes, daña las relaciones sociales, genera desigualdad económica y favorece la concentración de la riqueza. En síntesis, hablamos de ecocidio, de un modelo que se sustenta a sí mismo en base a la destrucción de los territorios, sin principios humanistas, y que atenta contra la vida con el objeto de transferir riqueza a los países desarrollados.
Finalmente, señor Presidente, agradecemos su atención y esperamos una respuesta acorde a los principios democráticos que supimos conseguir. Lo saludamos con nuestro mayor respeto y con la firme expectativa de que se revisen las políticas públicas en temas ambientales en concordancia con lo que reclamamos los colectivos que desde hace tiempo trabajamos en estas problemáticas. Decimos firmemente Nunca Más una víctima de ecocidio.
Comisión de Ambiente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
(*) Artículo publicado en la Agencia de Noticias "Tierra viva"
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