El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
La de este lunes 7 de febrero será la jornada de cierre de testimonios en el megajuicio que sentó en el banquillo de los acusados al ex gobernador de Entre Ríos y actual embajador argentino en Israel, Sergio Daniel Urribarri.
Vía zoom, declarará como imputado Urribarri y también su cuñado, el funcionario de la Cámara de Senadores Juan Pablo Aguilera. El martes 1° declararon Luciana Almada, esposa de Aguilera; su hermano, Alejandro Almada; y el empresario Maximiliano Sena.
El martes 8 el megajuicio continuará con un trámite burocrático que llevará su tiempo: el ofrecimiento de las pruebas de cada una de las partes ante el tribunal que conforman los jueces José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón, y que llevan adelante las audiencias desde el lunes 27 de septiembre. El jueves 10 también habrá una jornada preparatoria, y se aguarda que los alegatos de clausura de los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull arranquen el Día de San Valentín, el lunes 14 y se extenderían martes 15 y probablemente jueves 17.
Concluidos los alegatos de la acusación, seguirán los alegatos de clausura de los defensores, Raúl Barrandeguy, Marcos Rodríguez Allende, Miguel Cullen, Emilio Fouces, José Velázquez, entre otros. Pero sus alegatos no serán inmediatos a los de Fiscalía porque hay una semana sin actividad en el megajuicio, del lunes 21 al viernes 25. Luego, el lunes 28 de febrero y martes 1° de marzo es feriado de carnaval, por lo cual las defensas tomarán la semana del lunes 7 de marzo, martes 8 y jueves 10. De todos modos, ese esquema no está del todo cerrado porque esa semana el salón de actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ), donde se desarrollan las audiencias del megajuicio, estará ocupado por otro debate, publicó el portal Entre Ríos Ahora.
El secretario del tribunal que juzga el megauicio, Leandro Luis Fermin Bilbao, procura reordenar la agenda y evitar suspensión y que los defensores puedan alegar a partir del lunes 7 de marzo.
Por qué el megajuicio
El ex gobernador Urribarri seguirá este lunes, como desde el 27 de septiembre, vía remota el megajuicio.
Junto al extitular del Ejecutivo son juzgados el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez; el exministro de Turismo, Hugo Marsó; el ex responsable de la Unidad Operativa Mercosur, Gustavo Tórtul; también se juzgó a Félix Céspedes, de la Unidad Operativa Mercosur, que falleció el sábado 9 de octubre, mientras se tramitaba el proceso; el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera; el cuñado de Aguilera, Alejandro Almada; su hermana y esposa de Aguilera, Luciana Almada; el empresario que montó en 2015 el parador playero en Mar del Plata, que le costó $14 millones a la Provincia, Gerardo Caruso; los empresarios de las firmas Tep SRL y Next SRL, que se adjudican a Aguilera, Emiliano Giacopuzzi y Maximiliano Sena; la contadora de las empresas de Aguilera, Corina Cargnel; y el funcionario Gustavo Tamay, cuyas certificaciones cuestionadas de las publicidades en vía pública llevaron a que una de las grandes causas que conforman el megajuicio que se denominada con un nombre hilarante: la “causa de la vaca”.
La investigación penal es conocida en Tribunales con un nombre hilarante: “La causa de la vaca”. Y tiene que ver con una de las tantas irregularidades que advirtieron los fiscales conforme avanzaban con la investigación: que la justificación de las publicidades en cartelería de vía pública para autorizar el pago, se hacía utilizando una misma foto. El modo de comprobar si la misma vaca estaba en diferentes fotografías –como prueba del trabajo contratado– fue mediante pericias. La tarea fue puesta en manos de los peritos Carlos Orzuza y Juan Federico Rossi, de la Oficina Pericial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que concluyeron su trabajo con un dato contundente: efectivamente, la misma vaca en distintos carteles. Pero más: se utilizaron fotografías truchas –retocadas, con algo de photoshop– con lo cual el engaño quedó en evidencia, destacó el portal Entre Ríos Ahora.
El volumen de las contrataciones entre 2010 y 2015 fue de $24 millones, de los cuales $12 millones se habrían pagado de modo fraudulento, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal. Los contratos se manejaban desde las empresas de Aguilera, Tep SRL y Next SRL, y en esas maniobras, los publicistas José María Bustamante y Hugo Montañana aceptaban las reglas de juego que les imponen: pagar “coimas” para conseguir contratos de publicidad.
La causa está caratulada “Urribarri Sergio D., Báez Pedro A., Aguilera Juan P, Cargnel Corina E., Bustamante Jesús J.M., Montañana Hugo E., Tamay Gustavo R., Almada Luciana B., Giacopuzzi Emiliano O., Almada Alejandro S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”. El 5 de julio de 2018, el juez de Garantías José Eduardo Ruhl remitió a juicio oral la causa que, desde entonces, estuvo dando vueltas en Tribunales, hasta que llegó a la estapa que se inicia este lunes.
Bustamante logró zafar del juicio. En mayo de 2018, la Justicia lo condenó a dos años y ocho meses de prisión condicional. Bustamente estaba acusado del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la Administración Pública.
Bustamante aceptó el rol de arrepentido y admitió haber estafado al fisco mediante un sistema de contratos de publicidad en vía pública de la que tomaron parte las firmas Tep SRL y Next SRL, ambas que se adjudican al cuñado Aguilera, y Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay. El empresario dijo haber formado parte de una organización en la que se aseguraba contratos de publicidad del Estado a cambio de pagar “retornos” a Aguilera. El perjuicio al Estado que produjo Bustamante con esas maniobras ronda los $3 millones, aunque en forma global la estafa es del orden de los $12 millones.
En la causa, además de Urribarri y Báez, también están imputados Juan Pablo Aguilera- cuñado del exgobernador-, a quien la Fiscalía adjudica las empresas Tep SRL y Next SRL; y quienes aparecen como socios de esas firmas, Luciana Belén Almada –pareja de Aguilera-, su hermano Alejandro Luis José Almada –cuñado de Aguilera-, Maximiliano Romeo Sena, Emiliano Oscar Giacopuzzi; y la contadora de las firmas, contadora Corina Elizabeth Cargnel.
Además, están acusados el empresario Hugo Fernando Montañana y Gustavo Rubén Tamay, responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública del ministerio de Cultura y Comunicación.
La Fiscalía adelantó los pedidos de pena para los acusados: para Urribarri, Báez y Aguilera, ocho años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos; seis años de prisión e inhabilitación para Tamay; seis años de prisión para Cargnel y Montañana; y cuatro años de cárcel para los hermanos Almada, Giacopuzzi y Sena.
Asimismo, para cada imputado se solicita la pena de multa de $90 mil. En tanto, también solicitarán el decomiso de bienes de la empresa Tep SRL. Un inmueble ubicado en calle Racedo 413, en Paraná; otro en la misma calle pero al 409; una moto 268IGE, marca Zanella; y dos vehículos, uno marca Ford y otro Citroen, este último modelo Berlingo Furgón 1.6 HDI Business.
Para el juicio se llamará a declarar a 13 empleados de las empresas, 9 del Ministerio de Comunicación y Cultura; y otros testigos, como el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; el vocal del Tribunal de Cuentas, José Luis Gea Sánchez; Pedro González Solano, Director de la Unidad Central de Contrataciones; Aurelio Miraglio, Contador General de la Provincia; y Walter Carballo, actual juez de Garantías de La Paz, pero que en tiempos de Báez fue Director Jurídico del ministerio de Cultura y Comunicación; Edgardo Kueider, Secretario General de la Gobernación; Maricel Brusco, Secretaria de Comunicación del Gobierno; Hugo Ballay, ex jefe de Gabinete de Entre Ríos, y actual ministro de Economía; además de otros funcionarios del Estado y empresarios del ámbito de la publicidad.
Sueño Entrerriano
El 30 de septiembre de 2019, el juez de Garantías Ricardo Bonazzola remitió a juicio oral la causa del Sueño Entrerriano -así llamó el exgobernador Sergio Urribarri su aspiración de convertirse en sucesor en la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, sueño luego truncado: la candidatura quedó para Daniel Scioli, que terminaría perdiendo frente a Mauricio Macri-, que incluye tres investigaciones agrupadas: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; y la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones. La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo slogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano”.
Los delitos que se le imputan a Urribarri y Báez son negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado. En tanto, a los demás acusados se les reprocha los mismos delitos, pero en grado de partícipes primarios, publicó el portal Entre Ríos Ahora.
Además de Urribarri y Báez, en la megacausa del “Sueño Entrerriano” también están acusados Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri y secretario del bloque de senadores del PJ; Hugo Félix Céspedes, que fue coordinador de la Unidad Operativa Mercosur; Gustavo Javier Tortul, que fue coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur; el ex ministro de Turismo, Hugo José María Marsó; el titular de la firma “El Juego en que Andamos” y exdirector de Contenidos del Fútbol para Todos, Gerardo Daniel Caruso; y la contadora Corina Elizabeth Cargnel, vinculada a las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera.
En cuanto a la pena, la Fiscalía pedirá 9 años de prisión para Urribarri e inhabilitación absoluta perpetua; a Báez, 8 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua; a Gustavo Tórtul, 4 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua; a Hugo Céspedes, 4 años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua; a Juan Pablo Aguilera, 8 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua; a Corina Cargnel, 6 años de prisión e inhabilitación especial; a Hugo Marsó, 4 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua; a Gerardo Caruso, 4 años de prisión. Asimismo, para cada uno de los imputados se solicitó la pena de multa de $90.000.
De todos ellos, ya logró zafar Jorge «Corcho» Rodríguez. El 14 de diciembre de 2018, la jueza de Garantías Eliza Zilly refrendó un acuerdo que consiguieron sus abogados, Julio Federik y Leopoldo Lambruschini, con el Ministerio Público Fiscal, para acceder a la suspensión del juicio a prueba por el término de un año, el pago de una indemnización al Estado entrerriano de $150 mil en cuotas, durante un año, y la realización de campañas de difusión en beneficio del comedor Los Piletones, de Margarita Barrientos. Esa promoción será a modo de canje: lo hizo a través de la cuenta de Instagram de la conductora Verónica Lozano, su pareja, y también en el programa Cortá por Lozano, que se emite por Telefé.
Publicidad "direccionada"
El 5 de octubre de 2018, el ya jubilado juez de Transición Nº 2 Gustavo Maldonado elevó a juicio una causa que investigó la existencia de publicidad oficial direccionada en beneficio del empresario Germán Buffa.
Se trató de una “contratación directa” concretada por el ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, para publicar la solicitada “Acuerdo de compromiso para la reafirmación democrática argentina”, y que apareció, entre otros, en los diarios Página 12, Tiempo Argentino y La Nación. El monto está contenido en el texto del decreto N° 2.940, firmado por el ministro Báez el 5 de septiembre pasado, y publicado el martes 16 del actual en el Boletín Oficial.
En el expediente, se le atribuye a Urribarri, que siendo gobernador, y Báez, como Director General de Información Pública del Gobierno, en fecha 1º de julio de 2011 “direccionaron hacia la firma Global Means SA, la orden de publicidad Nº 2038, por medio de la cual se contrató vía directa, los avisos titulados ‘Avisos 1: Entre Ríos Exporta’ y ‘Aviso 2: Entre Ríos invita’, a publicar en las ediciones Nº 91 y 92 del periódico Diario Agroempresario, correspondiente a los meses de agosto y septiembre del año 2011, por el precio total de $118 mil, aprobada mediante decreto Nª 1057 de fecha 18/04/2012”.
“Dicho direccionamiento arbitrario se produjo de común acuerdo y connivencia previa con el Sr. Germán Esteban Buffa, presidente de la firma Global Means SA, sorteando los mecanismos legales para garantizar la libre competencia de oferentes del Estado, sin observar la normativa vigente (Ley Nª 5140, decretos reglamentarios y Constitución Provincial), contratando los funcionarios referidos una empresa que al momento de emitirse la orden de publicidad no existía legalmente, ni cumplía con los requisitos para estarlo”, agrega la acusación.
Buffa fundó la empresa Global Means SA junto a Leonardo Víctor Poma. El acta de constitución de esa empresa está fechada el 15 de agosto de 2011. Pero, extrañamente, un mes antes la firma ya operaba como proveedora del Estado entrerriano. La orden de publicidad que le pagó la administración Urribarri/Báez está fechada el 1° de julio de 2011; Global Means SA presenta presupuesto recién el 15 de julio de 2011, y la sociedad se constituiría el 15 de agosto de ese año.
La imputación precisa que siendo Urribarri gobernador, y Báez Director de Información Pública, el 1° de julio de 2011 habrían direccionado hacia Global Meanas SA dos avisos para publicar en el diario Agroempresario, en las ediciones de agosto y septiembre de 2011.
El primero fue bajo la consigna de “Entre Ríos Exporta”; y el segundo se dirigía al turismo, con el speech “Entre Ríos Invita”. Uno y otro aviso se publicaron en las ediciones 91 y 92 de Agroempresario, por un monto de $118 mil.
Esa cifra, se supo, además, fue aprobada por el decreto N°1057 del 18 de abril de 2012, que lleva las firmas de Urribarri y Báez. La tesis de la fiscalía es que hubo un “direccionamiento arbitrario” que se habría realizado en connivencia con el empresario Buffa.
Según la fiscalía, para la presunta contratación amañada también se sortearon los mecanismos legales de contratación, como la competencia de oferentes, es decir la licitación pública. Otro detalle que surgió, es que el pago de los $118 mil se dio cuando la empresa beneficiada ni siquiera se encontraba inscripta en el Registro de Medios, destacó el portal Entre Ríos Ahora.
La Fiscalía asegura que Global Means SA no sólo no estaba constituida como empresa, ni tenía inscripción en la AFIP, sino que tampoco tributaba en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).
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