El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Este lunes se iniciarán los alegatos de clausura en el megajuicio por corrupción que se sustancia, desde el 27 de septiembre, al ex gobernador de Entre Ríos y actual embajador argentino en Israel, Sergio Daniel Urribarri. Se trata de una instancia en la que conocerán qué penas solicitará al Tribunal para los imputados el Ministerio Público Fiscal.
Durante lunes y martes -es el cronograma inicial- los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull desarrollarán la tesis acusatoria en las tres grandes causas de corrupción que sentaron a Urribarri en el banquillo de los acusados, junto a dos exministros, Pedro Ángel Báez (de Cultura y Comunicación) y Hugo Marsó (de Tursimo); su cuñado Juan Pablo Aguilera, entre otros amigos, parientes y empresarios.
Al juicio llegaron 15 imputados, pero desde el vamos se bajó el empresario publicitario Hugo Montañana, que adujo problemas de salud y por eso será juzgado en forma separada; también en medio de los debates ocurrió el fallecimiento de Hugo Félix Céspedes, ex coordinador de la Unidad Operativa Mercosur. De ese modo, serán 13 los imputados en el inicio de los alegatos de clausura, destacó el portal Entre Ríos Ahora.
A la instancia de los alegatos llegarán los siguientes imputados:
* El ex gobernador Sergio Daniel Urribarri.
* El ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez.
* El ex ministro de Turismo Hugo Marsó.
* El cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera.
* La esposa de Juan Pablo Aguilera, Luciana Almada.
* El hermano de Luciana Almada, Alejandro Almada.
* La contadora Corina Cargnel.
* Los empresarios Maximiliano Sena y Emiliano Giacopuzzi, fundadores de Cinco Tipos y después de Tep SRL y Next SRL.
* El armador del pelotero en Mar del Plata, Gerardo Caruso.
* El empleado del Estado, Gustavo Tamay.
* El empresario Germán Buffa.
* Y el ex contador de la Unidad Operativa Mercosur, Gustavo Tórtul.
Contextos y perspectivas
A la instancia del megajuicio se llegó luego de una prolongadísima discusión en los Tribunales.
El jueves 13 de agosto de 2020, después de sucesivas suspensiones de los procesos que tenía Urribarri pendientes en la Justicia, el tribunal que conforman los jueces José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón dispuso unificar todas las causas y diagramar la realización de un único megajuicio, que empezó más de un año después, el 27 de septiembre de 2021.
El 6 de septiembre de 2019, el juez de Garantías Ricardo Bonazzola decidió elevar a juicio la megacausa del Sueño Entrerriano, en la que están imputados por los supuestos delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública el exgobernador Sergio Urribarri, los ex ministros de Cultura, Pedro Báez, y de Turismo, Hugo Marsó, y el cuñado del exprimer mandatario, Juan Pablo Aguilera, consignó el portal Entre Ríos Ahora.
La megacausa del Sueño Entrerriano incluye tres expedientes: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; y la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones. La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo slogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano”.
Según el cronograma el juicio por la causa del “Sueño Entrerriano” debía realizarse entre agosto y septiembre de 2020. Pero se suspendió antes de comenzar. Fue el segundo juicio a Urribarri que se aplazaba. El primero que se iba a sustanciar contra el hoy embajador en Israel, el que se denomina mediáticamente como «Causa de la Vaca», acumuló tres aplazamientos.
En abril de 2020, la Justicia suspendió el primero de los tres juicios que iba a sentar en el banquillo a Urribarri. Se trató de la denominada «Causa de la vaca»,
Aquella vez, la suspensión se fundamentó en la situación de emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, destacó el portal Entre Ríos Ahora.
El juicio debió comenzar el 20 de noviembre de 2019, pero diez días antes se suspendió a pedido de un grupo de abogados defensores por cuanto las audiencias se iban a superponer con las audiencias de las causas Narcomunicipio y Narcoavioneta que se sustancia en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná. La resolución, firmada por los jueces Rafael Cotorruelo, Gervasio Labriola y Alejandro Grippo, dispuso la suspensión en base a la petición hecha por los abogados defensores de los imputados, quienes argumentaron que la denominada «causa de la vaca», que investiga el pago de retornos en la distribución de contrataciones publicitarias en vía pública, supone una recarga de trabajo porque su realización coincide con el juicio por la causa narco que sustancia el Tribunal Oral Federal (TOF), en la que están imputados, entre otros, Daniel «Tavi» Celis y el intendente de Paraná, Sergio Varisco, de la que participan los mismos defensores.
Fue el segundo aplazamiento. En realidad, el juicio tenía fecha de inicio para el 29 de julio de 2019, pero la petición de dos abogados defensores, Marcos Rodríguez Allende y Emilio Fouces, que argumentaron problemas de salud, derivó en la primera suspensión.
En febrero de 2020 se conoció la resolución judicial que fijó fecha a un nuevo juicio, el tercero, que iba a enfrentar este año el exgobernador y designado embajador en Israel Sergio Urribarri: los días 26, 28, 28 y 30 de octubre de 2020 fueron las fechas que se fijaron para los debates en la causa en la que está acusado de negociaciones incompatibles con la función pública en la que también están involucrados el exministro de Cultura y Comunicación y exlegislador provincial Pedro Ángel Báez, y el empresario pizzero Germán Buffa.
La resolución de los jueces Gervasio Labriola, Gustavo Pimentel y Alejandro Grippo se dio en el marco de la causa en la que Urribarri y Báez están procesados por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública, por el otorgamiento de una pauta de $118 mil a la empresa Global Means SA, del empresario pizzero Germán Buffa. El empresario también está procesado y se le endilga el mismo delito, pero en grado de partícipe necesario.
En la causa se investigaron hechos sucedidos en 2011, cuando Urribarri era gobernador y Báez director de Información Pública. En 2013 el diputado nacional radical Jorge D’ Agostino (mandato cumplido) denunció la situación. El caso se tramitó bajo el viejo Código Procesal Penal de la provincia, y por ello la instrucción estuvo a cargo de un juez de Transición.
Buffa fundó la empresa Global Means SA junto a Leonardo Víctor Poma. El acta de constitución de esa empresa está fechada el 15 de agosto de 2011. Pero, extrañamente, un mes antes la firma ya operaba como proveedora del Estado entrerriano. Todo fue extraño, a decir verdad: la orden de publicidad que le pagó la administración Urribarri/Báez está fechada el 1° de julio de 2011; Global Means SA presenta presupuesto recién el 15 de julio de 2011, y la sociedad se constituiría el 15 de agosto de ese año.
La imputación precisa que siendo Urribarri gobernador, y Báez director de Información Pública, el 1° de julio de 2011 habrían direccionado hacia Global Meanas SA dos avisos para publicar en el diario Agroempresario, en las ediciones de agosto y septiembre de 2011.
El primero fue bajo la consigna de “Entre Ríos Exporta”; y el segundo se dirigía al turismo, con el speech “Entre Ríos Invita”. Uno y otro aviso se publicaron en las ediciones 91 y 92 del diario Agroempresario, por un monto de $118 mil.
Esa cifra, se supo –además-, fue aprobada por el decreto N°1057 del 18 de abril de 2012, que lleva las firmas de Urribarri y Báez. La tesis de la fiscalía es que hubo un “direccionamiento arbitrario” que se habría realizado en connivencia con el empresario Buffa.
Según la fiscalía, para la presunta contratación amañada también se sortearon los mecanismos legales de contratación, como la competencia de oferentes, es decir la licitación pública. Otro detalle que surgió, es que el pago de los $118 mil se dio cuando la empresa beneficiada ni siquiera se encontraba inscripta en el Registro de Medios.
Buffa está sindicado por el Ministerio Público Fiscal de ser «testaferro» de Báez. “Claramente esta empresa pertenece a Báez”, llegó a decir en una audiencia la fiscal Matilde Federik en rrelación a Global Means.
Pero ese tercer juicio nunca se llegó a materializar porque en medio ocurrió la unificación de las tres investigaciones en una.
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