El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El Ministerio Público Fiscal solicitó que el ex gobernador Sergio Urribarri sea condenado a doce años de prisión y que Pedro Báez reciba una pena de diez años de cárcel e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, por delitos de peculado y negociaciones incompatibles. También pidieron que el ex ministro Hugo Marsó sea condenado a cinco años de prisión. Del mismo modo, solicitaron que Juan Pablo Aguilera reciba una pena de diez años de prisión.
REDACCIÓN de PÁGINA JUDICIAL
El procurador general Jorge Amílcar Luciano García abandonaba el edificio de tribunales en el momento en que un subordinado suyo, Gonzalo Badano, impactaba a la opinión pública con un pedido para que el ex gobernador Sergio Urribarri sea condenado a doce años de prisión por delitos de corrupción.
A las 14.02, en el mismo instante en que García enfrentaba un sol que calentaba la calle, con el saco colgándole de un brazo, el fiscal Badano le pedía al tribunal algo que García ya sabía: que el ex gobernador Urribarri sea condenado por haber desviado fondos públicos para financiar una campaña presidencial que había dado en llamar el sueño entrerriano.
El Ministerio Público Fiscal también pidió que se condene a los otros trece imputados y el decomiso de dos inmuebles donde funcionan las imprentas TEP SRL y Next SRL, que se le atribuyen a Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri; como así también vehículos y equipos informáticos de ambas empresas.
Los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull dijeron que hubo un plan de desvío de fondos por una suma cercana a los 9 millones de dólares a través de diversas contrataciones de publicidad en la vía pública y en medios de comunicación, la elaboración de spots publicitarios en ocasión de la Cumbre del Mercosur, la publicación de una solicitada en medios nacionales y la instalación de un parador de promoción turística en la playa de Mar del Plata.
Urribarri, actual embajador argentino en Israel y Chipre, es el eslabón principal que conecta las cinco causas acumuladas y el denominador común es que “se procuró dar apariencia de legalidad a los procedimientos administrativos con el fin de encubrir el poder y la sustracción de dineros públicos”, según expusieron los fiscales.
En un mismo nivel de responsabilidad ubicaron al ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez. En su caso, pidieron que sea condenado a diez años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. La misma pena solicitaron para Aguilera, ex secretario de la Cámara de Senadores, sindicado como el dueño de las imprentas contratadas por el Estado.
En un largo alegato, los fiscales sostuvieron que Urribarri, Baez y Aguilera tenían el deber de informar sobre el choque de intereses entre la esfera pública y los negocios privados, pero no lo hicieron porque, para los acusadores, las contrataciones formaban parte de un plan de desvío de fondos.
Los fiscales señalaron que no había justificación para contratar “abusivamente” a las empresas TEP SRL y Next SRL, que se le atribuyen a Aguilera pero estaban a nombre de testaferros. En los alegatos, advirtieron una serie de irregularidades tendientes a evadir a los organismos de control y aseguraron que hubo una cartelización de la publicidad a partir de una falsa competencia con otras empresas a las que se asignaban espacios pero que luego debían retornar el dinero a Aguilera.
Durante las tres jornadas que duraron los alegatos, los fiscales señalaron que Urribarri, Báez y Aguilera tenían el deber de informar sobre el conflicto de intereses entre la esfera pública y los negocios privados, pero que no lo hicieron porque las contrataciones formaban parte de un plan orquestado para el desvío de fondos.
Por otra parte, también pidieron que se condene al ex ministro de Turismo, Hugo Marsó; y al empresario Gerardo Caruso, titular de El juego en que andamos, en ambos casos a cinco años de prisión por la contratación amañada para la instalación del parador playero en Mar del Plata. En ese sentido, los fiscales señalaron que la instalación del parador tenía como “objetivo clandestino” la promoción de la figura del ex gobernador en su carrera presidencial.
El Ministerio Público Fiscal también pidió condenas para otros funcionarios de segunda línea, empresarios, colaboradores y otras personas que han sido señaladas como testaferros de Aguilera, entre ellos, su esposa y su cuñado.
Además, solicitaron el decomiso de bienes que, según dijeron “han servido para cometer el delito o formaban parte de las ganancias”. Por caso, los inmuebles donde funcionan las imprentas que se le atribuyen a Aguilera, en calle Racedo; vehículos registrados a su nombre y equipos informáticos.
El Ministerio Público Fiscal pidió condenas para todos los imputados:
–Sergio Urribarri: doce años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de 90 mil pesos.
–Pedro Ángel Báez: diez años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de 90 mil pesos.
–Juan Pablo Aguilera: diez años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de 180 mil pesos.
–Hugo Marsó: cinco años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de 90 mil pesos.
–Gustavo Tamay: cuatro años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de 90 mil pesos.
–Corina Cargnel: ocho años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de 180 mil pesos.
–Emiliano Giacopuzzi: cuatro años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de 90 mil pesos.
–Luciana María Belén Almada: tres años de prisión condicional, inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de 90 mil pesos.
–Alejandro Almada: tres años de prisión condicional, inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de 90 mil pesos.
–Maximiliano Romeo Sena: dos años y seis meses de prisión condicional, inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de 90 mil pesos.
–Germán Esteban Buffa: tres años de prisión condicional, inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.
–Gustavo Tórtul: tres años de prisión condicional, inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.
–Gerardo Caruso: cinco años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de 90 mil pesos.
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