El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Sergio Urribarri confía plenamente en lo que le dice al oído su abogado defensor, Raúl Barrandeguy. “No hay pruebas para condenarte”, repite una y otra vez el experimentado letrado, pese a los alegatos acusatorios de los fiscales, quienes tuvieron que tomarse tres días para tratar de desarrollar la documentación obrante en los expedientes del Megajuicio por corrupción.
Por DANIEL ENZ de ANÁLISIS de PARANÁ
Aunque nadie del oficialismo quiere hablar, ni decir esta boca es mía, el pedido de condena al actual embajador argentino en Israel y ex gobernador, fue un golpe duro que no todos esperaban.
Hay quienes entienden que quizás el tribunal no condene por lo pedido puntualmente desde el Ministerio Público Fiscal (12 años), pero consideran que hay elementos contundentes y pruebas por doquier para una sentencia que determine prisión efectiva y por varios años, por el desvío de más de 9 millones de dólares, según estimaron.
Sin decir nada, en su alrededor están los que sostienen que Urribarri está más preocupado por la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que por los pedidos de prisión, lo que podrá apelar durante varios años. Salvo que cambie el gobierno nacional en el 2023, y ello amerite celeridad en las diferentes instancias e incluso en la Corte Suprema de Justicia, cuando sus abogados también puedan golpear tales puertas.
"El vocal José María Chemez, quien en su carrera se ha destacado por no dudar ante los delitos de corrupción y aplicar las correspondientes acusaciones o sentencias".
Sucede que un sector de la oposición nacional (porque la dirigencia de Cambiemos en Entre Ríos, desde el primero al último dirigente, brilló por su ausencia como pocas veces, pese a lo histórico del hecho), ya pidió que Urribarri de un paso al costado en la Embajada Argentina en Israel, considerada una sede diplomática clave en el concierto de negociaciones en el exterior.
Y nadie duda que ello va a recrudecer de haber sentencia condenatoria, lo que se estima no más allá de mediados de marzo. Es decir que si Alberto Fernández o el ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, le piden que de un paso al costado, se terminó la carrera política de Urribarri.
Y en lo personal, nadie duda que el pedido de condena a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, fue un golpe duro puertas adentro, por la fuerte incidencia que siempre tuvo su esposa Ana Lía Aguilera, quien en su momento -cuando Juampi terminó preso por la causa Contratos truchos-, le advirtió al abogado Marcos Rodríguez Allende, que si no le daban de inmediato su libertad ella estaba “dispuesta a contar toda la verdad” en torno a las historias del poder urribarrista.
Y la libertad se logró el 24 de diciembre a la noche, después de una resolución que capitaneó e hizo ejecutar el vocal Daniel Carubia.
Lo que hasta ahora no se ha tenido en cuenta es que esto sería la primera parte de las causas por corrupción de Urribarri. Las que vienen pueden pedir tanto o más penas condenatorias, que se sumarían a lo que decide el actual tribunal de Megajuicio, presidido por el vocal José María Chemez, quien en su carrera se ha destacado por no dudar ante los delitos de corrupción y aplicar las correspondientes acusaciones o sentencias.
Chemez fue quien condenó por enriquecimiento ilícito al ex senador provincial Raúl Taleb (PJ) o por negociaciones incompatibles con la función pública al ex concejal Santiago Gaitán (Cambiemos).
También dispuso cuatro años de prisión efectiva, en 2012, para el ex senador provincial Félix Abelardo Pacayut (PJ), por el delito de peculado. Y fue además el fiscal acusador del ex vicegobernador Domingo Daniel Rossi, cuando fue juzgado por sus cuentas millonarias en bancos del Uruguay, tras lo cual fue sentenciado con prisión condicional.
Cuando finalice el Megajuicio, se elevará a juicio la causa por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, que gira alrededor de los negociados del empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, considerado amigo y testaferro de Sergio Urribarri.
De hecho, nadie olvida cuando le allanaron las oficinas en Capital Federal y le encontraron documentación que acreditaba que durante el 2008 y el 2015, el empresario paraguayo le manejó más de 11 millones de dólares a Urribarri y a todos los integrantes de su familia, provenientes de movimientos de dinero del Estado entrerriano.
Pese a ser un contratado histórico por el gobierno provincial, pagaba las tarjetas de crédito y los viajes al exterior de los Urribarri y sus familiares, como así también cerraba operaciones inmobiliarias de cada uno de ellos.
En la investigación penal que llevaron adelante los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano también están implicados, además de Urribarri y el dueño de Relevamientos Catastrales, el empresario paraguayo Cardona Herreros; el actual titular de la Secretaría de Presupuesto, Luis Erbes; el director de Ajustes y Liquidaciones, Miguel Ulrich; el exsecretario de Hacienda, José Humberto Flores; el exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone (hijo del vocal del Superior Tribunal de Justicia, Juan Smaldone); el exdirector General de Informática, Carlos Haidar; Jorge Zanabone y Alfonso Campitelli, directivos de Relevamientos Catastrales. Todos ellos estarán comprendidos entre las penas que podrían llegar hasta los 10 años de cárcel.
Pero a su vez ha tenido avances importantes la causa por enriquecimiento ilícito contra Sergio Urribarri y varios de los integrantes de su familia, donde la pena es hasta 6 años de cárcel. Y habrá que esperar la segunda parte de la causa Contratos truchos legislativos, donde está claro que el rol de Urribarri entre 2008 y 2018, en que se desviaron más de 53 millones de dólares, fue clave.
La primera parte de la investigación de la causa dejó demostrado que Juan Pablo Aguilera era el último eslabón hasta donde llegaba el dinero que se recaudaba de los contratados, y el principal beneficiado -de toda la distribución coparticipable que se hacía, a diferentes hombres del poder político urribarrista- era el ex gobernador, con una cifra que rondaba los 100 mil dólares mensuales, que le entregaban personalmente.
O sea que Urribarri, con las causas que vendrán después del Megajuicio puede llegar a sumar de 15 a 20 años de prisión por graves delitos de corrupción. Claro que pueden pasar años y estamos en Argentina, donde todo puede suceder.
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