"Promediando marzo, nuestro poder adquisitivo sufre una pérdida cercana al 30%, que se explica en parte por una férrea decisión del gobierno provincial a no devolver lo que nos recortó en 2020 y el resto a la misma férrea decisión que implicó el castigo de poner a cero el 2022 por que decidimos reclamar lo que nos corresponde", plantea el gremialista docente Víctor Hutt en el siguiente artículo.
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Inflación de febrero de 4,7%, inflación de alimentos de febrero 7,5%, pronósticos de suba de índices para marzo y abril, aumento de los combustibles un 11%, la inflación acumulada de enero y febrero es del 8,8% y se pronostica que a marzo puede acumular un 14%.
Ante este terrible panorama para quienes vivimos del sueldo por nuestro trabajo, para quienes no ganamos con la inflación, sino que perdemos, los docentes de Entre Ríos nos encontramos sin propuesta de actualización salarial para 2022 y sufriendo además una pérdida salarial del 16% arrastrada desde el año 2020.
Apenas comienza a correr el año 2022 y ya, promediando marzo, nuestro poder adquisitivo sufre una pérdida cercana al 30%, que se explica en parte por una férrea decisión del gobierno provincial a no devolver lo que nos recortó en 2020 y el resto a la misma férrea decisión que implicó el castigo de poner a cero el 2022 por que decidimos reclamar lo que nos corresponde.
El discurso del gobierno se presenta como ridículo y aterrador, la gran mayoría de la docencia entrerriana se expresó en las asambleas y decidió recurrir a la huelga para reclamar la devolución del recorte del 2020 y sostiene esa decisión con una altísima adhesión a las huelgas a pesar de las amenazas de continuar hambreando con los descuentos por días de paro, pero el gobierno atribuyó la responsabilidad de los paros a un puñado de dirigentes que denomina “el gremio”, desconociendo que el gremio constituye a la totalidad de trabajadores y trabajadoras, pero a la hora de los castigos, castiga a la totalidad de los y las docentes.
Desde el sector docente queremos dialogar y mostrarle la justicia de nuestro reclamo, que viene del año 2020, en el que unilateralmente cerró la paritaria “por pandemia” y nos robó un 16% del sueldo, pero la respuesta que nos da es que nos quedamos en cero en 2022, un cero que no es cero, fue 3,9% de disminución en enero, es 8,8% de disminución en febrero y será alrededor del 14% de caída del salario en marzo, porque no es cierto que nuestro sueldo se queda quieto por falta de oferta salarial, nuestro sueldo disminuye mes a mes por el efecto de la inflación.
No se pueden ocupar puestos de funcionarios provinciales con tremenda falta de racionalidad y humanidad, los funcionarios deben dialogar con los trabajadores, escuchar sus reclamos y dar respuestas si los mismos son justos o demostrar que no son justos, tienen que saber y reconocer que ante las faltas de diálogo y respuestas existe el derecho constitucional a la huelga, pero más allá del resultado de las negociaciones, un funcionario de gobierno no puede dejar abandonados a miles de trabajadores y sus familias a sufrir el empobrecimiento por inflación durante todo un año, como está resuelto hacerse en Entre Ríos, el gobierno ha cerrado el diálogo ante los reclamos y ha quitado a los y las docentes la actualización salarial establecida a nivel nacional.
El conflicto no se solucionará con esta actitud del gobierno, sino que llegará a niveles mucho más duros que los actuales, si el gobierno efectiviza lo anunciado como castigo, que son los descuentos por adhesión a días de paro, si el gobierno mantiene el diálogo cerrado, no nos quedará otra a los y las docentes que profundizar el plan de acción, nuestra historia de lucha le puede ir anticipando al gobierno provincial que nuestras luchas pueden alcanzar otros niveles de confrontación, que no podrá callar nuestro reclamo con castigos.
Hago un llamamiento a la racionalidad del gobierno entrerriano, a reconocer lo que nos quitó en el año 2020 y que ese porcentaje forme parte de la oferta salarial, que haga uso del superávit que ha logrado justamente en base a ese recorte y convoque nuevamente al diálogo que arroje soluciones al conflicto, queremos dedicarnos plenamente a nuestras actividades escolares, pero las cuestiones salariales, que tienen que ver con el sustento familiar, se convierten en razones de fuerza mayor que deben solucionarse.
(*) Docente y ex secretario general de Agmer Uruguay.
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