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El Jurado de Enjuiciamiento fijó como fecha de inicio del debate en el proceso contra la suspendida procuradora adjunta Cecilia Goyeneche para el 2 de mayo, en el salón de actos del Superior Tribunal de Justicia. Catorce personas fueron citadas como testigos y en el listado aparecen algunos nombres rutilantes.
Por JUAN CRUZ VARELA de PÁGINA JUDICIAL
Con catorce testigos y una carretilla de asuntos pendientes arrancará el 2 de mayo el proceso que tendrá a la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche sentada ante el Jurado de Enjuiciamiento, acusada por presunto mal desempeño y por haber tenido una conducta incompatible con las funciones a su cargo.
Goyeneche pretendía que el proceso quedara suspendido, hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolviera un recurso de queja contra la resolución del Jurado de Enjuiciamiento que dispuso la apertura de un proceso en su contra, su suspensión en el cargo, el apartamiento del Ministerio Público Fiscal de su rol de acusador natural y la designación de un abogado de la matrícula como fiscal ad-hoc.
Sin embargo, el tribunal que ahora integran Verónica Mulone (presidenta), Daniel Carubia, Juan Ramón Smaldone, Gisela Schumacher, Armando Gay, Gustavo Zavallo y Gonzalo García Garro fijó fecha para que el 2 de mayo comience el debate.
Las causales de la acusación que formalizó el fiscal ad-hoc Gastón Justet contra Goyeneche giran en torno a la relación comercial y de amistad con el contador Pedro Opromolla, del estudio Integral Asesoría, que realizaba la gestión impositiva de los falsos contratistas y reclutaba a los prestanombres del esquema ilegal que funcionó en la Legislatura entre 2008 y 2018.
Durante la investigación surgió el dato que el contador investigado (Opromolla) y la coordinadora de la investigación (Goyeneche) eran socios en un fideicomiso. La procuradora adjunta lo negó: “Falso, su señoría”, dijo en una audiencia pública.
Pero luego se supo que ambos compartían un segundo fideicomiso, cuando los fiscales a cargo de la investigación dispusieron un embargo sobre los bienes de Opromolla, y entre los inmuebles embargados había un departamento que tenía como copropietaria a Goyeneche.
Recién entonces la procuradora adjunta dio un paso al costado de la causa. Debe mencionarse que aquella relación tenía otra que la precedía: Sebastián Orlando Bertozzi, esposo de Goyeneche y también contador, había integrado el estudio contable investigado en la causa de los contratos truchos.
El segundo hecho que se le imputa a Goyeneche es haber instruido a los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry a que solicitaran autorización para “el allanamiento, requisa procesal y secuestro” del teléfono celular de un testigo que había identificado al contador Orlando entre las personas que frecuentaban y trabajaban en el estudio.
Los dos protagonistas centrales de la acusación fueron citados para el inicio del debate: el contador Pedro Opromolla y Mario Deiloff, el testigo que trabajaba como cadete y hacía trámites para el estudio contable investigado.
Ese día también deberán declarar Guido Krapp, el corredor inmobiliario Renato Mansilla, que trabajaban ambos en Integral Asesoría; y Maricel Micaela Goyeneche, la sobrina de la procuradora adjunta, a quien un mes después del allanamiento del estudio contable le cedió gratuitamente su parte en aquel inmueble.
El 3 de mayo, en tanto, deberá comparecer el contador Sebastián Orlando, citado a propuesta del fiscal ad-hoc y de la defensa de Goyeneche, que ahora ejercen Enrique Pita y Leopoldo Lambruschini.
Para ese mismo día también fueron citados el procurador Jorge Amílcar Luciano García; los fiscales Yedro y Aramberry, que tienen a su cargo la causa de los contratos truchos; la jueza Carolina Castagno; los comisarios Ángel Ricle y Horacio Blasón, de la Policía de Entre Ríos; el técnico informático Fernando Ferrari, que cumple funciones en el Ministerio Público Fiscal; y el contador Rodolfo Miguel Álvarez, especialista en fideicomisos.
Las partes también pidieron que se incorpore como prueba el legajo completo de la causa de los contratos truchos; las grabaciones de la declaración que dio Deiloff ante los fiscales Goyeneche y Aramberry y los detalles del allanamiento en su domicilio; las declaraciones juradas de Goyeneche y de su esposo; se solicitaron informes sobre inmuebles registrados a nombre de la procuradora adjunta y del contador Opromolla, como también contratos de alquiler que hubieran firmado con terceros y al Fideicomiso 9 de Julio para que informe si Goyeneche ha informado alguna cesión de derechos, venta o cualquier acto jurídico sobre sus derechos de propiedad, entre otros.
El tribunal, sin embargo, rechazó la pretensión de Goyeneche para que se secuestre el celular de Opromolla, aunque hizo lugar a un pedido para la empresa de telefonía celular que provee servicio al contador informe si se han intercambiado mensajes de texto o llamadas entre ellos desde 2009 hasta el día de hoy.
Goyeneche se ha defendido diciendo que el jury pretende impedir el ejercicio de sus funciones como fiscal anticorrupción “y, al mismo tiempo, infundir temor a jueces y fiscales, con la obvia consecuencia de producirse, en los hechos, resultados favorables a los acusados”.
La procuradora adjunta, además, recusó a Justet, cuestionó la acusación, pidió que se declare su nulidad y denunció una “sistemática violación de sus derechos de defensa y al debido proceso”. Entre sus críticas, señaló la ilegalidad de la asunción del cargo por parte del fiscal ad-hoc, una modificación en el objeto procesal, incorporación en la prueba ofrecida por la acusación de algunos elementos de evidente ilegalidad, lo acusó de tener una militancia política partidaria (“velada tanto al procurador como a cualquier magistrado judicial que eventualmente lo subrogara”) y carencia de formación indispensable.
En su descargo a la acusación, la procuradora adjunta destacó que hubo una modificación en el hecho imputado, es decir, el Jurado de Enjuiciamiento, al admitir la denuncia, dijo que se acusaba a Goyeneche por no haberse excusado de intervenir en la causa de los contratos truchos atento la relación comercial con el imputado Opromolla y el vínculo de amistad del contador investigado con su marido. Sin embargo, dice Goyeneche, hubo una “ampliación” y “desviación” del objeto procesal en la acusación formulada por el fiscal ad-hoc.
El Jurado de Enjuiciamiento, sin embargo, no analizó estos aspectos. Dijo que lo hará al momento de dictar sentencia, es decir, podría, eventualmente, declarar la nulidad de la acusación luego de haber sustanciado el debate. Esa determinación se adoptó por mayoría. El voto disidente lo aportó la presidenta del jury, Verónica Mulone, quien expresó que “existen razones suficientes para rechazar este planteo” en el inicio del proceso y no en la sentencia. Dejó en claro además que, si bien se advierte “cierta desprolijidad e incluso errores en el escrito de la acusación, no llegan a afectar el principio de congruencia y debida defensa”, a tal punto que Goyeneche “ha podido contestar la acusación en un extenso escrito que guarda absoluta coherencia con la contestación de la denuncia que se le cursara oportunamente, con las recusaciones por ella formuladas, los recursos y las nulidades que ha presentado, así como también con el ofrecimiento amplio de su prueba”. Pero su voto quedó en solitaria minoría.
En el Jurado de Enjuiciamiento, sin embargo, esperan para estos días una nueva presentación de Goyeneche objetando la resolución de admisión de pruebas y que se admita a testigos cuya comparecencia fue rechazada por el tribunal.
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