El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El noble movimiento cooperativo también tiene su parte oscura por quienes se abusan de su figura, para esconder otras intenciones que nada tienen que ver con los propósitos asociativistas que impulsa la economía social.
Luego del escándalo surgido en Quilmes por supuestas maniobras para desviar dinero estatal del municipio que comanda Mayra Mendoza a varias cooperativas vinculadas a funcionarios públicos, surgen dudas respecto del sistema. En Entre Ríos, el movimiento cooperativo viene tomando fuerza desde hace varios años y existen municipios, como el de Gualeguaychú, que le ha dado un fuerte impulso a través de la obra pública.
El objetivo del sistema cooperativo es propiciar la inclusión, creando oportunidades de desarrollo para aquellos que, de otro modo, no tienen tantas oportunidades de ingresar al mundo del trabajo formal.
Pero las suspicacias surgen cuando son empresarios de la construcción quienes representan o presiden a estas cooperativas que reciben dinero municipal a través de contrataciones directas. ¿Se desvirtúa el objetivo para el que se crearon las cooperativas? ¡Las ganancias llegan a los trabajadores o hay mayores beneficios para la empresa constructora?.
Un informe especial del programa televisivo Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), y que reproduce Análisis analiza cómo funciona el sistema en la provincia de Entre Ríos.
Desde hace varios años el municipio de Gualeguaychú propicia la conformación de cooperativas y les ha dado un fuerte impulso a través de la ejecución de obra pública por contratación directa. Si bien esto no es ilegal ni está prohibido por ninguna normativa, las dudas surgen respecto del rol social que deben cumplir como parte del movimiento cooperativo.
Diversos trabajadores e integrantes de las cooperativas admiten off the record que los salarios que reciben no son acordes al dinero que se destina para las obras a ejecutar. Incluso el sistema es por sueldos de entre 17.000 y 24.000 pesos mensuales, independientemente de la cantidad de obras que reciba la cooperativa por mes. Es decir, el trabajador cobra lo mismo si la cooperativa recibe la adjudicación de una obra o si recibe varias; y si recibe una obra por un millón de pesos o una obra de 500.000 pesos.
Existen puntualmente dos casos de cooperativas en Gualeguaychú cuyos presidentes o representantes poseen empresas constructoras.
La Cooperativa de Trabajo Digioca Limitada tiene como presidente a Lázaro Doello, quien a su vez es propietario de la constructoraque lleva su nombre. Lo llamativo es que cooperativa y constructora tienen el mismo domicilio fiscal, en Boulevard Daneri 94, según la constancia de inscripción de AFIP.
En tanto, la Cooperativa de Trabajo Los Fresnos Limitada tiene como representante a Diego Alejandro Klaus, también propietario de una empresa constructora. Si bien en este caso, no comparten el domicilio fiscal en la inscripción de AFIP, la cooperativa tiene como domicilio fiscal la dirección de la Municipalidad de Gualeguaychú, Irigoyen 75.
Consultado al respecto, el director de Cooperativas del municipio, Mauricio Weber, explicó que “la Municipalidad acompañó la matriculación de las cooperativas, y en ese proceso desde la conformación de la cooperativa, el inicio del trámite y la llegada de la matrícula, muchos grupos se iban modificación en cuanto a su conformación original y por esto lo que se hacía, en general, era poner la dirección del municipio en vez de una persona en particular, para que al llegar la matrícula no sucediera que esa persona no pertenecía más a la cooperativa”.
Además afirmó que “se ha ido corrigiendo esa situación sobre todo con el domicilio fiscal de cada cooperativa para separarlo del domicilio del Estado municipal y que mediante acta presenten domicilios nuevos. Para eso es necesario que modifiquen sus estatutos, lo cual es un paso complejo y por eso todavía quedan cooperativas con domicilio fiscal en el municipio de Gualeguaychú”.
Consultado respecto del doble rol de los dueños de empresas como presidentes de cooperativas, el funcionario explicitó: “El municipio no es órgano ni contralor ni gestor de ese periodo. El municipio acompaña desde el Estado a sus vecinos asesorando, es lo que hemos hecho en estas cooperativas explicándoles el modelo y que buscaron en este método, porque vieron que en Gualeguaychú se desarrolla, funciona. Hay un organismo que entrega la matriculación que es el Inaes, a nivel nacional, y las matriculas que están en Gualeguaychú tienen vigencia y alcance nacional, pero el Ipcymer es el Instituto provincial, que sí tiene relación directa con la fiscalización al momento de conformar una cooperativa y luego en el desarrollo de la vida institucional de las cooperativas”.
Y agregó: “Para ser socio de una cooperativa, no hay requisito que me diga que no puedo ser socio o que sí puedo ser socio de una cooperativa. En el caso concreto (de Cooperativa Digioca Ltda. y su presidente Lázaro Doello), no sé qué tiene y qué no tiene cada socio, pero cuando entregan una matrícula, se fijan a través del Ministerio que tus bienes personales no posean ciertos estándares que sobrepasen ciertos límites que te permiten conformar un modelo de esta empresa; pero después en el desarrollo y la vida de esa cooperativa los socios pueden tener un crecimiento o no. Nosotros no tenemos capacidad de fiscalización sobre este punto”.
En cuanto a la modalidad de contratación directa, indicó que “está registrada en la normativa de la economía social, y va más allá de la pandemia, nosotros siempre trabajamos sobre contratación directa con las cooperativas”.
“Cuando llegamos a la gestión en 2015, la cooperativa Digioca venía ejecutando obras, venía desarrollando obras también con la UEP (Unidad Ejecutora Provincial) y nosotros incorporamos a ejecutar obras también con ellos y la verdad es que la obra que ha hecho ha sido impecable y tiene un alcance y una capacidad de ejecución de obra que ha sido muy impecable en lo que ha hecho en la obra pública ejecutada con la Municipalidad de Gualeguaychú. Después, si los asociados de esa cooperativa a su vez, tienen otros desarrollos personales, es un tema que nosotros dentro del orden de la cooperativa, con los balances al día, los papeles en regla, la facturación que corresponde, sus asociados son los que encontramos en las obras y los seguros de obra correspondiente, no tenemos poder de policía para entender en la vida por fuera de sus asociados".
"Hacemos un análisis con las distintas áreas de la Municipalidad de Gualeguaychú en las distintas obras que estaos llevando adelante y en ese análisis desarrollamos qué cooperativa tiene la capacidad para ejecutar esa obra; entonces nosotros mismos a través del cuerpo técnico de obra pública, planeamiento, se pone precios, se ofrece a las distintas cooperativas y se acuerda con una para poder llevarlo adelante", sentenció Weber.
El presidente del Instituto de Promoción Cooperativa y Mutualidades de Entre Ríos (Ipcymer), Ricardo Etchemendy, señaló que “en la creación del Instituto se establecen las cuestiones atinentes a la competencia del mismo, la principal competencia es la fiscalización pública de todas las cooperativas y mutuales de la provincia. Esa fiscalización publica es la cuestión referida a exigir las asambleas, que se presente la documental que exige la ley de cooperativas y la ley de mutuales”.
Respecto de la conformación de este tipo de empresas, informó que “la ley de cooperativas tiene impedimento para aquellos que fueron condenados por quiebra fraudulenta, o que fueron condenados por algunos delitos, si no estás en ese artículo, cualquier persona mayor de 18 años puede integrar una cooperativa”.
Consultado por la incompatibilidad que podría existir en las cooperativas de Gualeguaychú que tienen como presidentes a personas que poseen empresas constructoras, reconoció “no conozco ese caso puntual pero lo vamos a chequear”.
De todos modos, planteó que “muchas empresas constructoras que han tenido problemas de financiamiento y demás, con sus trabajadores antes de que quebrar o ir a un concurso preventivo, han conformado cooperativas de trabajo. En Tala también hay gente que son maestro mayor de obra y tenían seis o 10 empleados y veían que no funcionaba, buscan protegerse en la figura cooperativa”.
En tanto, refirió que “el municipio contrata con la cooperativa, no con la empresa constructora. Si no mezclan las cuestiones, si el Estado municipal contrata con la cooperativa, es con la cooperativa, y si contrata con la empresa constructora es otra cosa, porque son sociedades que están legisladas por la 19.550. Las cooperativas son empresas privadas de la economía social donde la prioridad es la persona y su fin primero y principal es generar trabajo desde la cooperativa. No hay incompatibilidad, una cooperativa puede estar presidida por alguien cuya actividad privada es la construcción, porque son dos economías distintas: una es una sociedad y la otra es una cooperativa. Hay que ver qué hace la sociedad de esa persona, si tiene todo en regla, y la cooperativa”.
"La ley de cooperativas nos da tres posibilidades de integración: si tenés una cooperativa y te supera el trabajo podes integrar más socios, porque es ilimitado el número; te podes integrar con otra cooperativa del mismo rubro o te podes integrar con una sociedad. Por ejemplo una cooperativa textil que hace camisas pero que no hace botones, se puede integrar con una sociedad, siempre que los estatutos de ambas figuras lo permitan, se puede hacer un acuerdo de integración”.
Consultado por las denuncias contra Mayra Mendoza, Etchemendy aclaró: “Como abogado, debo decir que por ahora son denuncias, si no hay condenas… pero cae y hace mucho daño en el movimiento cooperativo porque el movimiento cooperativo siempre fue atacado. La dictadura del ‘76 lo primero que hizo fue destruir las 600 cajas de crédito cooperativo, es decir que la economía liberal y de mercado que le interesa solamente la maximización de las ganancias siempre nos quieren destruir con estas cosas, y aprovechan estas cuestiones para ensuciar el movimiento, pero son casos aislados”.
El funcionario agregó que: “Nos hace daño, nos mancha y hay que trabajar en estas cuestiones, porque a veces las cooperativas cuando explota un problema dicen que es el Estado o el gobierno, pero son empresas privadas. Hay que controlar, hay que conducir y ser firme en la gestión porque es una empresa, de la economía social, pero es una empresa, hay que tributar el 2% a la ley del fondo de educación y promoción cooperativa, las cooperativas de agua pagan IVA. Se arma la historia de que están exentas de todo y no es así, pero nosotros tenemos que trabajar contra esas cosas”.
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