El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
La destitución de Cecilia Goyeneche pasó a ser noticia para el grueso de la población entrerriana recién cuando los medios porteños de alcance nacional le dieron inédita repercusión. La ahora ex fiscal sostiene que fue un castigo por su actuación en la causa donde se condenó al ex gobernador Urribarri. Otras voces descreen de eso: señalan que la denunciaron los mismos que habían acusado a Urribarri. En este informe especial El Miércoles Digital contesta las preguntas básicas sobre esta compleja historia e incorpora destacadas miradas periodísticas entrerrianas. Opinan: Jorge Riani, Antonio Tardelli, Fabián Galarraga, Luz Alcain, Martín Barral y Hugo Barreto.
REDACCIÓN de EL MIÉRCOLES DIGITAL
La destitución de la procuradora adjunta de la provincia, Cecilia Goyeneche, pasaba desapercibida para la mayoría de la población entrerriana, pese a que el proceso llevaba varios meses: había sido denunciada bastante antes de la condena al ex gobernador Sergio Daniel Urribarri. Pero hasta que los medios porteños de alcance nacional le dieron una formidable repercusión, pocas personas en Entre Ríos sabían quién era la ahora ex fiscal.
Tanto la destituida funcionaria como algunos periodistas y medios muy importantes (por ejemplo Análisis, la legendaria publicación dirigida por Daniel Enz, que ha sido un puntal insoslayable en las denuncias de corrupción en Entre Ríos) sostienen que la sanción fue un castigo a su labor investigativa en la causa por la que Urribarri fue condenado a ocho años de prisión. Goyeneche apuntó además al gobernador Bordet.
En cambio otras voces descreen de eso y enfatizan que la denunciaron los mismos abogados particulares que habían acusado a Urribarri, e incluso la acusan de intentar “zafar” a las más altas figuras del peronismo (incluidos Bordet o Lauritto) de la escandalosa causa de los contratos truchos en la Legislatura, la mayor estafa al pueblo entrerriano desde la recuperación de la democracia.
De un lado y del otro se exhiben argumentos y razones. ¿Cómo debe leerse lo ocurrido? En este informe especial El Miércoles Digital contesta las preguntas básicas sobre esta compleja historia, y luego incorpora destacadas miradas periodísticas contrapuestas sobre el tema. Para ello desde esta redacción consultamos a Jorge Riani, Antonio Tardelli, Fabián Galarraga, Luz Alcain, Martín Barral y Hugo Barreto.
Primera parte: trece preguntas para entender de qué hablamos
¿Quién es Cecilia Goyeneche?
Es una abogada paranaense egresada de la UNL en 2000, especializada en Derecho Penal, que hasta la semana pasada era la procuradora adjunta en el Ministerio Público Fiscal en la provincia de Entre Ríos y estaba a cargo (de manera interina) de la Fiscalía Anticorrupción, un órgano que por ahora solo tenía el nombre. Es decir que era la segunda jefa de los fiscales de toda la provincia (la autoridad máxima es el uruguayense Jorge Amilcar García). Los fiscales son quienes llevan adelante las investigaciones en todas las causas judiciales que se realizan en Entre Ríos.
¿Goyeneche era “fiscal anticorrupción”, como la presentan algunos medios?
Esa fiscalía en realidad no existe todavía en nuestra provincia. Aunque la Constitución provincial la creó en 2008, nunca se puso en marcha (como tantos otros aspectos valiosos de la reforma constitucional de ese año). En 2018, el procurador Jorge García creó el cargo pero no se le destinó personal o presupuesto especial. Nombró a Goyeneche como “interina” hasta que se llamara a concurso, pero eso nunca ocurrió. Como procuradores, los jefes de todos los fiscales deben coordinar la investigación de todos los delitos del orden provincial, sean de corrupción o de otro tipo. En otras palabras, no hay nadie en el Ministerio Público Fiscal investigando especialmente la corrupción, se limitan a investigar en las causas que se abren, y en ningún caso se abrieron causas a instancias del MPF: por ejemplo, todas las que afectan a Urribarri han sido producto de investigaciones periodísticas o denuncias de particulares.
¿Pero es la fiscal que investigó a Urribarri?
Cecilia Goyeneche estuvo a cargo junto con un equipo de fiscales de coordinar la acusación contra Urribarri en las causas por las cuales finalmente fue condenado (ver enlace). Pero en realidad las investigaciones que originaron esas causas, como ya se dijo, no fueron iniciadas por el Ministerio Público Fiscal sino por denuncias periodísticas (en su mayoría publicadas por la revista Análisis) y llevadas a la justicia por abogados particulares (como Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet).
¿Quiénes la denunciaron?
La denuncia contra Goyeneche fue realizada por tres abogados: Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet (sí, los mismos que habían denunciado a Urribarri), (ver enlace) y Carlos Reggiardo.
¿De qué la acusaron?
La acusación principal es por no haberse excusado en un caso que investigaba. Se trata de la causa de los “contratos truchos” de la Legislatura entrerriana (ver enlace), una gigantesca estafa al pueblo entrerriano, por varios miles de millones, que lleva décadas, que fue detectada por casualidad (y no por iniciativa de ningún funcionario judicial). Entre los acusados en esa causa se encuentra un contador llamado Pedro Opromolla, amigo del marido de Goyeneche y que compartía con ella inversiones en fideicomisos para comprar dos departamentos. Se entiende que por esa relación debía excusarse. Goyeneche se defiende mostrando que no solo no favoreció a Opromolla sino que mandó allanarlo y lo acusó. También se la acusó de allanar sin motivo a un testigo que había revelado la relación de su marido con Opromolla, en lo que sería un abuso de poder (Ver enlace).
¿Quiénes la condenaron?
Fue el jurado de enjuiciamiento, el órgano que la Constitución provincial prevé que se ocupe de evaluar la conducta de funcionarios judiciales acusados por faltas o delitos cometidos en el desempeño de sus funciones. Ese jurado está integrado por tres miembros del Superior Tribunal de Justicia, dos legisladores (uno por el Senado y otro por Diputados, en ambos casos son oficialistas), y dos representantes del Colegio de Abogados de la Provincia. El jurado no votó de forma unánime: dos de sus miembros se expresaron en contra de la destitución, aunque con valoraciones diferentes sobre la conducta de Goyeneche.
¿Qué se le cuestiona al Jurado de Enjuiciamiento?
Muchas cosas. Resumiendo: que se haya impedido al Ministerio Público Fiscal ser el acusador de Goyeneche (entendieron que el equipo de trabajo de la fiscal no podía ser quien llevara adelante la acusación) Otra es que la mayoría de sus integrantes tienen vínculos con el poder político o judicial que supuestamente Goyeneche afectó, que varios de ellos debieron excusarse y no lo hicieron: por ejemplo, el juez Smaldone, a cuyo hijo Guillermo, el MPF le pidió una pena de cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de cargos públicos por haber direccionado una licitación. Pero Smaldone no se excusó de actuar en un proceso en el que discutía, justamente, si alguien debió excusarse por un vínculo (que sin duda es menos intenso que el de sangre). También el caso de Gisela Schumacher: es pareja de Ángel Ghiano, el presidente de la Cámara de Diputados, obviamente afectada en ese escándalo (aunque Goyeneche no imputó a ninguna autoridad política).
¿En esa causa están acusados Urribarri o Bordet?
No. Sin embargo, sí están acusadas al menos dos personas relacionadas con ambos: por un lado el cuñado de Urribarri (Juan Pablo Aguilera), que aparece como la cabeza de toda la organización delictiva (cosa imposible de creer: que Aguilera fuera el jefe, sin conocimiento de su cuñado Urribarri, y del resto de la dirigencia política peronista y radical, ya que todos participaban de esa estafa y no hay un solo funcionario o dirigente imputado). Para Aguilera, el equipo de fiscales coordinado por Goyeneche pidió una pena de 16 años de prisión. Por otro lado, otro imputado es Juan Domingo Orabona, quien fue funcionario de Bordet en su anterior gobierno y hoy es vicepresidente de la delegación argentina en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande. Para Orabona pidieron siete años de prisión.
¿Goyeneche reconoció su relación con Opromolla?
Primero la negó enfáticamente: su respuesta fue tajante (“Falso, su señoría, no tengo ninguna relación con el señor Opromolla”, se la oye decir en el video hecho circular en redes por los sectores que no coinciden con su versión, ver enlace). La fiscal afirmó que la relación la tenía su marido, y explicó el vínculo comercial de la siguiente manera: “Mi esposo trabajaba en un estudio de arquitectura donde se venden los departamentos ‘de pozo’ y me pidió que invierta como compromiso de la familia en su trabajo. Compré el 50% y él le pidió lo mismo a su amigo, por eso tuvimos en común ese proyecto inmobiliario. Pero a la primera sospecha que tuve, cuando decidimos allanarlo, me desprendí de la propiedad y cedí mi porción del departamento a una sobrina”. Goyeneche argumentó que en esta acusación hay “un sesgo de sexismo: esta gente supone que porque el tipo era amigo de mi marido yo tenía que excusarme. Nunca vi que a un juez o fiscal hombre le hagan una observación de los amigos de la mujer”. Además de la relación comercial (que Goyeneche no informó hasta que se conoció por un embargo en el marco de la causa), la relación personal también quedó probada por imágenes de festejos e incluso vacaciones compartidas.
¿La fiscal Goyeneche debía excusarse en función de la relación comercial y personal ?
El jurado de enjuiciamiento, por mayoría, entendió que sí. En el jury no se demostró que Goyeneche hubiera favorecido a Opromolla, pero incluso uno de los dos integrantes que votaron contra la destitución (Gustavo Zavallo) calificó su conducta como “equívoca y negligente”, aunque entendió que por eso era merecedora de una sanción disciplinaria, no de una destitución. Goyeneche afirma en su descargo que no benefició en nada a Opromolla en la causa, lo cual evidenciaría que nunca perdió su objetividad, y por el contrario argumenta: “Esta persona fue imputada y tiene un pedido de condena a seis años”.
¿En qué se basan quienes afirman que es un castigo por investigar?
En varios puntos opinables pero entre los cuales se pueden encontrar elementos objetivos, como por ejemplo: que antes jamás se destituyó a un funcionario judicial por no haberse excusado en una causa; que tampoco nunca antes se había condenado a un ex gobernador, y fue Goyeneche quien coordinó la labor del MPF en esa causa; en que el avance de la causa contratos enchastra a todo el sistema político entrerriano y no sólo al peronismo gobernante; en que el jury nunca se demostró que Goyeneche hubiera favorecido a Opromolla en la causa; y en que al menos dos miembros del Jurado de Enjuiciamiento deberían haberse excusado porque tienen vínculos análogos (o incluso más cercanos) a los que se les reprochan a Goyeneche. Y otros miembros como el juez Carubia tienen antecedentes de sujeción al poder político peronista.
¿En qué se basan quienes desestiman que esto se trate de una persecución a quienes investigan?
En varios puntos también opinables pero entre los cuales se pueden encontrar elementos objetivos, como por ejemplo: que los denunciantes de la fiscal son los mismos que denunciaron a Urribarri; que la fiscal le mintió a la jueza sobre su relación con Opromolla; que es la única del equipo del Ministerio Público Fiscal que ha sido acusada.
¿Cómo seguirá esta historia?
Goyeneche ya anunció que apelará la decisión, y todo indica que terminará en la Suprema Corte de Justicia. Se muestra confiada en que la Corte le dará la razón.
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Segunda parte: cómo ven la destitución de la fiscal Goyeneche periodistas de Entre Ríos
En esta segunda parte, diferentes periodistas de Entre Ríos brindan su mirada acerca de la procuradora destituida. Las hipótesis en danza se expresan en las siguientes preguntas: ¿fue un castigo a su labor en la causa que condenó al ex gobernador Urribarri? ¿Fue en cambio producto de una disputa de poder entre la cúpula del Superior Tribunal de Justicia y el Ministerio Público Fiscal? ¿Hay otras interpretaciones posibles?
Aquí compartimos miradas periodísticas contrapuestas sobre el tema, con las opiniones de periodistas de la provincia, que evalúan lo ocurrido desde perspectivas distintas y fundamentadas. El Miércoles Digital consultó a Jorge Riani, Antonio Tardelli y Luz Alcain, de distintos medios paranaenses, y a Martín Barral, Hugo Barreto y Fabián Galarraga de Concepción del Uruguay.
“No estamos frente a un caso de persecución política sino frente a una interna dentro del Poder Judicial”
Jorge Riani (periodista, corresponsal de La Nación).
No se puede entender el caso Goyeneche sin conocer el contexto en que se da, marcado por un sentimiento general de antipolítica, por el ascenso de personajes que logran adhesiones con discursos en contra de la política, los políticos e, incluso, de lo estatal. Eso predetermina una forma de interpretar el caso Goyeneche. En ese marco, la sociedad en general ha querido ver que la política ahora va por la fiscal, luego de que por fin haya sido condenado un ex gobernador como Sergio Urribarri. Pero a mi criterio eso es una equivocación, un error e incluso una falacia cuando quienes saben que no es así, aún así lo dicen. Y en esto tienen que ver mucho los medios de comunicación.
Cuando fue suspendida Goyeneche, en pleno juicio a Urribarri, se decía que era para lograr la impunidad de Urribarri, lo cual queda desmentido con la condena. Ahí, el discurso cambia. ¿Qué decía antes? Decía: hacen esto para que Urribarri no vaya preso. Finalmente Urribarri es condenado a ocho años de prisión. Y en la causa no trabajó solo Goyeneche, hubo otros fiscales, como Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Cuando la condena ocurre, se produce un cambio de discurso: ahora dicen, esto es un castigo a Goyeneche.
Una dificultad que han tenido quienes sostienen esta postura es que los mismos abogados que denunciaron a Goyeneche son quienes denunciaron a Urribarri. ¿Qué explicación le damos a eso cuando hablamos de una vendetta? De los tres denunciantes, conozco personalmente a dos: a Rubén Pagliotto y a Guillermo Mulet, y cualquiera que los conozca saben que con Urribarri no tienen nada que ver. Nada que ver. Más aún, han demostrado una aversión muy marcada hacia el ex gobernador.
Yo no creo que el poder político esté detrás de esta destitución, como sí lo ha estado en otras ocasiones. A mí me tocó cubrir, a mediados de los años 1990, el jury al vocal del Tribunal de Cuentas, Rubén Morel, que había investigado un escandaloso caso en que se vio involucrada la Legislatura entrerriana. Para echar a Morel se valieron de que estando de turno en feria en el Tribunal de Cuentas se fue tres días de vacaciones a Mar de Ajó, en los primeros días de un mes de enero. Eso fue, sin ningún tipo de dudas por mi parte, una vendetta del poder político a quien investigaba hechos de corrupción, como fue el caso de las famosas cajas de alimentos presuntamente compradas por la Legislatura para ayuda social y que terminó siendo un caso impune de corrupción. Cuando le hicieron el jury ya muchos involucrados eran jueces incluso de las más altas esferas. Ahí sí hubo una clara injerencia del poder político. El vocal del STJ Carlos Chiara Díaz denunció, aquella vez, cómo Juan Carlos Turano, el otro vocal que integraba el jury, cambió su voto apretado por Emilio Castrillón, que en ese momento era diputado y después fue vocal del STJ.
Acá hay otra cosa muy diferente. En aquel caso nadie podía vincular a Morel con alguien investigado. Yo no me atrevo a decir que a Goyeneche la podés vincular con un imputado en la causa contrato truchos, pero evidentemente hay un elemento que para muchos constituye un elemento de apartamiento de ella. Los denunciantes de Goyeneche han considerado que no era menor que ella sea dueña de dos departamentos junto con uno de los imputados en la causa. En algunos de los muchos fallos, han señalado que la doctora Goyeneche ha tenido una actitud dubitativa o errática cuando le preguntaron si estaba vinculada al contador Pedro Opromolla, uno de los principales imputados en esa causa. Finalmente se termina excusando tarde, y parece que primero había negado esa relación.
Ella aduce que no iba a perder objetividad frente al hecho. Eso es, cuando menos, contrafáctico: no sabemos pero supongamos que diga la verdad. Yo creo que no es una cuestión de voluntad. No alcanza con que yo diga, prometo ser objetivo con el juicio que hago a alguien de mi entorno. Los abogados que operan en la Justicia, más que nosotros los periodistas, saben que hay elementos que obligan a los funcionarios a apartarse de alguna determinada causa cuando esas causas lo rozan de alguna manera.
Si me preguntás como periodista, yo sostengo que no estamos frente a un caso de persecución política por reprimendas a una fiscal que investigó el poder político. En esta provincia hay un gobernador y dos vicegobernadores condenados y me parece muy bien.
¿Hubiese podido tener el necesario apartamiento emocional un fiscal para acusar a su superiora? No lo sabemos, pero ante la posibilidad es que se da el apartamiento del MPF. Por lo pronto vemos que muchos fiscales adhirieron a todas las manifestaciones de apoyo a Goyeneche, y a mi me parece perfecto que así sea si es el sentimiento que impera en ellos.
He escuchado a algunos colegas, incluso algunos amigos, decir “me hubiese gustado que el poder político condene el apartamiento de la procuradora adjunta o me hubiera gustado que el poder político se exprese de tal manera”. A mí, lo que me hubiese gustado, ya que estamos hablando en términos de gusto, es que la doctora Goyeneche dijera: “para dar mayor transparencia no voy a cuestionar el apartamiento de mis pares; mejor dicho, de mis subordinados, sino que lo haga alguien alejado de la estructura”.
Mi opinión es que estamos frente a una interna del Poder Judicial. Una interna que no sé bien por qué se enciende, pero que se hizo más evidente desde que el MPF toma protagonismo en las decisiones judiciales. Diría que por un lado hay miembros del Superior Tribunal de Justicia y por otro el Ministerio Público Fiscal.
Lo que digo con tranquilidad, porque si no pensara esto sí me preocuparía mucho, es que no estamos frente a un caso de persecución política a alguien que investigó a la política.
El investigador y analista de medios, doctor en Ciencias de la Información, Martín Becerra, dice que muchos medios, concentrados o no, se han volcado a decir lo que sus lectores, oyentes o ciberlectores quieren escuchar. Eso sí me parece grave. Creo que los medios de comunicación nos debemos una mirada hacia adentro. Estamos en un momento de un arraigado sentimiento antipolítica, y muchos medios les dan a sus lectores, lo que quieren leer. Y no encuentran mejor fórmula que mostrar que vivimos revolcado en un merengue y que todo está cubierto por el mismo lodo.
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“Es imposible no interpretar el fallo como un intento de disciplinar a quienes investigan al poder político”
Antonio Tardelli, periodista Radio de la Plaza, colaborador de Análisis.
Entre Ríos es una provincia en la que cuesta caro investigar al poder. Cecilia Goyeneche fue destituida con el argumento de que afectó su deber de objetividad el vínculo que la unía con Opromolla, uno de los imputados en la escandalosa causa en que se investigan los contratos truchos de la Legislatura de Entre Ríos. Pero ninguno de quienes votaron en su contra pudo consignar qué comportamiento específico de la fiscal favoreció al contador que emprolijaba la situación tributaria de los prestanombres.
El fastidio del poder político y la conocida tensión existente entre el Ministerio Público y la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia se conjugaron para acabar con Goyeneche.
La mayoría de integrantes del STJ parecen actuar como reaseguros de la indecencia administrativa. El magistrado Smaldone, que tiene un hijo imputado en una causa en que se investiga el pago de sobornos, no se excusó en el proceso que debía resolver si la fiscal anticorrupción tenía o no que excusarse en otra investigación. Bordet se defiende subrayando que ninguna investigación lo alcanza. Es cierto. Pero un estrecho colaborador suyo, Orabona, está seriamente comprometido en el desfalco de las cámaras legislativas. Las instituciones de Entre Ríos caminan a paso de cangrejo.
Denunciada por tres abogados históricamente enfrentados con el Ministerio Público Fiscal, la funcionaria perdió su trabajo a manos de un sistema institucional que mayoritariamente le dio la espalda cuando los poderosos entendieron que había llegado su hora. El titular del Poder Ejecutivo pretende desentenderse del operativo: afirmó que todo el tiempo había guardado “un prudente silencio” para no entorpecer la labor del Jurado de Enjuiciamiento. Se mantuvo en silencio y presentó su silencio como prueba de neutralidad. Hoy esa neutralidad no puede ser vista sino como sinónimo de complicidad. Es endeble la posición del Poder Ejecutivo cuando procura desentenderse de la persecución de la que fue objeto la número dos de la Procuración General.
El proceso, de acuerdo con la postura de los defensores de Goyeneche pero también de miembros del Poder Judicial y de abogados independientes, estuvo sembrado de irregularidades. Entre otras cosas, el indebido desplazamiento del Ministerio Público Fiscal de su rol de acusador.
Urribarri y Bordet han recurrido a un idéntico argumento para marcar distancia del proceso contra Goyeneche: recuerdan, con razón, que dos de los denunciantes, los abogados Guillermo Mulet y Rubén Pagliotto, no comulgan con el partido de gobierno y que en los últimos años han motorizado reiteradas denuncias contra las administraciones peronistas. Ello es absolutamente cierto. Tanto como que, en este caso, su prolongado enfrentamiento con la Procuración General y con su titular, Jorge García, ha sido extremadamente funcional a los referentes políticos acusados de corrupción y a los concretísimos intereses de sus abogados defensores.
Es difícil no interpretar la destitución de Goyeneche como una vendetta del sistema político. Toda la Legislatura de Entre Ríos quedó enchastrada con la investigación de los contratos apócrifos. La causa roza a más de una bancada (se localizaron mensajes de whatsapp en los que dirigentes radicales negocian incrementos en los montos de ciertos contratos) y especialmente a la justicialista. Allegados al ex gobernador Urribarri, en su momento mentor de Bordet, están seriamente comprometidos. Es cierto, como alegó el primer mandatario en sus declaraciones radiales, que la investigación no lo alcanza personalmente. Pero sí a uno de sus colaboradores de confianza: Juan Domingo Orabona, quien ofició como director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Senadores entre 2007 y 2011. De profesión contador, Orabona fue presidente del Instituto Autárquico Provincial del Seguro (IAPS) durante el primer mandato de Bordet y ahora se desempeña como funcionario del gobierno nacional: es vicepresidente de la delegación argentina en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande. En el escrito de elevación a juicio se considera importantísimo el papel de Orabona: para los fiscales la maniobra de sustracción no se podría haber materializado sin su concurso.
A cuarenta y cuatro meses del inicio de la escandalosa causa de los contratos, la investigación derivó hasta ahora en una única condena: destituida ha sido la fiscal que coordinó el accionar de la Procuración General.
La degradación de las instituciones entrerrianas es evidente y estridente. Mañana, en alguna plaza de la provincia, algunos ciudadanos (muchos o pocos, al fin y al cabo no es tan decisivo) informarán que semejante estado de cosas les resulta repugnante. Lo que en cambio verdaderamente importa es vivir en un lugar donde, como propone el poeta, ser valiente no cueste tan caro y ser cobarde no valga la pena.
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“El verdadero escándalo es el modo en que esta causa terminó jugando en la interna del Poder Judicial”
Luz Alcain, periodista (Página Política).
Atendiendo exclusivamente al expediente, me parece que sobran las causales para separarla de su cargo. Con decir que se descuidan un poco y se traba embargo sobre propiedades de quien encabezaba la investigación. Esto da cuenta del vínculo con uno de los estudios que era fundamental para que funcionara el robo. Ahora, si eso es de una gravedad tal en Entre Ríos que las instituciones empiezan a funcionar, lo pongo en duda. La historia institucional de Entre Ríos da cuenta de jueces señalados por delitos de esta magnitud.
Me parece que Goyeneche vio que esa causa era demasiado pesada, que estaba avanzando en un caso que la tocaba de cerca. Puede pensarse en esto la explicación a su decisión de no dejar el caso. Pero su situación entonces fue muy frágil para avanzar hasta donde tenía para avanzar. Es así que la causa se eleva a juicio con un montón de perejiles, sin impacto para el poder político que montó este esquema de robo al erario público.
En una provincia que funciona como la gente esto podría continuar, con una causa “Contratos Dos”, para lo cual ella sugirió en los medios que había elementos. Y allí sí desmontar en serio todo esto. Bueno, el desafío es ver qué hacen con esos elementos los que den continuidad a esta investigación.
Pero además de la cuestión política, hay una tremenda batalla sin cuartel dentro del Poder Judicial que no tiene límite, entre el Superior Tribunal de Justicia y la conducción del Ministerio Público Fiscal del que no se sabe cómo se va a salir.
El caso deja, otra vez al descubierto el nivel de poder de la prensa porteña. El poder de los medios porteños me volvió a sorprender. Contar la historia como se quiere, mentir, cometer errores, no profundizar ha sido la constante. Total, se habla del interior del país. Vale todo. El poder de los medios porteños es tal que después los medios entrerrianos siguen tratando el caso en base a lo que dijo TN.
Finalmente, y volviendo al caso, me parece importante distinguir. Goyeneche no es (Oscar) Rovira. No es comparable este caso con lo que sucedió con la condena a quien fuera Fiscal Anticorrupción.
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“Todos se dan por perseguidos, sea Goyeneche o sea Urribarri, pero mi percepción es que no hay inocentes en este tema”
Fabián Galarraga, periodista en LT11 Radio Gral Francisco Ramírez
En este tema, mi percepción es que no hay inocentes. No estoy hablando del expediente propiamente, porque no conozco tan a fondo al expediente sobre la causa Goyeneche y sería temerario de mi parte decir si es culpable o no, más allá de lo que ha dicho el Jurado de Enjuiciamiento. Pero digo: ha sido tal la degradación de las instituciones, a lo largo del tiempo, que me parece que nadie --entre los que uno se incluye-- cree en nada. Nos cuesta mucho creer en la independencia de las instituciones.
Habrá en todo caso que determinar desde la sociedad y desde los sectores de la política y de la propia justicia, por qué se llega a esta instancia.
Lo que percibo es que todos se dan por perseguidos. A quien le toca una situación que debe afrontar judicial o institucionalmente, como en este caso o como en el caso de Uribarri si se quiere hacer un paralelo, todos son perseguidos. Entonces a uno lo persigue la justicia porque piensan en el pueblo y no sé qué, y a la otra en este caso a esta señora, la persigue la clase política porque investiga la corrupción. En definitiva a mí me parece que lo que hay es una degradación de las instituciones, un descrédito. Basta preguntar lo que piensa la sociedad de la justicia. Del mismo modo hay que preguntarse qué piensa la sociedad de la política, qué piensa de la clase política. Lo mismo sucede con la justicia.
Lo que sí creo, como dijo alguien, “es pa' todos la cobija o es pa' todos el invierno”, y si querés hacer que las instituciones funcionen, si te toca tener un rol donde se supone tenés que hacer funcionar las instituciones, cuando los instituciones funcionan con vos, lo que tenés que hacer es allanarte, ponerte a disposición y asumir y acatar las consecuencias. Vale esto para quien fue gobernador como para quien haya tenido o tenga que afrontar alguna cuestión ante la justicia, y del mismo modo para quien es miembro del poder judicial y tiene, como en este caso sucede con Goyeneche, que afrontar una situación que evidentemente por lo menos para este Jurado le ha valido la destitución. No creo que haya habido una acción directa, en el sentido de “vamos a atacarla a esta porque investiga tal o cual cosa”. Ahora, después cómo repercute en los ánimos a la hora de juzgar, puede ser otra historia, hay que estar en la cabeza de las personas.
Me parece que la clave es el gran problema que tienen las instituciones, que están lejos de dar respuesta a lo que demanda la sociedad. Ese es el punto central y la justicia lejos de escapar a eso, por el contrario es es un símbolo de la separación que existe entre los poderes del Estado y de lo que demanda la gente.
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“Los vínculos entre el poder político y judicial se accionaron corporativamente para destituirla y dejar el mensaje para quienes osen hacer algo parecido”
Hugo Barreto, periodista, “Las cosas por su nombre”, Radio 9 de Concepción del Uruguay.
La destitución de la fiscal Cecilia Goyeneche ha dejado al desnudo los vínculos que existen entre el poder político y judicial. Como nunca antes las declaraciones tanto de un lado como del otro han sacado a la luz lo que todos sospechamos. Quedó expuesto que el amiguismo y la cadena de favores es moneda corriente en los círculos del poder.
En el recorrido mediático que ha hecho la doctora. Goyeneche tanto por medios de alcance nacional como los de nuestra provincia se ha dejado bien en claro que esos vínculos se accionaron corporativamente para destituirla y dejar el mensaje para quienes osen hacer algo parecido.
Por el lado de los que pidieron su apartamiento se afirma que lo que ha hecho Goyeneche es distraer la atención y centrar la mirada en el Jury y no en los motivos por los que se pide su destitución y que son nada más ni nada menos que sus vínculos con personas involucradas en una de las causas por corrupción más resonantes de la provincia, conocida como “Contratos truchos” y en la que se estima que el dinero malversado ronda los dos mil millones de pesos. Según se afirma por parte de los denunciantes si se sigue investigando, esta causa puede llegar a imputar a muchos políticos de altos cargos.
El apartamiento de la procuradora adjunta es inédito, nunca se había separado a un funcionario judicial por no haberse excusado. Algunos han calificado esta destitución como un exceso de tecnicismo legal, y que no era necesario llegar a esta decisión. Que con una sanción administrativa hubiese bastado para llamarle la atención a Goyeneche.
A todo esto, quienes hemos seguido este caso y escuchado todas las campanas hemos llegado a la conclusión, que nuestro nivel de confianza hacia las instituciones ha quedado aniquilado. Los entrerrianos de a pie quedamos otra vez desorientados porque no sabemos quién nos cuenta la verdad.
Vemos con desazón, estupor e indignación que la justicia y la política están cada vez más lejos de nosotros. Quienes trabajamos en un medio de comunicación y tenemos la posibilidad de estar en contacto diario con la gente, podemos decir que estamos hartos de los miedos a no hablar, de aquellos que callan para no perder su “quiosco”, de la impunidad, del amiguismo, de la corrupción, pero fundamentalmente de las mentiras. De los relatos generados para la tribuna.
De lo que no se dan cuenta quienes están en ese juego perverso, es que la ciudadanía sí nos damos cuenta de lo que hacen. Que independientemente del nivel de instrucción o económica que tengamos, no queremos más esto y nos va llevando a un estado de intolerancia que hoy se refleja en la convivencia diaria.
Quiera Dios que esto que está pasando en nuestra provincia sea el comienzo de conocer quién es quién, y conozcamos la verdad, pese a quien le pese.
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“El trasfondo es la descarnada interna judicial entre el Superior Tribunal y el Ministerio Público Fiscal que comanda el uruguayense Jorge García”
Martín Barral, periodista de El Miércoles Digital
El problema es pensar este problema del jury, de la destitución, como una persecución a quien investiga, como lo plantea la procuradora Cecilia Goyeneche. Pero no se trata de esa atroz operación de “la política” a quien investiga, sino que el trasfondo, según entiendo, es la descarnada (puertas adentro y no tanto) interna judicial entre el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y el Ministerio Público Fiscal (MPF), que comanda el uruguayense Jorge Amílcar Luciano García.
No se trata (para mí) de políticos corruptos presionando, sino de la guerra entre el STJ y García, a quien el nuevo Código Penal transformó en el funcionario más poderoso del sistema entrerriano, incluso más que un vocal del STJ. Goyeneche ‘es’ García y cometió errores que, a mi entender, son imperdonables, como negar su relación con uno de los imputados más importantes (fundamental para concretar la corrupta maniobra de los contratos de la Legislatura). Goyeneche mintió al ser preguntada sobre esa relación, y podrían achacársele otras cosas, como la presión sobre un testigo que nombraba a su marido como parte de esa maniobra. “Perdió el atributo de objetividad”, dicen en el STJ.
Pasillos adentro del Poder Judicial se conoce esta conflagración desde hace años, y en la que también fue acusado por otras cuestiones el procurador García. Pero volviendo a las causales del jury y el castigo a Goyeneche, no son esas causas de corrupción que manifiesta la procuradora, y que no han sido investigaciones de oficio del MPF, sino a raíz de denuncias de particulares, algunos de los cuales son –también- quienes denunciaron a Goyeneche.
El publicitar que se trata de una persecución política es la estrategia de la Procuraduría de cara a la opinión pública, utilizando para ello a todos los medios que ha podido. Sin embargo, si uno presta atención, incluso la abogada Verónica Mulone, integrante del Jurado de Enjuiciamiento como representante del Colegio de la Abogacía y quien votó contra la destitución de Goyeneche, resaltó que lo que realmente ha provocado todo este lío y que el castigo fuera tan duro es esa mencionada pelea desatada tras la implementación del sistema adversarial, que otorga “superpoderes” a García que los ejerce casi con impunidad, y que antes tenían los jueces. Mulone, como la mayoría de los abogados entrerrianos, conoce de la interna.
Me parece, para terminar, que la degradación de las instituciones en la provincia debe ser abordada en serio. Para eso vale recordar que en 2009, un "Manifiesto" de la JAPL con vistas al bicentenario de 2010, proponía (hace 13 años, insisto) la caducidad de todos los miembros del Superior Tribunal de Justicia, como indispensable aporte a la mejora de nuestra democracia. Cito ese fragmento: "En Entre Ríos el servicio de justicia está lejos hoy de la república, y es apropiado para condenar sólo a los indefensos. Por eso, proponemos la CADUCIDAD del mandato de TODOS los integrantes del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, porque sus antecedentes repugnan a la división de poderes, base del sentido republicano. No podemos exigir menos, si recordamos que nuestros mayores entregaron todo por la república, incluso la vida". A la evidente vigencia de ese reclamo, en 2022 y a la vista de los hechos, debería añadirse la caducidad del MPF y rediscutir, de cara a la sociedad, la designación transparente de nuevas caras que permitan replantearse el servicio de justicia seriamente.
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