El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
La causa por coacción agravada contra José Allende, iniciada por la ministra de Salud, Sonia Velázquez, terminó considerada prescripta por la Justicia.
El trámite se inició en 2018 cuando la funcionaria inició una demanda por violencia de género pero no avanzó demasiado porque Allende se amparó en los fueros que tenía como legislador. En el camino, se caratuló el caso como coacción agravada en contexto de violencia de género, publicó Página Política.
Luego se intentó “mezclar” la demanda en un juicio abreviado, junto con otras causas contra el secretario General de UPCN por enriquecimiento ilícito. Finalmente, las demandas continuaron su trámite por separado. Se condenó en un abreviado a Allende por la causa de corrupción. Pero la denuncia iniciada por Velázquez terminó en el limbo de los tiempos procesales y con una nueva carátula que le “bajó el precio” a la denuncia, siguiendo su curso como Amenazas. El juez de Garantías, Mauricio Mayer, declaró prescripta la acción.
La ministra, en redes sociales, expresó su malestar con la actuación judicial.
La primera reacción política fue de las ediles del peronismo, reunidas en una red provincial.
“Según reza nuestra Constitución, la forma de gobierno adoptada por la nación Argentina, exige el establecimiento de tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Respecto del Poder Judicial, son numerosos los pronunciamientos acerca de una creciente deslegitimidad de sus acciones y decisiones dentro de los estamentos democráticos. Diversas encuestas señalan que un 70 % de les ciudadanes de nuestro país descreen de su accionar y lo cuestionan”, manifiesta el documento de la agrupación de “La Revolución de las Viejas”, de Paraná.
“Ejerce un poder sobre una sociedad a la que no representa, porque no lo ha elegido. No solo que no la representa, sino que ostenta una lejanía formidable respecto de los llamados sentires y necesidades populares; de la sociedad en la que debe impartir justicia. En este sentido, la ausencia de una perspectiva de género en sus fallos reproduce un régimen de vulneraciones a partir de legitimar formas de ejercicio del poder patriarcales”, fustigó el texto de las mujeres.
Para las promotoras del texto “el género, y las relaciones de poder que se construyen a partir de él, lejos de ser una cuestión de los feminismos, recorre transversalmente nuestras existencias sociales”. “Nuevamente su ideología patriarcal, misógina y violenta ha quedado demostrada en el fallo que deja sin justicia a la actual Ministra de Salud, Lic. Sonia Velazquez”, fueron al punto y subrayaron que “esta posición de la justicia de Entre Ríos, contraría los postulados enmarcados en la construcción de una sociedad justa e igualitaria”.
En este marco, expresaron su solidaridad y repudiaron “la consolidación de un sistema permanente de violación de nuestros derechos como sujetas políticas, sociales y económicas”. “La Justicia sin perspectiva de género no es Justicia”, concluyeron.
Sindicalistas
“Exigimos una Justicia libre y con perspectiva de género”, afirmó el Movimiento de Mujeres Sindicalistas de Entre Ríos (Mmuse) que expresaron su solidaridad con la funcionaria de Salud “ante la injusta situación judicial que está atravesando”.
“La prescripción de una causa no significa que no haya ocurrido. Sólo significa que el Poder Judicial no se tomó el tiempo que la situación ameritaba y lo dejó transcurrir. Es imprescindible construir un mundo laboral sin violencias. Para ello, lo imprescindible es sancionar con urgencia una Reforma Judicial Feminista”, reafimaron.
El espacio reclamó “la democratización urgente del Poder Judicial, con una clara perspectiva de género, para garantizar una protección efectiva de nuestros derechos a una vida libre de violencia, otorgando una pronta y adecuada respuesta tanto a las denuncias como a las personas denunciantes”.
“Argentina ha sido una de las pioneras en adherir al Convenio 190 de la OIT y a la Recomendación 206 OIT para erradicar todo tipo de violencia y acoso en el mundo del trabajo, aprobada en diciembre de 2020 en el Congreso de la Nación y ratificada en febrero del 2021. Exigimos una Justicia popular, democrática y feminista. Pensamos, sentimos y hacemos realidad cuándo decimos: si nos tocan a una nos tocan a todas”.
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