El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Sectores de la comunidad judicial y política para que diera sus puntos de vista sobre el proyecto de reforma de la Magistratura. Desde el oficialismo adelantaron la metodología para el tratamiento. Hablan Cánepa, el Colegio de la Abogacía, Vitor y Pagliotto.
Por FEDERICO MALVASIO de PÁGINA POLÍTICA
El gobierno provincial, a través del bloque en la Cámara de Diputados, presentó un proyecto por el cual se plantea reformar la integración y funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
El texto propuesto, dado a conocer este miércoles por Página Política, supone un incremento en la representación del Poder Ejecutivo: en la actualidad tiene un miembro y pasaría a tener tres. La reforma también especifica las causales por las cuales se puede excusar o recusar a un jurado y pone a las universidades públicas por encima de las privadas en la integración del organismo que evalúa a postulantes para ingresar al Poder Judicial, entre otros puntos.
Desde la Asociación de Magistrados de Entre Ríos quien se expresó fue Alejandro Cánepa. “Lo vemos muy inconveniente al proyecto en la parte que modifica su integración elevando el número de integrantes (dos) en lo que refiere a la representación del Poder Ejecutivo. Si bien hay otros aspectos que nos parecen bien e idóneos que corrige cuestiones, como la creación del banco de casos o la renovación de los jurados, llamamos a la reflexión a la Legislatura ante esta modificación en la integración porque entendemos que si existe una virtud del Consejo actual reconocida en todo el país es justamente la representación mínima del estamento político, es decir con un solo integrante que no tiene un rol menor al presidir el organismo e interactuar con el sector político. Pero además es el Poder Ejecutivo el que elige el juez al tomar el candidato de la terna. Eso ha sido una virtud desde el inicio del Consejo”, sostuvo el secretario de la entidad ante Página Política.
Y agregó: “En todo este tiempo no ha habido desequilibrios o desbalanceos para llevar a tres la representación del Ejecutivo”.
El juez de juicio señaló que “también se puede trabajar en buscar un criterio a la entrevista (personal) durante el proceso para que el postulante sepa en qué consiste su nota”. Vio con buenos ojos las cuestiones relacionadas a la perspectiva de género que no están abarcadas por las normas de calificación de antecedentes y que se cree un banco de casos. En cuanto al equilibrio en la representación de las universidades saludó que “haya una rotación con las de la zona y tengan preponderancias las públicas”.
El Colegio de la Abogacía de la provincia, por su parte, considera que es un debate “oportuno y necesario” pero que requiere de “un consenso entre todos los estamentos que integran la actual composición”. Desde la entidad que conduce Alejandro Canavesio hicieron una primera lectura y dijeron encontrar cuestiones positivas y negativas. Entre las primeras se anotan la especificación de causales en la remoción o excusación de jurados, ya que esto garantizaría una “mayor imparcialidad”. Lo mismo sobre la incorporación de la cuestión de género en los antecedentes.
Sobre la creación del “banco de casos”, desde el Colegio consideran que “es una figura novedosa, que puede tomarse a consideración con atención en la forma en que se incorporan los casos, y sobre el resguardo de esa base de datos”.
En torno a las críticas al proyecto, desde la entidad marcaron con preocupación el hecho de que el Poder Ejecutivo pase a tener tres representantes en el organismo. Además se puso la lupa en la modificación del artículo que faculta al Poder Ejecutivo a designar al secretario general, cuando antes lo hacía el presidente del Consejo. “El Ejecutivo retendría para sí el nombramiento de dos cargos fundamentales: presidente y secretario general”, sostienen.
El presidente del bloque de diputados del PRO, Esteban Vitor, hizo una lectura más política que técnica. En primer lugar dijo que las prioridades de la Legislatura deberían ser otras y enumeró cuestiones impositivas “en una provincia que paga los impuestos más altos” y “los malos” resultados en materia de educación. En segundo plano se quejó porque tiene 24 proyectos en la Comisión de Asuntos Constitucionales, muchos de ellos vinculados a reformar los procesos de juicio político y el Jurado de Enjuiciamiento en los que no se ha avanzado. “El proyecto del Consejo me deja la sensación que se trata de un cierto oportunismo político y que lo que busca es incrementar el número de miembros del Poder Ejecutivo”, dijo ante la consulta de Página Política.
Y añadió: “El organismo viene trabajando bien, como todo sistema es perfectible, pero acá uno tiene la sensación de estar ante un oportunismo político”.
Universidades y causales
Quien también dio su opinión fue Rubén Pagliotto, de recurrente notoriedad por las denuncias que ha realizado y su impacto en la vida institucional de la provincia.
“Entiendo que la actual integración con 11 miembros, de la forma en que se viene haciendo, queda amparada por el standard que prescribe el artículo 181 de la Constitución provincial, que precisamente manda a garantizar el equilibrio de los estamentos. Más allá de que nominalmente es un solo representante el del Poder Ejecutivo, ese número se ve compensado cuando observamos que quien tiene la potestad y última palabra para la elección de solamente uno de los ternados para ocupar el cargo concursado es el Gobernador”, sostuvo el abogado, que ha sido jurado técnico en el Consejo de la Magistratura.
Ese es el único punto que el letrado pone en observación. En los demás aspectos, Pagliotto coincide en la totalidad del proyecto. Subrayó “la preeminencia en la integración de representantes de las universidades públicas sobre las privadas y la posibilidad de abrir la posibilidad de esta participación también a letrados que desempeñen cargos docentes en otras universidades que no sean solamente las que forman abogadas y abogados”.
Igual consideración positiva tuvo con el punto que especifica las causales de excusación y recusación de los integrantes del Consejo de la Magistratura. “Es correcto que se establezca un listado donde expresamente se consignen las causas o motivos generadores de incompatibilidad para formar parte del organismo y evitar así tan abiertas y genéricas resoluciones por donde suelen colarse la arbitrariedad y discrecionalidad inconvenientes y enemigas de la equidad”, sostuvo el radical ante este medio.
Consideró “plausible y acertado el incremento de las antigüedades en la matrícula exigidas para ser jurados técnicos, habiendo establecido en 15 años y el respeto irrestricto de paridad de género para la representación de los distintos estamentos”.
Para finalizar, aprovechó para hacer un aporte que no aparece en la iniciativa y que- según dijo – “ha provocado justificadas molestias y críticas de los concursantes: los plazos para evaluar la instancia de la oposición, que suelen a veces ser exageradamente largos, lo que denota desidia, falta de compromiso e irresponsabilidad por parte de los integrantes del jurado técnico, lo cual también implica una falta de respeto”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano fue uno de los que participó de la redacción adelantó a los demás legisladores que la metodología del tratamiento contará con una convocatoria a todos los sectores.
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