El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El pedido de jury al fiscal que llevó adelante la causa de corrupción más importante abre una ventana para mirar el fondo del problema y entender, quizás, que el sistema se resquebraja.
Por FEDERICO MALVASIO de PÁGINA JUDICIAL
Un nuevo capítulo parecería abrirse con la presentación ante el Jurado de Enjuiciamiento contra el fiscal de Paraná, Ignacio Aramberry.
La petición que interpuso el abogado Guillermo Reggiardo se enmarca en la trama que tiene como hecho ineludible la destitución de Cecilia Goyeneche. Lo que se evidencia una vez más es que la debacle del organismo se radica en la toxicidad de su cúpula.
Aramberry llevó adelante la investigación por los contratos truchos en la Legislatura durante el período 2008-2018 en el Senado y 2011 -2018 en la Cámara de Diputados.
Esta causa fue elevada a juicio con la imputación de un grupo de personas que, claramente, pertenecía a la línea más baja de responsabilidad en la asociación ilícita que se pretende juzgar. Lo saben todos.
La pesquisa, que también llevó adelante la fiscal Patricia Yedro, fue meticulosa y cuidada. No se escatimaron medidas y se fue al fondo. Se obtuvo mucha información y documentación. Sin embargo, al momento de avanzar en las imputaciones, los responsables de autorizar los contratos por los que se extraían fondos públicos y se destinaban a inversiones no aparecieron en la lista cuando el legajo se elevó a juicio. En resumen: los principales sospechosos de recibir esos cuantiosos montos no fueron investigados. Cuando esto se volvió tan obvio, el procurador general Jorge García bajó línea al anunciar que habría una segunda etapa del proceso: “contratos II”.
Aramberry sabe desde el día uno quienes son los responsables de toda esta trama de corrupción. El 4 de febrero del año pasado, este sitio dio cuenta que si fuera por los fiscales que llevaron la causa preferían estar lo más lejos posible de la misma. Ya se habían encontrado con un inexplicable: el recorte del período 2008-2011 en Diputados presidido por Jorge Busti.
Mientras García decía que ya estaba todo listo para elevar la causa a juicio, uno de los imputados y hombre clave en el engranaje de las contrataciones en Diputados, Sergio Cardoso, pidió ampliar la indagatoria. No dejó dudas de quienes eran los responsables de quienes decidían a quién se contrataba y a quién no.
No importó. La causa se elevó a juicio. Goyeneche y García se jactaban públicamente de estar haciendo historia. (Al final de esta nota un reconto)
Aramberry y Yedro fueron quienes revelaron que Goyeneche tenía no una sino dos propiedades en sociedad con el imputado Pedro Opromolla, socio de su marido Sebastián Orlando, ambos usuarios de un cajero de la empresa Entre Ríos Servicio en el interior de su buffet. Notable.
La información surgió, primero de un allanamiento; luego por un embargo. Los fiscales actuaron como correspondía.
La situación de Goyeneche recayó en García. El procurador le dijo que no debía por qué dar un paso al costado ante la aparición de la primera propiedad en común con el imputado y amigo de la familia (La Paz 236). Revelada la segunda propiedad (9 de Julio 165), Goyeneche decidió correrse para no opacar la investigación, según justificó.
Aramberry y Yedro, de dilatada carrera judicial ratificados en sus cargos por concursos, estaban ante un bochorno que no mereció demasiada explicación por parte de su jefa. La cuestión se resolvió en la cúpula de la Procuración General, es decir entre García y Goyeneche, donde se activó un dispositivo comunicacional para que quede explicado lo inexplicable. En el círculo rojo del Poder Judicial, únicos atentos a estas minucias, quedó claro. El resultado de la elección en la Asociación de la Magistratura de Entre Ríos desempañó el cuadro de situación.
Mucho antes que la causa se eleve a juicio, por lo menos Aramberry hubiese preferido que se lo trague la tierra. Se negaba a elevarla con ese recorte de imputados. García ya había dicho que estaba todo para hacerlo. Con los principales responsables afuera y Goyeneche supuestamente apartada, pero coordinando y teniendo el mando de la investigación, se impuso el verticalismo del organismo que detenta la exclusividad de la persecución penal en todo el territorio entrerriano. Punto. Los imputados son estos. Cuando se intentó investigar posibles maniobras irregulares en contrataciones en el Concejo Deliberante de Paraná, donde el contador era Orlando, la Procuración lo desechó de cuajo.
De rebote
Aramberry llega a ser denunciado en el jury, básicamente, por un error en un episodio que no tenía otro interés que la propia Goyeneche. Fue cuando el motomandado Mario Deillof reveló en una audiencia que efectivamente su esposo, el contador Orlando, era socio del imputado Opromolla. A ambos les realizaba trabajos de cadetería. La entonces procuradora y coordinadora de la causa se alteró, maltrató al testigo y lo allanó al otro día. Ese video debería quemarlo o, por lo menos, no dejarlo al alcance de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El fiscal denunciado incurrió en un error cuando declaró en el jury de Goyeneche haber realizado ese allanamiento porque el día anterior el testigo no tenía el teléfono, cuando en el video sí aparece el aparato. Que Aramberry haya ido a declarar al jury a pedido de Goyeneche no lo hace de la banda de la procuradora destituida.
De perfil bajísimo, el fiscal pudo haberse solidarizado con su ex jefa, pero no se lo vio en las audiencias durante el jury esperando que termine de hablar para ponerse de pie y aplaudir en una escena dantesca. Tampoco se emocionó en las redes sociales ante aquel alegato de Goyeneche, a lo Cristina Kirchner, hablando de cualquier cosa menos de lo que se la acusa.
El Ministerio Público Fiscal se viene convirtiendo en un organismo que no escatima en papelones en materia de género. Se dejó caer una causa contra la ministra de Salud, Sonia Velázquez; el femicidio de Fátima Acevedo contó con la impericia de la Procuración General casi en su totalidad. En ambos casos se repite el nombre, un defensor acérrimo de Goyeneche. Aramberry, sin embargo, tuvo un destacado desempeño en el juicio por el femicidio de Julieta Riera.
El verticalismo en la Procuración General demuestra que la autonomía de los fiscales puede ser acotada. Incluso con el agravante de quedar al límite del incumplimiento de los deberes de funcionario público. ¿No haber investigado posibles contrataciones irregulares en el Concejo Deliberante o no haber imputado en la causa contrato a integrantes en la Legislatura pese a la montaña de prueba obtenida es una política criminal o encubrimiento? Gran interrogante. Los fiscales deberán acostumbrarse a dejar su opinión a salvo.
Si el pedido de jury a Aramberry es una embestida contra el Ministerio Público Fiscal, o así se lo entiende en el seno del organismo, veremos en las próximas jornadas el cerrado apoyo de fiscales que pusieron el cuerpo cuando Goyeneche fue juzgada.
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