“El sistema es perverso porque busca que nos cansemos de reclamar lo que nos corresponde”

Noelia Romero es la abogada que tuvo que mediatizar su conflicto con la Universidad de Concepción del Uruguay para poder aprobar la última materia de la carrera. Antes, la rindió 13 veces. Convive con una cuadriparesia espástica que le afecta brazos y piernas. Apuntó a la falta de inversión en salud, al rol del Estado y al incumplimiento sistemático de la legislación vigente por parte de las obras sociales.

Por LUCIANO PERALTA de Ahora El Día

Foto: Archivo.

Negar la crisis en discapacidad sería tan burdo como negar la feroz crisis económica que atraviesa el país. A veces, quienes ocupan lugares de toma de decisiones políticas y quienes aspiran a hacerlo parecen más preocupados por discutir si a esta crisis se la nombra en términos de “ajuste” o de “reasignación de partidas”, más que por empezar a encausar un sistema que hace mucho tiempo funciona mal y que hoy, tras el corte de la cadena de pagos a profesionales prestadores, ha ganado lugar en la agenda mediática y política.

En este marco, la abogada Noelia Romero se refirió a las perversidades de un sistema que conoce muy bien y desde siempre, ya que a los 11meses fue diagnosticada: Parálisis cerebral con cuadriparesia espástica, dijo el doctor. Lo que le afecta puntualmente brazos y piernas, sus músculos tienden a contraerse y perder fuerza, y si no son estimulados con las terapias correspondientes terminan entumeciéndose, al punto de no poder moverlos.

“Kinesiología, terapia ocupacional, psicomotricista, psicología y asistencia en enfermería”, enumera. Noelia necesita esas prestaciones para poder hacer cosas tan básicas como peinarse, lavarse los dientes o tomar un tenedor para comer. Lo que para una persona sin estas limitaciones es algo tan simple como respirar, para ella es un gran desafío, constante y diario.

Pero esta joven de 33 años, nacida en Gualeguay y asentada en Gualeguaychú hace más de una década, batalla contra las injusticias desde siempre. De hecho, eligió estudiar abogacía cansada de ver a su madre llorar por los reiterados incumplimientos de la obra social respecto a sus tratamientos.

Para eso llegó a la ciudad, para ser abogada. La ironía es que la propia Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU), donde estudió, fue quien terminó vulnerando sus derechos: tras haber aprobado 39 de las 40 materias del plan de estudio, rindió sin suerte 13 veces la materia Fornece III, pero recién al mediatizar el tema y presentar sucesivos pedidos a la institución para que el examen sea oral y no escrito (por su condición, se le dificulta mucho escribir), logró que sea un comité compuesto por tres docentes el que la evaluara de una forma que contemple su situación: se sacó un 8 y se recibió de abogada.

Pero, lejos de ser un punto de llegada, la profesional sigue sufriendo la violencia institucional. “Por más que haya ganado un amparo hace seis años, la obra social (Iosper) tiene el valor de decirme que ‘ese amparo no vale más’, entonces yo tengo que hacerme cargo de juntar las facturaciones, ejecutar la sentencia de lo que ya se consiguió y de esa manera, a los tantos meses, poder cobrarlo, aunque el valor termina siendo mucho menor porque el dinero en dos o tres meses ya no vale lo mismo”, explicó.

“Nuestra vida cuesta mucho, cuenta tiempo, horas, dinero, para buscar estar mejor. Por ejemplo, yo no tuve psicomotricista hasta hace cinco años, y he mejorado mucho en ese aspecto, cosa que no hubiese sucedido sin esa terapia. Y no se trata de hobby, es una necesidad, no se trata de querer o no querer, yo necesito hacerlo”, remarcó.

Si bien las y los usuarios del sistema reconocen que problemas para garantizar la cobertura en discapacidad hay en casi todas las obras sociales, quienes tienen Iosper hacen particular hincapié en la situación de desprotección en la que deja a sus afiliados la obra social entrerriana.

“Iosper no tiene argumento alguno para no cubrir lo que corresponde por ley, fíjate que ellos tienen el recurso de apelar cada vez que la justicia hace el embargo y ni siquiera lo hacen. Ahí pagan, pero tenés que llegar al punto de judicializar la cuestión para que lo hagan y, lamentablemente, el amparo, que debería ser una vía excepcional se ha vuelto moneda corriente”, lamentó Romero, sentada en su despacho de La Rioja 586, donde recibe, a diario, a familias a las que las obras sociales no les cubren los tratamientos.

“Partiendo de cuestiones muy básicas, incluidas en el Plan Médico Obligatorio (PMO), como sillas de rueda o sillas de baño”, señaló la joven gualeya. Quien entiende que “el sistema es perverso porque busca que nos cansemos de reclamar lo que nos corresponde, pero nosotros estamos cansados de que nos vulneren nuestros derechos adquiridos. Porque no es ni un regalo, ni es un favor, es un derecho y la perversidad del propio sistema te obliga a tener que elegir entre qué terapias hacer y cuáles no, por el costo que debemos asumir”.

Por otro lado, explicó que “si la obra socias es nacional depende de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que depende de Nación, y si la obra social es provincial los fondos deben llegar de la Provincia. Las obras sociales dicen que el Estado no manda los fondos ¿Qué pasa con el Estado que no lo hace?, ese es el foco de la cuestión”, apuntó la abogada. Al tiempo que cuestionó la “violencia con que el sistema al que estamos sometidos vulnera constantemente nuestros derechos adquiridos, en la Constitución Nacional, en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en la Ley 24.901, que establece el Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con Discapacidad”.

“Argentina tiene una legislación vigente que está muy bien, pero ¿por qué no se aplica como corresponde? Porque falta inversión en salud pública. Si se invierte en salud, se invierte en discapacidad, y si se invierte en educación también invertís en discapacidad y en inclusión educativa. Esa inversión repercute directamente en nosotros, en nuestra calidad de vida, porque necesitamos desarrollarnos como personas que somos dentro de la sociedad y para eso necesitamos las prestaciones”, expuso.

Asimismo, señaló la precarización a la que están expuestos los y las prestadoras que cobran a 90 días o más. Y si bien coincidió en que “tienen todo el derecho del mundo en hacer el paro para reclamar lo que les corresponde, nosotros nos quedamos sin prestación”.

“Muchas mamás y papás hacen lo imposible para pagar las prestaciones, porque ya están cansados y quieren evitar el desgaste emocional que vienen padeciendo hace mucho tiempo. El nivel de burocracia para las prestaciones que están garantizadas por ley en vergonzoso. Además, las obras sociales deberían cumplir el 100% de las prestaciones, y eso no ocurre tampoco”, cuestionó.

“Las personas con discapacidad somos un grupo vulnerable y esta situación nos vulnera aún más. Desde que tengo 11 meses, cuando me diagnosticaron, hago terapias. Las hago desde siempre y el sistema sigue siendo igual de perverso y burocrático que siempre”, lamentó Romero.

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