El 13 de enero de 2022 se cumplieron 20 años de la desaparición de la familia en Nogoyá.
Gustavo Acosta, juez de Transición y Garantía de Nogoyá, está desde 2015 al frente de una investigación judicial que parece destinada al fracaso, pero que no: la búsqueda de la familia Gill, cuyo rastro se perdió en el verano de 2002, y de quienes no se ha vuelto a tener noticias. El trabajo judicial de Acosta ha traspasado la rutina que es corriente en Tribunales: junto a María Delia Gallegos, la más tenaz en la pesquisa, logró que en abril último lo recibieran funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación y allá, en Buenos Aires, plantearon una última esperanza. Casi tres meses después lo consiguieron: el Estado argentino pagará una recompensa de $9 millones a quien pueda aportar datos sobre su paradero.
En mayo, desde el Ministerio de Seguridad le pidieron al magistrado un "oficio ampliatorio", y entonces se esperanzó en poder conseguir lo que finalmente lograron. "Tuvimos que empujar, y seguir empujando, como todo trámite administrativo. Mi idea es viajar a Buenos Aires a empujar personalmente, porque a veces pasa que hay que empujar en persona los trámites", contó Acosta a Entre Ríos Ahora cuando todo era incógnita. "Estimo que llevará tres o cuatro meses. Capaz es más largo, pero de mi parte voy a ir cumpliendo todos los requisitos que me vayan pidiendo", contó.
La familia Gill vivía en la estancia La Candelaria, en Crucesitas Séptima, departamento Nogoyá. El 13 de enero de 2002 se lo vio por última vez a Rubén Gill, quien tenía 56 años, el jefe de la familia; a su mujer Norma Margarita Gallego (26) y a sus hijos María Ofelia (12), Osvaldo José (9), Sofía Margarita (6) y Carlos Daniel (3). Lo último que se supo fue que habían emprendido un viaje corto -de unos 30 kilómetros- hasta la ciudad de Viale, donde estuvieron en un velorio.
Desde entonces, el expediente judicial ha estado rodeado por preguntas. En una primera instancia, la lupa judicial se posó sobre Alfonso Francisco Goette, propietario del campo donde vivía la familia Gill. Sin embargo, cualquier información que pudo haber tenido se perdió la noche del jueves 16 de junio de 2016, cuando el hombre murió en un siniestro vial.
La crónica policial de aquel día habló de una mala maniobra que provocó la salida de la ruta, el despiste y el vuelco de la camioneta Nissan Frontera que conducía el hombre, entonces de 70 años. El accidente fatal ocurrió en la intersección de las rutas 32 y 35.
El juez Acosta, quien desde 2015 está al frente de la investigación de la desaparición de los Gill, no ha dejado de realizar procedimientos, tomar testimoniales, contactar testigos y buscar apoyo de especialistas. Sin embargo, a 20 años de la desaparición, el magistrado lamentó que la causa siga sin datos que brinden una respuesta. "Hasta hora hemos fracaso como Justicia. La verdad no pudimos darle respuestas a los familiares de los Gill sobre lo que pasó con Mencho, Norma y sus cuatro hijos".
La búsqueda de los Gill ha requerido de los servicios del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que estuvo trabajando en La Candelaria, sin resultados.
"El Equipo de Antropología Forense sigue colaborando con la causa. Nosotros vamos a conseguir la información y luego informamos para ver si hacen el georadar. Si esta persona señala el lugar donde vio a Mencho, tomamos coordenadas y hacemos el georadar; después vemo si se excava", explicó.
El 13 de enero de 2022 se cumplieron 20 años de la desaparición de la familia. Consultado al respecto, el juez Acosta manifestó: "Vamos a seguir trabajando para dar una respuesta, para saber lo que pasó con ellos. Sin embargo, hasta ahora la sensación de lo que hemos hecho es de fracaso".
Ahora, el Ministerio de Seguridad de la Nación, que dirige Aníbal Fernández, ofreció una recompensa de $1,5 millón de pesos por cada uno de los integrantes de la familia desaparecida, que son 6, lo que totaliza $9millones por todo el grupo familiar.
Fuente: Entre Ríos Ahora.
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