El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Un reducido grupo de vecinos encabezado por el ingeniero Carlos Hartwig, realizaron dos acciones directas en Concepción del Uruguay, cortando los alambrados –ilegales, de acuerdo a las leyes vigentes– que impedían el acceso a dos lugares públicos: el miércoles pasado lo hizo en el borde costero del arroyo El Gato y el sábado en el balneario Paso Vera, eliminando el alambrado que lo separaba de Banco Pelay. Una de las damnificadas por la acción “desalambradora” es actualmente funcionaria municipal y ex concejala. En la playa hubo momentos de tensión y un intento de agresión por parte de los concesionarios y la Prefectura intervino para aclarar que no se puede volver a alambrar hasta que la Justicia resuelva la situación. Las redes sociales evidencian el apoyo ciudadano a la acción del inquieto profesional uruguayense. En diálogo con El Miércoles Digital, Hartwig dijo que espera que lo denuncien, así puede demostrar que Schepens “incumple sus deberes de funcionario público”.
Por AMÉRICO SCHVARTZMAN, de la redacción de El Miércoles Digital
El miércoles 18 de diciembre pasado el mediodía, Carlos Hartwig hizo una suerte de “prueba piloto”: cortó los alambrados que cerraban el acceso a una parcela que es propiedad del Estado entrerriano, pero que es ocupada desde hace 13 años por una familia estrechamente vinculada al Gobierno Municipal: la que forman el ex subsecretario de Planeamiento (1995-1999) Dante Sosa y la actual directora de la Producción Leticia Braslavsky. Esta pareja cercó el acceso a la costa del río en la desembocadura del arroyo El Gato, en un acto que Hartwig denuncia como ilegal porque viola el artículo 2369 del Código Civil (aquel que obliga a los propietarios limítrofes de ríos o canales a dejar un camino público de 35 metros hasta la orilla, lo que se conoce como “camino de sirga”). Además, el profesional asegura que la pareja ocupa ilegalmente ese terreno, pero ésa es otra historia.
Hartwig había anunciado en su programa de radio “A contramano” (Radio Franca, 98.1) que iba a realizar esta acción, y por si quedaban dudas, lo publicó también en el facebook, etiquetando a diversos medios y periodistas de la ciudad para que presenciaran la acción. El jueves, la pareja Sosa-Brasvlasky –seguramente previa consulta a algún asesor legal– se limitaron a mirar y levantar temperatura, en un mediodía de por sí muy caluroso. Con ayuda de unos pocos vecinos, el profesional cortó el alambrado, y luego recorrieron el predio, sacaron fotografías, filmaron y, sin otra consecuencia, se retiraron. Por el lugar pasaron móviles policiales y de Prefectura, pero se limitaron a mirar sin siquiera detener su camino. Sosa y Braslasvky no ocultaban su nerviosismo y su enojo, pero no quisieron hacer declaraciones.
A DESALAMBRAR PASO VERA
Pocas horas después Hartwig y sus compañeros subieron buena parte del registro de su acción directa a sus respectivos muros. Hubo tensión y algo de preocupación por la reacción de los “alambradores” ante el hecho. Pero la prueba piloto había sido un éxito. Tras ese episodio, y pese a la nula repercusión –ninguno de los medios controlados por el oficialismo hizo la menor mención a lo ocurrido–, el ingeniero Hartwig anunció que el sábado 21 haría lo mismo con otro lugar simbólico que ha concitado la ira de varios uruguayenses: el odioso alambrado que separa la playa de Paso Vera –un balneario de propiedad pública, concesionado y en el que se cobra el acceso– de la misma playa de Banco Pelay; alambrado montado por los concesionarios para evitar que las personas puedan acceder a un lugar que es de todos, sin pagar los 10 pesos de la entrada.
El INQUIETO “CACHILA”
Carlos Jaime Hartwig, conocido como Cachila desde sus años de estudiante, es ingeniero laboral, egresado de la UTN. También estudia Derecho –le faltan unas pocas materias para graduarse como abogado. Es muy conocido en Concepción del Uruguay por sus frecuentes denuncias, a veces desmesuradas pero siempre con fundamentos, y suele ser denostado por el oficialismo por sus modos poco tradicionales: no trepida en increpar a los gritos a concejales, amenazar con hacerle juicio a funcionarios, en ocasiones utiliza calificativos agresivos, pero buena parte de la comunidad le reconoce su constancia y su decisión para enfrentar situaciones injustas, sin importarle cuán poderoso sea el denunciado. Cachila tiene 53 años y tres hijos.
Durante los últimos años fue referente del Movimiento Por Todos, uno de los grupos políticos en los que se dividió el Frente Grande en su momento. Alejado por ahora de la política partidaria, Hartwig sigue muy activo en diferentes ámbitos de participación ciudadana. Y para exhibir contradicciones ajenas, no oculta su adhesión al proyecto político que encabeza la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al tiempo que acusa a los referentes locales del PJ de tener una total ajenidad respecto de ese proyecto: para Cachila, los gobernantes uruguayenses son menemistas disfrazados de progres.
EL QUE AVISA…
En 2013 inició un programa radial, denominado “A contramano”. Desde hace tiempo, Hartwig venía denunciando en ese espacio a funcionarios que “le roban al pueblo”, en especial algunas de las situaciones injustas de apropiación indebida de espacios que son de todos.
En diálogo con El Miércoles Digital, Hartwig explicó: “Todo esto comienza con varios temas que hay pendientes en la ciudad, entre otros: el intento de apropiación de clubes, la cantidad de usucapiones de propiedades que existen en la ciudad y que se hacen sobre la base de datos confidenciales de Catastro Municipal, el tema del Mercado, la Terminal y la entrega del patrimonio público. Todo esto me llevó a buscar información y ver cómo actuaban los funcionarios para enriquecerse apropiándose de bienes públicos y/o privados. Hay varios que venden propiedades de terceros sacando datos del munciipio. En este caso en particular del arroyo El Gato hace varios años se denunció el tema (ver El Miércoles número 23, de agosto de 2000) y las actitudes de Dante Sosa como funcionario, y luego de su señora como concejal de (Marcelo) Bisogni aprobando la entrega del Mercado… todo eso me llevó a decirle en una sesión: ‘Cuídense, de ahora en más en todo lo que les descubra los voy a perseguir para que paguen esta entrega’. Se molestaron y contestaron con la soberbia que los caracteriza cuando están en el poder”.
DENUNCIAS PREVIAS
Hartwig hace referencia a una situación que fue denunciada en su momento –trece años atrás– en el semanario El Miércoles, en la que se daba cuenta de la manera en la que Dante Sosa había aprovechado información a la que tuvo acceso privilegiado como funcionario municipal, para favorecerse personalmente cuando ya había dejado la función.
“Ya en la época de Bisogni, cuando Leticia (Braslavsky) era concejala, realicé denuncias sobre este tema en la Municipalidad y en la Justicia, pero nunca hicieron nada, nunca investigaron ni tomaron medidas. Porque no solo se apropiaron del terreno, la denuncia es porque se apropiaron de la vereda además, corrieron la línea municipal, realizaron conexión clandestina de agua que conectaron en la esquina en el caño que viene de San Isidro y termina en esa esquina, con un retro cavaron una zanja y colocaron un caño clandestino hasta su casa, que aun hoy puede verse el corte en el asfalto”, detalla Hartwig.
EL CAMINO DE SIRGA
¿Qué es eso del “camino de sirga”? En Paraná, recientes acciones municipales retomaron esta poco conocida disposición legal. En defensa del derecho al Camino de Sirga, vecinos de la capital se presentaron en la Defensoría del Pueblo de Paraná, que recomendó a la Municipalidad disponer las medidas necesarias para retirar alambrados que impedían el acceso a la costa. Para eso, el defensor del Pueblo Luis Garay requirió opiniones del Colegio de Abogados y de la Facultad de Derecho de la UCA, con sede en Paraná. Ambas ratificaron la vigencia del Camino de Sirga, la franja de terreno (35 metros) que los propietarios ribereños deben disporner para la libre circulación de quien requiera su uso. El Colegio de Abogoados citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo del 2009, en que el máximo tribunal dictaminó que “todos los dueños de propiedades de este tipo en el país (ribereñas), según lo establece el Código Civil, tienen una restricción al dominio de esa propiedad”, dijo. Recordó además que los propietarios tienen que dejar disponible 35 metros desde la ribera, no pueden darle a esa franja ningún otro uso “que no sea el común, destinado a facilitar la navegación y flotación. Si bien es parte de su propiedad, no pueden hacer uso de esa franja porque está destinada a la utilidad pública. Esa privación del uso no es indemnizable”.
El Código Civil Argentino, en su artículo 2.639, determina que los propietarios limítrofes con el río están obligados a dejar una calle o camino público de 35 metros de ancho hasta la orilla del mismo (Camino de Sirga), sin indemnización alguna y tampoco pueden realizar construcciones de ningún tipo sobre dicha franja. Por la misma ley el río pertenece al dominio público del Estado nacional, por lo tanto no se le puede prohibir a ningún ciudadano ingresar, permanecer, transitar, embarcar o desembarcar.
A DESALAMBRAR
¿Cómo surge la idea de cortar los alambrados? Hartwig lo explicó de este modo, que además resume claramente el estilo frontal y desenfadado de este inquieto vecino:
“En el programa de radio veniamos tratando estos temas, de los robos que hay en el municipio y cómo usan el cargo público no para defender a la sociedad sino para beneficiar a sus amigos y socios. En ese programa le puse el mote de ‘idiota’ al Intendente (Carlos Schepens) y ya todos saben que cuando digo idiota me refiero a él. Pero lo digo en el significado original, de su etimología griega, el idiota es aquel al que no le importa más que él, y se desentiende de la sociedad. Y también le puse el mote de ‘La Ladrona’ a esta funcionaria (Leticia Braslavsky) porque se quiere robar un bien que es de todos, y además hoy roba al no pagar los impuestos y tiene beneficios usufructuando bienes públicos”.
De ese modo, en el programa y con el intercambio con los oyentes, “se fue dando la idea de que ‘habria que entrar y pasar igual por el camino de sirga’ y algunos oyentes apoyaron esto. Ante ese apoyo, uno se pone un poco más provocador” –reconoce Hartwig– “Y así fue que dije: ‘Le voy a cortar el alambrado y voy a pasar’. Eso llevó a que los mismos oyentes me exigieran fecha del corte y bueno… puse una fecha medio por compromiso. Pero el día llegó y había que cumplir con la palabra”.
¿No pensaste en los riesgos? Por ejemplo, si los propietarios ofrecían alguna resistencia. Después de todo, dicen estar allí con derecho legal…
–Sí, claro que lo pensé. Yo venía de viaje, el miércoles pasado y pensaba en el tema. Elucubraba qué podría pasar, si llevarían alguna patota, si llamarían a la policía, a Prefectura, si me denunciarían… Incluso pensé si saldrían armados, a disparar algún tiro. Y la verdad es que por la mañana sentí temor, no hay por qué que ocultar que uno siente miedo de lo que no sabe que va a pasar. Terminé un trabajo que tenía que finalizar, porque si me metian preso no lo podría hacer… Estuve toda la mañana corriendo para dejar todo ordenado y sin compromisos. Y a eso de las 12:10 salí hacia el lugar. Éramos pocos, esperamos la hora y hablé con un abogado (Carlos Acosta) quien monitoreaba todo desde su teléfono. Coloqué la filmadora sobre el techo del auto y me dispuse a cortar los alambres y pasar, eso se concretó y corté los alambres, saqué parte del alambrado, y pasé. Recorrí todo el predio, saqué fotos y vi varias cosas que puse en el muro de mi facebook, como de quiénes son esas embarcaciones para denunciar en la AFIP, que pagan amarres en negro, me encontré con la dragalina que usó para escabar los amarres y vi que no fue devueta a la provincia que hace varios años no se sabe dónde está. También disfruté del paisaje y saqué muchas fotos.
¿Te extrañó que los “propietarios” (pongámoslo entre comillas) no reaccionaran, no llamaran a las fuerzas de seguridad, por ejemplo?
–No. No vino la Policía, ni Prefectura, hubiera sido lastimoso que vinieran ya que en lugar de ir a desalojar al ocupante ilegal de una propiedad pública hubieran puesto preso a quien los denuncia. Me parece que las fuerzas de seguridad se cuidaron y actuaron bien, ya habían sido advertidos al aire en el programa que si actuaban se atuvieran a las consecuencias de los delitos en que puedan incurrir. Eso sí, un ratito antes de que yo cortara estuvo Prefectura hablando con ellos en una camioneta y luego pasó dos veces un móvil de la Policía.
EN PASO VERA, TENSIÓN Y DERIVACIONES
El sábado pasado, Cachila Hartwig y otros vecinos, procedieron a cumplir la segunda acción directa que habían comprometido públicamente: a eso de las cuatro de la tarde, procedieron a cortar el alambrado que divide las playas públicas de Banco Pelay y Paso Vera. Un alambrado puesto por el concesionario de esa playa, con el objetivo de evitar que la gente accediera al lugar sin pagar los diez pesos de la entrada.
En esta ocasión la escena fue un poco más tensa: el titular de la concesión, Alberto Poggio, y algunos empleados, increparon a los “desalambradores”, e incluso Poggio intentó impedir que una joven (menor de edad) tomara imágenes. La cámara de la joven –hija de Juan Antonio Aguirre, uno de los vecinos que acompañaron a Hartwig en la acción directa– registró la agresión, por lo cual es probable que haya derivaciones legales del incidente.
No obstante, nuevamente la acción fue exitosa: el alambrado fue eliminado, y como corolario de la acción, la presencia de efectivos de la Prefectura, tranquilizando a todos los presentes, fue una suerte de broche de oro para el ingeniero Hartwig y sus audaces compañeros: los representantes de la fuerza explicaron al concesionario que hasta que la justicia no resuelva el tema, no pueden volver a alambrar. Desolados, no tuvieron más remedio que presenciar cómo los vecinos desarmaban el ominoso separador de la playa de todos.
PREFECTURA DIO LA RAZÓN A CACHILA
En su muro de facebook, Cachila narró de este modo los sucesos del sábado:
“Sacamos el alambrado que separa Paso Vera de Pelay, el paso y circulación por la playa es libre y no se debe cobrar. Estuvo presente la Policía, el jefe del Destacamento Pelay quien me intimaba a dejar de retirar el alambrado o me detendría; yo le informé que no era su jurisdicción y estaba por hacer un procedimiento ilegal, lo que le podría traer problemas. Por esa razón, llamó al jefe departamental (Gustavo Schierloh), quien le dijo por teléfono que llame a Prefectura”.
Así fue que minutos después se hizo presente personal de Prefectura. “Les informé los motivos y dijeron que tenía razón, que la playa es pública. Tomó todos los datos y le dijo al concesionario Poggio que haga la denuncia si lo creia conveniente. Luego finalizamos el retiro sin cortar ni romper el tejido tipo olímpico y pasamos a Paso Vera… sin pagar”.
ESPERANDO LA DENUNCIA
Hartwig dijo a El Miércoles Digital que no teme consecuencias de su acción, y al contrario, espera que lo denuncien, para poder demostrar que el intendente Schepens incumple sus deberes de funcionario público: “Estoy esperando las denuncias. Pero no creo que se animen a hacerla, porque es lo que necesito para denunciar a Schepens por incumplimiento en los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, ya que concesionó terrenos que no pertenecen al municipio, como el camino de sirga y la playa”.
APOYO EN LAS REDES SOCIALES
En distintos muros de facebook se pueden ver imágenes de ambos episodios. Y asimismo, la adhesión y el respaldo de numerosos vecinos y vecinas que alientan a Hartwig a seguir adelante en este reclamo, lo felicitan por su decidida acción e incluso le añaden información y datos que consideran pueden resultarle útiles.
Aquí compartimos los enlaces a algunos de esos sitios, para que la comunidad toda pueda acceder a los registros visuales.
La acción directa en El Gato:
La acción directa en Paso Vera:
https://www.facebook.com/carlos.hartwig/posts/681548285212025
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