El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
En una tensa reunión, vocales del STJ les confirmaron a los trabajadores que a fin de mes quedarían cesantes los “temporarios”, “suplentes” e “interinos” con menos de cinco años de antigüedad. La medida se presentó en el marco de un plan de regularización de la planta de personal de tribunales. La medida alcanzaría a unas 150 personas de las cuales 14 son de Concepción del Uruguay.
(*) Por JUAN CRUZ VARELA
Un número no determinado de empleados judiciales cesarán en funciones a partir del 30 de junio. El eufemismo implica lisa y llanamente el despido de todos aquellos trabajadores “temporarios”, “suplentes” e “interinos” con menos de cinco años de antigüedad. La medida alcanzaría a unas 150 personas, según sus propias estimaciones. Catorce de ellos son de Concepción del Uruguay.
“YA NO HAY PRÓRROGA”
Un grupo de trabajadores se reunió el jueves con los vocales Claudia Mizawak, Emilio Castrillón y Juan Ramón Smaldone. Fue la presidenta del STJ quien les confirmó que “ya no hay prórroga”, es decir, que quedarían cesantes todos aquellos temporarios que al 31 de diciembre del año pasado tuvieran una antigüedad menor a cinco años.
Menos diplomático estuvo Castrillón, integrante de la Comisión de Personal del STJ: “Ustedes saben que entraron por la ventana, porque era verano y estaba abierta”, les dijo a cara de perro. Igualmente provocador estuvo cuando los trabajadores advirtieron sobre la presentación de amparos masivos ante la andanada de despidos que se viene: “Presenten todo lo que quieran, resolvemos nosotros”, contestó.
El despido de los trabajadores temporarios se había aprobado por Acuerdo General del STJ el 23 de septiembre del año pasado. “El corte supone un parámetro de justicia, dado que los que tienen menos de esa antigüedad (cinco años), han podido en Paraná, y en la mayoría de las jurisdicciones, rendir concursos abiertos de ingreso al Poder Judicial dos veces, y en el resto de las jurisdicciones por los menos una vez”, fundamentó la Comisión de Personal, que integran Castrillón y Juan Ramón Smaldone, ampliada con la participación de la presidenta del alto cuerpo; los titulares de los ministerios públicos, Maximiliano Benítez (defensa) y Jorge García (fiscalía); Rubén Chaia y Federico Planas, por la Asociación de Magistrados; y Florentino Agostini, por el gremio de trabajadores judiciales (AJER). La fecha de corte se estableció en el último día de 2014.
En una comunicación al Poder Ejecutivo, firmada por Mizawak el 3 de octubre, se incluyó una nómina de 166 trabajadores de toda la provincia, de los cuales 107 cumplían funciones en Paraná. Ese es un número aproximado de cuántos serían los despedidos.
Sin embargo, esta disposición contradice resoluciones anteriores del STJ ante situaciones similares. En 2004, por ejemplo, se titularizó a todos los trabajadores que tuvieran más de cuatro años en funciones; y el año pasado se resolvió que alrededor de 200 “temporarios” con una antigüedad mayor a los cinco años pasarían a integrar “una estructura de personal con derecho a permanencia, pero sin estabilidad” ni posibilidades de hacer carrera.
Y sobre todo contradice la Constitución Provincial, que garantiza la estabilidad. El artículo 42 establece que “ningún empleado de la Provincia, de las municipalidades o las comunas con más de un año consecutivo de servicio, podrá ser separado de su cargo mientras dure su buena conducta, sus aptitudes física y mental, y su contracción eficiente para la función encomendada, a excepción de aquellos para cuyo nombramiento o cesantía se haya previsto, por esta Constitución o por las leyes respectivas, normas especiales”.
A fin de año se les dijo (informalmente) a los trabajadores que la aplicación de la medida se postergaba por seis meses, pero ya no tiene retorno. “Estamos limitados con los cargos”, insistió Mizawak hace unos días ante los empleados.
Sin embargo, la medida, que se presentó en el marco de un plan de regularización de la planta de personal de tribunales, no cuenta con el apoyo unánime de todos los vocales del alto cuerpo, según pudo saber Página Judicial. Los que se oponen advierten que el despido masivo de empleados podría resentir el servicio de justicia y mencionan que hay juzgados que perderían más de la mitad de su personal.
Este martes, en la reunión semanal de acuerdos, podría haber novedades
(*) Nota publicada en el sitio Página Judicial y reproducida por gentileza de su autor
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