El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El "sindicalista" millonario Allende, emblema de lo peor de la política entrerriana, reconoció lo que era evidente para cualquiera menos para el PJ que lo protegió y para la Justicia que mira siempre hacia otro lado: que se enriqueció de manera ilícita, es decir que es un corrupto. El 5 de agosto se conocerá la sentencia.
El ex diputado provincial y sindicalista millonario José Ángel Allende tuvo su segunda oportunidad en los tribunales entrerrianos y ahora el juez Elvio Garzón deberá decidir si homologa el acuerdo de juicio abreviado que implicaría una condena de prisión condicional (no efectiva) para el ex funcionario, publicó Página Judicial.
El abogado Leopoldo Lambruschini y los fiscales Laura Cattáneo, Álvaro Piérola y Leandro Dato presentaron el mismo acuerdo que el año pasado había sido rechazado. Este acuerdo, como aquel, implicaría una condena de dos años y ocho meses de prisión condicional e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos para Allende; el decomiso de su casa del Parque Urquiza valuada en 720.922 dólares y otra ubicada en el centro de Paraná que tiene un valor de 378.289 dólares; y el pago de una multa de 3 millones de pesos. Todo eso por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; un enriquecimiento patrimonial no justificado de 1.069.841,19 dólares a valores históricos –calculado en pesos sería de 4.983.146,14–; por haber hostigado a la ministra Sonia Velázquez; y por las amenazas a un comunicador.
–¿Está de acuerdo con que su situación procesal se resuelva mediante la modalidad de un juicio abreviado? –le preguntó el juez Garzón.
–Sí, señor juez –respondió Allende y esa respuesta la repetiría idéntica.
–¿Ratifica el escrito donde se expresan los términos en que ha sido concebido el acuerdo?
–Sí, lo ratifico porque ha sido el resultado del trabajo de mis abogados y de la fiscalía durante mucho tiempo; y porque este proceso lleva diez años y solo los que tenemos que enfrentar un proceso judicial por tanto tiempo sabemos lo que padecemos.
–Reconoce que los hechos existieron?
–Sí, señor juez.
–¿Reconoce ser el autor de esos hechos que le imputaron?
–Sí, señor juez.
–¿Está de acuerdo con la calificación legal?
–Sí, señor juez.
–Está de acuerdo con el monto y la modalidad de la pena que se ha pactado?
–Sí, señor juez.
Tras las preguntas de rigor al imputado, Garzón anunció que dará a conocer su veredicto el 5 de agosto. Puede homologar el acuerdo tal como lo han presentado los fiscales y la defensa o rechazarlo si considera que resulta necesario un mejor conocimiento de los hechos o no está de acuerdo con la calificación legal plasmada en tal acuerdo.
Como en 2020, la ministra Velázquez y el comunicador se opusieron al acuerdo, rechazaron la acumulación de todas las causas en un mismo procedimiento por ser todas de distinta naturaleza penal y pidieron que se determine la pena y resarcimiento que corresponde por cada delito. La funcionaria, además, cuestionó la calificación legal y pidió que Allende sea acusado por amenazas y coacciones en un contexto de violencia de género.
La abogada Fernanda Vázquez Pinasco, representante de Sonia Velázquez, aclaró que no se opone a que una resolución a través de un juicio abreviado sino al modo en que ha sido presentado el acuerdo. Según dijo, la ministra “no prestó su conformidad para este abreviado, con esta calificación y con esta pena que se acordó” y agregó que “el acuerdo de juicio abreviado no le fue informado en su totalidad” a la funcionaria.
Por su parte, el abogado Rubén Pagliotto, que representa al comunicador, presentó un escrito en el que cuestionó el modo en que se llevó adelante el proceso y resaltó que “el mecanismo de juicio abreviado, que comprendería todos los injustos cometidos, pese a tratarse de causas de distinta sustancia y naturaleza penal, con distintos sujetos como víctimas, que impide individualizar la pena para cada uno de los delitos”, de modo tal que los delitos que se atribuyen a Allende “quedarían subsumidas en un una especie de ‘combo’ o juzgamiento a ‘bulto cerrado’ de cuatro acciones delictivas, una más grave que otra”.
Lo que pretende es que se individualice la pena para cada uno de los delitos. De hecho, el fiscal Álvaro Piérola había elevado a juicio la causa que tenía como víctima al comunicador y adelantó que pediría una pena de dos años de prisión condicional.
De ser homologado el acuerdo de juicio abreviado, Allende también deberá realizar algún tipo de actividad relacionada con la violencia de género y la libertad de expresión.
En cuanto a los inmuebles decomisados, la fiscal Cattáneo pidió que se les asigne “una finalidad relacionada con el fortalecimiento de las instituciones republicanas”: concretamente, solicitó que la casa de calle Castelli 10, en el Parque Urquiza, sea asignada al funcionamiento del Consejo de la Magistratura; mientras que la propiedad ubicada en calle Laprida 152, donde actualmente hay una subsede de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio que regentea Allende, se convierta en la sede de la Unidad de Violencia de Género y Abuso Sexual del Ministerio Público Fiscal.
La novedad esta vez estuvo dada por la presencia de la Fiscalía de Estado en la audiencia. Julio Rodríguez Signes se manifestó de acuerdo con la valuación que se hizo de los inmuebles, pero no con el destino propuesto. Según dijo, quien debe determinar el uso que se dará a los bienes decomisados es el Poder Ejecutivo, aunque admitió la sugerencia que se plasma en el acuerdo del juicio abreviado.
La condena de Allende implica, además, la exculpación de su ex esposa, Adriana Guadalupe Satler; su actual pareja, Diana Traverso; y sus hijos, María Cristina, Julio y Victoria Allende, a quienes habría utilizado como testaferros para justificar el incremento patrimonial que tuvo entre 1999 y 2016, mientras ejerció como diputado provincial.
Según la acusación, en ese período, Allende adquirió bienes inmuebles, embarcaciones, automotores, hizo inversiones en plazo fijo y en sociedades comerciales por 4.983.146,14 pesos, una cifra que no pudo justificar con sus ingresos ni ahorros. Durante su mandato como diputado, también se interesó en forma directa e intervino en los trámites administrativos para el otorgamiento de subsidios no reintegrables por 1.358.617,98 pesos en favor de la Fundación Esperanza, entidad que integró junto con su pareja y su hija Victoria, algo que había sido denunciado por el periodista Jorge Riani.
Cabe recordar que el primer tiempo de este juicio terminó con el rechazo de este mismo acuerdo por parte del tribunal que integraban José María Chémez, Carolina Castagno y Alejandro Cánepa; aunque luego la Cámara de Casación Penal de Paraná declaró la nulidad de la audiencia de juicio abreviado y ordenó que se conforme un nuevo tribunal para que analizara el acuerdo. Ahora será el turno de que otro juez baje el martillo.
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