José Ángel Allende es millonario. Multimillonario, tal vez.

Tiene una casa fastuosa de cuatro pisos en el Parque Urquiza, una isla frente a la costanera de Paraná, un departamento en Puerto Madero, un haras para la cría de caballos, yate, autos de lujo y más, mucho más.

También tiene una causa penal por enriquecimiento ilícito que no avanza en la Justicia, otra por violencia de género y alguna más.

Ejerce la conducción de un sindicato como si fuera propio y quiere apropiarse, ahora formalmente, de un predio que pertenece a la Cámara de Senadores y que el sindicato ha usurpado y utiliza como estacionamiento.

El predio en cuestión tiene su ingreso por avenida Alameda de la Federación; pero la porción que interesa al sindicalista millonario es a través del acceso por calle Juan de Garay 277, que ya utiliza como estacionamiento. Es un enorme portón negro con chapas que si está cerrado impiden la visión hacia el interior, ubicado a escasos metros de la sede de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio de Allende.

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Se trata de terrenos que el Gobierno de Entre Ríos le donó a la Cámara de Senadores en el año 2006 para la construcción del edificio donde deberá funcionar la Legislatura y albergará también a la Biblioteca Provincial. Pero Allende dice tener una idea mejor: quiere ampliar su sindicato porque la capacidad se ha visto “totalmente superada por la demanda y el éxito de sus actividades tanto culturales como educativas”, y entonces se le ocurrió pedirle a la Legislatura que autorice la donación del terreno en cuestión.

Una historia de más de cien años

La historia tiene unos cuantos años y se ha escrito por capítulos.

Cuando el gobernador Eduardo Racedo dispuso el traslado de las autoridades a Paraná y se ordenó la construcción de la Casa de Gobierno, también se previó un espacio para el emplazamiento de los recintos de la Legislatura. Así ha funcionado hasta ahora.

Pero con el tiempo, y ante las necesidades organizativas de los dos poderes, los espacios que ofrece el histórico edificio se vieron desbordados y empezó a pensarse en la posibilidad de trasladar el palacio legislativo. Un informe elaborado en 2006 hablaba de un “estado de desorden y crisis por sobreocupación del edificio de la Casa de Gobierno” y quien dio el puntapié inicial fue el entonces vicegobernador Pedro Guillermo Guastavino solicitando al Poder Ejecutivo la donación de tres propiedades contiguas ubicadas sobre avenida Alameda de la Federación al 200, frente a la Plaza Carbó.

La donación se concretó en mayo de 2006 y la Ley Número 9.701 estableció expresamente que la transferencia de las tres porciones de terreno, que en total sumaban 3.898,45 metros cuadrados, sería para la construcción del edificio donde deberá funcionar la Legislatura, con la reserva de un espacio destinado a la Biblioteca Provincial, que ya funcionaba en uno de esos inmuebles. La misma norma contemplaba además la unificación de esos tres inmuebles con otro –en la misma cuadra– que el Senado había adquirido en 2004 para alojar allí la Biblioteca de la Legislatura.

También se hablaba entonces de que la construcción del palacio legislativo significaría un ahorro para las arcas públicas a partir de la relocalización de oficinas dentro de la Casa de Gobierno por la absorción de aquellas que actualmente ocupa la Legislatura, como también porque los diputados y senadores dejarían de alquilar para oficinas de sus asesores.

El proyecto quedó envuelto en una nebulosa hasta que hacia fines de 2010 el entonces ministro Planeamiento, Guillermo Federik, sorprendió al anunciar un ambicioso plan de obras que incluía, entre otras, el llamado a concurso nacional e internacional para la construcción del nuevo edificio de la Legislatura. Se hablaba también de nuevos edificios para el Ministerio de Planificación, en la zona de los ferrocarriles; el Ministerio de Salud, junto con el actual Hospital de la Baxada; el Ministerio de Economía; y un futuro Palacio de Educación, que incluiría un Museo de la Educación. Nada de todo eso se concretó.

Ni lerdo ni perezoso, Allende, el diputado y sindicalista millonario, vio una oportunidad. Primero instaló el estacionamiento de UPCN en un predio ubicado sobre avenida Alameda de la Federación, pero que tiene un portón trasero sobre calle Juan de Garay 277; y después directamente pidió al Poder Ejecutivo que autorice a la Legislatura su venta. El proyecto plantea la donación de 2.332,30 metros cuadrados de esos terrenos para la ampliación edilicia del sindicato.

Por ahora, el proyecto no ha sido tratado y duerme en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados. Mientras tanto, Allende tiene su estacionamiento gratis a la vuelta de su sindicato y a pocas cuadras de la Casa de Gobierno.

(*) Artículo publicado este viernes 18 de enero en Página Judicial y se reproduce por gentileza de su autor.