El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El abogado paranaense, Rubén Pagliotto, amplió la denuncia presentada hace dos meses por las declaraciones periodísticas del fallecido empresario de la construcción, el uruguayense Víctor Pietroboni. La nueva presentación pide que se investigue la responsabilidad del ex secretario de Obras Públicas, José López; del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner; y por fuera de la función pública también se investigue al empresario Lázaro Báez.
El trámite fue realizado. “Las declaraciones radiales oportunamente efectuadas, dan cuenta con minuciosidad y lujo de detalles sobre circunstancias de modo, tiempo y lugar, relativas al manejo harto irregulares en el proceso de contratación de obras públicas que, sin duda alguna y de comprobarse su veracidad, configuran ilícitos contemplados en el catálogo represivo y conminados con penalidades severas”, asentó Pagliotto en el nuevo documento.
La ampliación de denuncia cuestiona la falta de información sobre la investigación abierta hace dos meses en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. “Se impone la urgente requisitoria fiscal de investigación penal y la disposición de medidas probatorias como las sugeridas en el escrito promocional y/o las que el justo y elevado criterio de la Sra. Fiscal considere pertinentes y útiles al esclarecimiento de la verdad forense”, sugiere en uno de los párrafos el abogado.
Luego agrega que ratifica que la denuncia oportunamente efectuada -el 16 de junio de 2016-, “se deberá hacer extensiva a los señores Lázaro Báez; José Francisco López; Julio De Vido; Cristina Fernández y /o quienes en decurso de la faena investigativa y a la luz de la colecta probatoria, aparezcan como coautores y/o partícipes, cualquiera haya sido su grado de participación, en el o los injustos acometidos, en los procesos de selección de contratistas por obras públicas a realizar, con especial énfasis -aunque no de modo excluyente- en las que tuvieran que ver con la construcción de trama vial, en la provincia de Entre Ríos, sin perjuicio de las de otro tipo que se hayan licitado, desde el 25/05/2003 hasta el 10/12/2015”.
Según publicó Análisis Digital en el mismo escrito, Pagliotto también advierte que este nuevo pedido “se justifica en la falta de información que tenemos ambos denunciantes sobre el particular, entendiendo que han pasado ya más de dos meses desde que la denuncia fue radicada y que gozamos del derecho a estar debida, oportuna y completamente informados acerca de la marcha del proceso, en atención a nuestro carácter de denunciantes. Si bien somos conscientes de que el fallecimiento de Víctor Pietroboni extingue contra él la acción penal, al haber otros ciudadanos denunciados, el proceso debe continuar contra ellos o al menos informarnos ese MPF cuál ha sido el temperamento adoptado sobre el particular”.
LA PRIMERA PRESENTACIÓN
La denuncia presentada hace dos meses por Pagliotto y Guillermo Mulet, se originó por las declaraciones periodísticas vertidas por el fallecido Víctor Pietroboni sobre la cartelización de la obra pública durante el kirchnerismo. Fue interpuesta el 16 de junio en Concepción del Uruguay, ciudad donde habitaba el extinto empresario, y donde pronunció los dichos periodísticos.
Esas declaraciones “revisten una gravedad inusitada porque cuenta detalladamente cómo es que las empresas deben recurrir a un método impúdico para no perder rentabilidad ante los sobornos que reciben”, consideró entonces el abogado de Paraná, y agregó: “Es la primera vez que un peso pesado de la construcción reconoce explícitamente cómo se opera de manera corrupta en la obra pública”.
La denuncia fue realizada ante la doctora Mariela Montefinale -secretaria subrogante-, a cargo de la Fiscalía Federal, que reemplaza a la representante del Ministerio Público Federal de Concepción del Uruguay, María de los Milagros Squivo.
EL ORIGEN
El empresario de la construcción Víctor Pietroboni, cuya empresa participó de licitaciones para obras públicas, afirmó que no tenía posibilidades “de competir” con Lázaro Báez para obtener contratos del Estado, ya que recibía “llamados desde la Nación diciendo que no podíamos molestar las obras” en las que éste último se presentaba, al tiempo que reconoció la existencia de sobreprecios.
Pietroboni lo dijo así cuando salió a desmentir un escrito que Báez presentó ante el juez federal Sebastián Casanello a fines de mayo último, en el que lo incluyó en un listado de 36 empresarios y compañías que se beneficiaron en negocios con el Estado en la obra pública durante el gobierno kirchnerista.
En diálogo con Radio 9 de Concepción de Uruguay, Pietroboni admitió tener contacto “directo” en muchos casos con el también detenido ex secretario de Obras Públicas, José López. Relató que desde el Ministerio de Planificación Federal “llamaban y por orden expresa de la presidenta Cristina Kirchner, nos decían: en esto no te metas porque viene para Báez, decide el Ejecutivo”.
“El daño que le ha hecho al ambiente de la construcción es tremendo”, comentó en alusión a Báez, y sostuvo que “las obras nuestras están terminadas y recibidas, las obras de Báez están cobradas en más del 70 por ciento y no están hechas”.
Pietroboni dijo que “las obras en Santa Cruz las manejaba Báez, donde tuvo más de 20.000 millones de pesos de obras”, y explicó: “La provincia de Santa Cruz licitaba, pagaba Vialidad de la Nación, y el pliego era limitativo ya que no podía trabajar otra empresa que no haya trabajo en los últimos cinco años, un cerco para que solo las empresas de Lázaro Báez puedan ganar las obras”.
Según el empresario entrerriano, esas obras “tenían un sobreprecio y por encima de eso les certificaban obras no ejecutadas, donde hacían 50.000 metros cúbicos de terraplén y les pagaban 200.000”.
Asimismo, “inventaron el ítem de remediación de Yacimiento para arreglar las canteras de los pozos que se explotaban”, señaló y detalló que “había que arreglar los bordes, taludes, para que no se forme una laguna, en un trabajo que se hacía en diez doce días y que puede costar 800.000 pesos, Lázaro Báez cobraba 10 millones de dólares”.
Respecto a las coimas y sobreprecios, remarcó que “es una condición del mercado que si no la contemplas la tenés que sacar de otro lado”, y aseguró que se produce “en el mundo entero, pero de ninguna manera llega al 20 por ciento de la obra en países como Paraguay o España, donde trabajamos”.
“Está mal, pero no tiene nada que ver con las empresas favorecidas por el kirchnerismo, es una cosa indefendible”, agregó y precisó que “los sobreprecios los hicieron para perpetuarse comprando voluntades en las elecciones para poder ganar”, y sostuvo que el kirchnerismo “lo tenía en su Gobernación de Santa Cruz”.
Desde la empresa entrerriana “estamos tranquilos de que se investigue si nuestra empresa está involucrada en lavado de dinero, tenemos más de 50 años de trayectoria, nos dedicamos a hacer obras y las terminamos”, confirmó y mencionó que su empresa contrató 2.800 millones a lo largo de la era Kirchner, el 15 por ciento de la facturación total de la compañía”.
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