El gobernador Gustavo Bordet dispuso un incremento de las asignaciones familiares que perciben los funcionarios y agentes que desempeñan tareas en cualquiera de los tres poderes del Estado provincial. Además, subieron los topes salariales para percibir estos beneficios.
Estos nuevos valores rigen a partir del 1° de marzo de 2016. También se incrementaron los haberes nominales que determinan las asignaciones –es decir, los topes salariales para acceder a las mismas– debido a los incrementos de remuneraciones de los distintos escalafones de la administración pública.
La asignación por hijo, para salarios de hasta 12.079 pesos, ahora es de 966 pesos. Para quienes perciben entre 12.079 y 16.520 pesos de sueldo, es de 649 pesos. A quienes cobran entre 16.520 y 33.878 pesos de sueldo, les corresponden 390 pesos. Y a quienes cuentan con haberes mayores a 33.878, 199 pesos.
Para el prenatal rigen los mismos valores que para la asignación por hijo, publicó APF.
En tanto, por la asignación por hijo con capacidades diferentes, quienes tienen salarios de hasta 16.520 pesos, les corresponden 3.150 pesos. Para quienes cobran entre 16.520 y 33.878 pesos de sueldo, es de 2.227 pesos. Y los empleados y funcionarios que perciban sueldos mayores a 33.878, cobrarán 1.246 pesos por esta asignación.
La asignación por nacimiento, para quienes cobran hasta 33.878 pesos de salario, es de 1.125 pesos. Y para los que perciben sueldos mayores a 33.878 pesos, 690.
Asignación por adopción: a los salarios de hasta 33.878 pesos le corresponden 6.748 pesos por esta asignación; a los sueldos mayores a 33.878, 4.153 pesos.
Por último, la asignación por matrimonio es de 1.687 pesos para quienes perciben hasta 33.878 pesos de sueldo; y de 1.038 para los salarios superiores a 33.878 pesos.
Los montos anteriores se encontraban vigentes desde el 1° de marzo de 2015.
El incremento de las asignaciones se estableció a través del decreto Nº 546 del Ministerio de Economía de la provincia, que tiene fecha del 29 de marzo y fue publicado en el Boletín Oficial del 8 de abril. La norma lleva la rúbrica del Gobernador y fue refrendada por el ministro de Economía, Hugo Ballay.
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