El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El Presidente de la Nación decidió que cobrará el equivalente a siete sueldos mínimos y quiere que los otros poderes hagan lo mismo: pidió a los legisladores y a la Corte Suprema tomar medidas similares. Además, quiere reconvertir productivamente a miles de “ñoquis” del Estado Nacional. Están analizando cómo evitar que, por la medida, aumente la desocupación en la Argentina. También están en la mira el presupuesto de las Fuerzas Armadas, los subsidios a la Iglesia Católica y a las grandes empresas, en tanto no afecten a los contribuyentes.
Redacción de El Miércoles, en base a Télam
El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció en la noche de ayer un nuevo paquete de medidas destinadas a “dar el ejemplo desde la clase política y desde el Estado”, según explicó en una ronda informal al pequeño grupo de periodistas que cubren sus entradas y salidas del departamento que ocupa en Puerto Madero.
Fernández, que regresaba de una cena cuando dialogó con los periodistas, reveló que envió un proyecto de ley al Congreso en donde propone que las remuneraciones de quienes están a la cabeza de los tres Poderes del Estado no supere el monto de siete salarios mínimos. Hoy esa suma asciende a 16.875 pesos, por lo cual la remuneración del titular del Poder Ejecutivo sería de 118.125 pesos. Menos de la mitad de lo que ganaba Mauricio Macri, y que ahora percibe Fernández: 268.056 pesos.
“Quiero ser cuidadoso de los aspectos legales, por eso envié el proyecto al Congreso, para que los legisladores y legisladoras se sumen a la austeridad”, dijo el mandatario. Del mismo modo, en la tarde de hoy se reunirá con los miembros de la Corte Suprema de Justicia para sumarlos a la iniciativa: "No podemos pedirles esfuerzo a nuestros compatriotas si nosotros ganamos sueldos o dietas que llegan a 300 o 400 mil pesos", enfatizó.
Como parte del paquete de medidas, el Presidente anunció también que se darán de baja miles de contratos del personal que no concurre a cumplir función alguna en los poderes Ejecutivo y Legislativo. “Son muchos los casos de ñoquis, como se los denomina popularmente, en el Estado Nacional. Pero la idea no es echar a nadie, sino dejar caer los contratos que vencen el 31 de diciembre. A quienes son planta permanente y no concurren a trabajar, les vamos a ofrecer que renuncien voluntariamente para evitar que les hagamos sumarios. Pero la idea no es que queden en la calle: vamos a proponerles reconvertirse productivamente”.
"No podemos pedirles esfuerzo a nuestros compatriotas si nosotros ganamos sueldos o dietas que llegan a 300 o 400 mil pesos".
Dijo que el equipo del Ministerio de Economía junto con la Secretaría Legal y Técnica están analizando cómo evitar que, por la medida, aumente la desocupación en la Argentina. “Una de las ideas más fuertes que tenemos es un gran plan de capacitación a los ‘ñoquis’ para que formen empresas productivas, en ese sentido avanzamos en un plan con el INAES con la idea de que formen cooperativas y ofrezcan sus servicios a empresas privadas, y por qué no, también al Estado en todos sus niveles”.
¿SE DISUELVE EL EJÉRCITO?
También, adelantó, evalúan eliminar las Fuerzas Armadas, en una medida tan inesperada como impactante: sería el equivalente a la mitad del déficit fiscal, que es precisamente uno de los principales compromisos que el Gobierno asumió en sus negociaciones preliminares con los representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El ministro de Economía, Martin Guzmán, es el principal impulsor de la medida. "Es casi la mitad del déficit fiscal en el presupuesto bianual", explicó el funcionario en diálogo con Télam. “Hoy el presupuesto de defensa nacional es equivalente al 0,9% del PBI, lo cual no es alto si se compara con países centrales. Pero el hecho es que no tenemos hipótesis de conflicto con ningún país vecino, son temas que hemos resuelto en los 36 años de democracia, con lo cual tener Fuerzas Armadas es un lujo que no necesitamos”, dijo Guzmán.
La idea del Gobierno es disolver las Fuerzas Armadas, dar de baja todo su personal, vender la enorme cantidad de bienes de las fuerzas y solamente mantener activas las fuerzas de seguridad. En ese sentido, el Presidente anticipó que envió gente de su máxima confianza a Costa Rica, para interiorizarse sobre la experiencia de ese país hermano, que lleva 80 años sin ejército.
Según Fernández, Guzmán también le indicó que en una proyección por ahora parcial, la venta de los bienes de las Fuerzas Armadas significaría “un recupero aproximado de unos cinco mil millones de dólares, que se destinarían precisamente a crear empresas y reactivar la industria, mediante un gran plan nacional de construcción de viviendas”.
"Con los ñoquis, la idea no es que queden en la calle: vamos a proponerles reconvertirse productivamente”.
PLAN CUATRIENAL DE VIVIENDA
Con esos fondos, la intención es llevar adelante un gran Plan Cuatrienal de Vivienda, que eliminaría el problema del déficit habitacional de los argentinos (calculado en dos millones de soluciones habitacionales) pero al mismo tiempo reactivaría la economía nacional de una manera impactante: “La construcción o refacción de cuatro millones de viviendas en cuatro años es en sí mismo un verdadero shock productivo: primero, en la inmediata creación de cientos de miles de puestos de trabajo, pero además en todo lo que significa luego equipar esos hogares. La Argentina va a renacer, y lo vamos a hacer en estos cuatro años”, se entusiasmó el Presidente.
El mandatario explicó: "La prioridad es reactivar el país, salir de la recesión y la inflación, volver a crecer y entonces sí poder pagarle a los acreedores externos. El FMI nos aseguró que está dispuesto a esperar. Creemos que en cuatro años, lo estaremos logrando. Y si no será en mi próximo gobierno". En este punto, el Presidente parecía que concluiría la conferencia de prensa, pero volvió y dijo: "Ah! y no nos olvidamos de los jubilados de 19.000 pesos para arriba. Una vez que hayamos logrado todo eso, les recompondremos sus haberes. Así que traten de llegar bien para esa fecha, jajaja".
CABANDIÉ, SIN TRABAJO
Otra novedad que comunicó el Presidente es que disolverá el Ministerio de Ambiente. De modo que a la lista de reducciones de personal habrá que agregar a Juan Cabandié.
Alberto aseguró que el episodio de la Ley 7722 de Mendoza fue lo que lo convenció. “Yo no sabía nada sobre el tema cuando anuncié como un gran avance esa ley. Y el ministro de Ambiente creo que sabia menos que yo. Así que, sí, voy a cerrar el Ministerio de Ambiente: no sirve para nada. Será un gran ahorro, porque tanto sea para prevenir como para reclamar, funcionan mucho más aceitadamente, tienen mejor información y propuestas más razonables las organizaciones ambientales, que están en todo el país, y además ¡no nos cuestan un peso!".
"Sí, voy a cerrar el Ministerio de Ambiente: no sirve para nada".
El propio ministro, en diálogo con radio UNER Paraná, adelantó que escribirá un libro narrando su breve paso por el Ministerio. “Ya tengo el título: ‘Pero no me disfracé de planta’. Creo que hace justicia a mi gestión”, declaró.
El gobierno también quiere eliminar los subsidios que todavía reciben las empresas concesionarias de agua, electricidad, gas y transporte. Según distintos informes del Estado, esos subsidios siguen beneficiando, en especial, a los sectores de ingresos medios y altos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), “en detrimento de los sectores más vulnerables y las regiones de menor ingreso relativo del país”, aseguraron. Ante la pregunta si esa eliminación no produciría nuevos aumentos en las tarifas para esos usuarios, la respuesta del ministro Guzmán fue un tanto sorprendente: “Todo no se puede. ¿Quieren que achiquemos los gastos del Estado o no?”
¿Y LA IGLESIA?
Otro aspecto que está en estudio, reveló el Presidente mientras estacionaba despaciosamente su auto, es dejar de pagarle el sueldo a obispos y otros religiosos y de financiar el culto católico, así como la enseñanza religiosa. Como es sabido, el Estado se hace cargo del salario de arzobispos y obispos, que corresponden al 80% del salario de un juez nacional de primera instancia. Ademas subsidia a los sacerdotes que se encuentren en zonas de frontera o muy desfavorecidas y a seminaristas. En total, se sostiene a 132 obispos y arzobispos, 568 sacerdotes y 1.120 seminaristas, aunque estas cifras son de 2016, por lo cual puede haber habido aumentos.
Desde la Secretaría Legal y Técnica de la Nación se trabaja en la propuesta de derogación de las leyes que establecen esas obligaciones (la Ley 21.950, la 22.162, y la 22.950), pero también se estudia eliminar los subsidios a las instituciones educativas religiosas, así como las exenciones impositivas, como el Impuesto a las Ganancias o en el IVA, un beneficio que se extiende a otras entidades religiosas. No hay cifras precisas de a cuánto asciende en total la suma de todas esas prerrogativas, pero se calcula que podría llegar a ser algo menos de medio punto del PBI, lo cual sumado al ahorro con la supresión de las Fuerzas Armadas, estaría contribuyendo fuertemente a achicar el déficit, tal como pide el FMI.
Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica, dijo a Radio Nacional que “si bien no se trata de un gran gasto en comparación con otros aspectos, aquí hay una rigurosa cuestión de ecuanimidad: ¿por qué los impuestos de personas que no pertenecen a esa confesión religiosa, o que carecen de ella, deben sostener un culto en el que no creen? El Estado, a lo sumo, puede ofrecerse a mantener un impuesto especial que solo abonen las personas que se consideran católicas, cobrarlo, recaudarlo y depositárselo a la Iglesia, pero nada más. E incluso estamos evaluando eso, porque ¿qué ocurre si todas las otras confesiones también nos piden algo similar? El Estado no puede ser el ‘cobrador oficial’ de las religiones. Como diría Pappo, que se busquen un empleo honesto”, azuzó la funcionaria.
"El gasto en Fuerzas Armadas es casi la mitad del déficit fiscal en el presupuesto bianual".
POLÉMICA EN CIERNES
El inesperado anuncio produjo cierto estado deliberativo entre la dirigencia política de diferentes sectores, incluido el propio oficialismo. Por lo pronto, en el Congreso ya aparecieron carteles que dicen: “Austeridad: resistir con aguante”, y se asegura que comenzaron a autoconvocarse legisladores que quieren poner freno al proyecto.
Un veterano conocedor de la interna del justicialismo, dijo off the record a este medio: “No va a funcionar. Lo que se va a achicar legalmente, se va a terminar yendo por izquierda. Porque estamos todos demasiado acostumbrados a otra vida. ¿El Presidente va a ganar siete salarios mínimos? ¡Déjese de embromar! ¿Cuánto sería hoy, 100 mil pesos por mes? ¡Pero hermano! ¡Con eso no puede ni pagar las expensas en el depto de Puerto Madero!”.
Un senador entrerriano del oficialismo también relativizó el anuncio: “Es para la gilada. Para que no protesten si en marzo no les reajustamos las jubilaciones y se viene un ajuste mayor”. Y luego recalcó: “No hay que ser tan inocentes, che”.
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