El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El actual gobernador entrerriano forma parte del listado.
El fiscal federal Gerardo Pollicita firmó un dictamen que reveló la existencia de cientos de informes secretos de inteligencia sobre miles de “objetivos”, que incluyeron altos políticos, jueces de la Corte y la Justicia Federal, periodistas y empresarios. En el caso aparecen dos funcionarios kirchneristas, uno de ellos, el camporista Fabián Rodríguez, supuesto promotor y financista de uno de los hechos de espionaje, según el dictamen fiscal.
La historia empezó cuando se descubrió que Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, el joven misionero procesado por haber hackeado el teléfono del exministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, también hackeó las líneas de cuatro jueces que tenían casos de alto voltaje político: Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu (dos de los tres que condenaron a Cristina Kirchner), y los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.
Como ese tramo del caso involucraba a magistrados federales, pasó a Comodoro Py, mientras lo de D’Alessandro se tramitaba en la Ciudad de Buenos Aires. Por sorteo, les tocó al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal federal Gerardo Pollicita.
Después, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, denunció que alguien pretendió sacar líneas telefónicas a nombre de él sin su conocimiento. Esta nueva denuncia la recibió también Pollicita, que hizo las primeras medidas urgentes y la envió a sorteo. Le tocó entonces a Martínez de Giorgi con otra fiscal, Paloma Ochoa, pero Martínez de Giorgi consideró que, por conexidad, debía investigarse con la causa de los jueces y Nuñes Pinheiro, relataron fuentes judiciales. En este expediente hoy están formalmente imputados Nuñes Pinheiro, otro misionero llamado Santiago Machado y el policía retirado Ariel Zanchetta, convertido en el personaje clave del caso por toda la información que se encontró en sus teléfonos.
¿Quién es y por qué detuvieron al policía Ariel Zanchetta?
Ariel Zanchetta es un policía retirado de 57 años, nacido en Junín, que se presenta como periodista. Los investigadores llegaron a él buscando cómo se hacía Nuñes Pinheiro de los datos personales de los jueces que necesitaba para tomarles sus teléfonos. Pollicita detectó que los datos eran buscados en una base llamada Sudamericadata Group (que tenía información obtenida presuntamente de forma ilícita). Ante la consulta del fiscal, los responsables de esa base de datos respondieron que quien figuraba como responsable de la búsqueda de la información de los jueces era Zanchetta. El 26 de junio de este año, Zanchetta fue detenido y desde entonces está preso. En su currículum, que Pollicita incorpora en el dictamen, Zanchetta dice haber hecho cursos de periodismo (y de contrainteligencia) y consigna haber trabajado como asesor de la Comisión de Seguimiento de Organismos de Inteligencia del Congreso hasta diciembre de 2017 y ser “corresponsal y colaborador para el diario del Grupo Clarín de Buenos Aires CABA”. En el sitio web de Clarín no aparecen notas firmadas por él.
Según el dictamen de Pollicita, Zanchetta fue 25 años agente de la Policía Federal Argentina (desde 1988 hasta 2013) y, de acuerdo con lo que él mismo consignó en su currículum, se formó en la Escuela del Cuerpo Federal de Inteligencia de la PFA y, en esa fuerza, prestó funciones “en materia de inteligencia y contrainteligencia criminal”. Después -dice el fiscal- fue incorporado como agente “inorgánico” de la SIDE, “cuanto menos hasta fines de 2015″ y en ese rol “habría realizado actividades de inteligencia para funcionarios de dicho organismo”. Según Pollicita, Zanchetta nunca abandonó sus tareas de espía al servicio de terceros: “Cuanto menos, desde comienzos del año 2016 y hasta su detención el 26 de junio de 2023, se habría dedicado en forma constante y permanente a la realización de actividades de inteligencia ilegal”.
Los investigadores se llevaron de lo de Zanchetta computadoras y teléfonos, y en la causa se encargó un gran “allanamiento informático” a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que depende de la Corte Suprema. Según el dictamen de Pollicita, la Dajudeco encontró 1196 informes sobre diferentes “objetivos”, desde el presidente Alberto Fernández y los candidatos Sergio Massa y Javier Milei, hasta jueces, periodistas, sindicalistas y religiosos; también, algunos casos de personas sin exposición pública. Hasta ahora, lo analizado fueron dos computadoras y un teléfono, dijeron fuentes judiciales. En esos dispositivos se encontraron, por ejemplo, 19 videos grabados con cámaras ocultas. Resta revisar el contenido de 17 aparatos más. Pollicita advierte que todavía no se puede precisar la cantidad de personas que fueron objeto de este espionaje ilegal.
Zanchetta y los dirigentes Rodolfo Tailhade y Fabián “Conu” Rodríguez
El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, uno de los principales impulsores del juicio político contra los jueces de la Corte y denunciante frecuente de diferentes magistrados, y Fabián “Conu” Rodríguez, alto dirigente de La Cámpora, muy cercano a Máximo Kirchner, figuran entre los contactos de Zanchetta.
En el informe de la Dajudeco incorporado a la causa aparecen diálogos entre el policía retirado y ellos dos. Pollicita transcribe un intercambio de chats entre Zanchetta y Rodríguez, en el que el funcionario camporista le pide información sobre Victoria Tolosa Paz, cuando se hizo público que iba a ser ministra de Alberto Fernández. Rodríguez le envía un link del sitio web del “country donde vive la nueva ministra de Desarrollo Social”. Zanchetta le pregunta: “Necesitas un parte. O armo algo para portal. De esta tengo todo”. Rodríguez le responde: “Todo suma” y sobre el parte: “Esto me vendría bien también. Para tener”. Zanchetta contesta: “Dale, te mando toda la tira como le decimos nosotros. Mañana lo tenés. Y armo nota tema country por dios esta mina no toca a un pobre no con una caña y si lo toca con una caña se lava las manos con alcohol”. Zanchetta le dice a Rodríguez que el mes siguiente iba a viajar “a Capital” y quedan en verse.
Según Pollicita, está probado que Rodríguez le pagaba a Zanchetta “a través del otorgamiento de pauta oficial” al sitio “Enclave.ar” de parte del Ministerio de Comunicación Pública del gobierno bonaerense. El fiscal recordó que Rodríguez fue Subsecretario de Coordinación de Medios en la provincia desde el 11 de diciembre de 2019 hasta agosto de 2022, antes de asumir su cargo actual en la AFIP. Lo que se comprobó que Zanchetta cobró en un año fueron $1.980.000 (recibía pagos mensuales hasta que lo detuvieron; los últimos meses, de $200.000). También las municipalidades de San Isidro ($98.000 por mes, de mayo a octubre de 2023) y de Leandro N. Alem ($20.000 por mes, de marzo a mayo) figuran con pagos de publicidad oficial a Enclave.ar en el dictamen de Pollicita. En el caso de Rodríguez, Pollicita destaca que además de haberle encargado la tarea de inteligencia sobre Tolosa, el funcionario le gestionó el cobro de la pauta, según surge de los chats.
En cuanto a Tailhade, no aparece en el dictamen del fiscal, pero el informe sobre el teléfono de Zanchetta que hizo la Dajudeco da cuenta de intercambios con el diputado. Entre los diálogos incorporados a la causa hay uno en el que Tailhade le pide: “Cuando quieras contame lo de Juez” y, ante la confirmación de Zanchetta de que se lo va a pasar, el diputado le dice: “Te paso un correo seguro”. Además, Tailhade le agradece un informe sobre las causas de Elisa Carrió y Zanchetta le ofrece los chats de los jueces y funcionarios que viajaron a Lago Escondido y hablaban sobre cómo ocultarlo. Tailhade, que durante el gobierno de Cristina Kirchner fue director de Contrainteligencia de la SIDE, se presentó en la Justicia y se puso a disposición. Este martes dijo a La Nación que es víctima de una “operación berreta de Rosatti y [Silvio] Robles”, mano derecha del presidente de la Corte, para “atacar el pedido de juicio político” a los jueces del máximo tribunal.
Zanchetta “por su cuenta o por orden o disposición de terceras personas obtuvo y reunió información personal de miles de personas -entre ellas, políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, dirigentes sociales, deportivos y sindicales, entre otros- la que luego sistematizó y analizó en, al menos, 1196 informes de inteligencia”, escribió Pollicita.
Según supo La Nación, había informes básicos, con datos tales como trabajo, ingresos, nombres de sus familiares, y otros que incluían seguimientos, datos de informantes y cámaras ocultas.
La lista de espiados
La lista de los políticos que fueron objeto de las investigaciones incluye a Alberto Fernández, Massa, Milei, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Juan Manuel Urtubey, Axel Kicillof, Gustavo Bordet, Gerardo Morales, Rodolfo Suárez, Gerardo Zamora, José Alperovich, Jorge Capitanich, Antonio Bonfatti, Omar Perotti, Gustavo Valdés, Elisa Carrió, Miguel Pichetto, Graciela Caamaño, Diego Santilli, Carolina Piparo, Florencio Randazzo, Cristian Ritondo, Joaquín de la Torre, Julio Garro, Néstor Grindetti, Jorge Macri, Jaime Méndez Curuchet, Mariano Cascallares, Martín Insaurralde, Julio Zamora, Malena Galmarini, Gerardo Milman, Eduardo de Pedro, Máximo Kirchner, Amado Boudou, Mario Meoni, Mariano Recalde, Javier Iguacel, Felipe Solá, Alfredo Luenzo, Julieta Quintero Chasman, Luis Barbier, Daniel Lipovetzky, Milagro Sala y Juan Grabois, entre otros. También a Victoria Tolosa Paz, Guillermo Dietrich, Alberto Abad, Martín Ocampo, Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, José María Olazagasti, Matías Kulfas, Juan Martín Mena, Carla Vizotti, Sergio Berni, Santiago Cafiero, Carlos Castagneto, César Milani, José Potocar, Juan Martín Paleo, Juan José Gómez Centurión y Nicolás Kreplak. De los jueces, se siguió a los ministros de la Corte Suprema Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda; de la Casación Federal, a Hornos y Borinsky; de la Cámara Federal porteña, a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. También a otros jueces federales, como Rodolfo Canicoba Corral, Sebastián Casanello, Ricardo Bustos Fierro y Ernesto Kreplak, y al procurador general interino, Eduardo Casal; al consejero de la Magistratura Miguel Piedecasas y al funcionario Silvio Robles. Entre los periodistas, a Jorge Fontevecchia, Claudio Savoia, Luis Novaresio, Roberto Navarro, Christian Sanz, Ángel Pedro Etchecopar, Pablo Duggan. Entre los empresarios, a Ángel Calcaterra, Ernesto Clarens, Marcelo Tinelli, Alfredo Coto, Hugo Krajnc. También se hicieron seguimientos a artistas, como Teresa Parodi, Tristán Bauer, Alfredo Casero, David Adrián y Dipy Martínez. A dirigentes deportivos, como Daniel Angelici, Juan Sebastián Verón, Rodolfo D’Onofrio y Claudio Tapia, y a dirigentes sindicales, como Hugo Moyano, Roberto Baradel, Pablo Micheli, Francisco Omar Plaini.
El dictamen de Pollicita incluye el pedido de una serie de medidas de prueba que no se dieron a conocer y que Martínez de Giorgi deberá resolver si dispone; entre ellas, nuevos allanamientos. El fiscal, además, pidió que se volviera a citar a indagatoria a Zanchetta para que respondiera por estas nuevas acusaciones, porque hasta ahora solo está procesado por haber recopilado la información necesaria para tomarle las líneas a Borinsky y Hornos. Está pendiente además terminar de analizar los equipos tecnológicos de Zanchetta así como las computadoras y los teléfonos secuestrados en el allanamiento a Fabián Rodríguez.
Hasta ahora los imputados siguen siendo formalmente tres, dijeron fuentes del caso, pero no se descarta que la causa avance hacia otros posibles acusados. En el caso de Fabián Rodríguez, si bien no fue llamado a indagatoria, fue allanado y el fiscal destaca en su dictamen que, según las pruebas de la causa, fue él quien le seleccionó un “blanco” a Zanchetta (por Tolosa Paz), le encomendó que hiciera un “parte” y le confirmó que siguiera “reportando” a él.
Tres de los cuatro jueces de la Corte son víctimas del presunto espionaje ilegal que se investiga en la causa. Rosatti, además, es denunciante en este expediente. Mientras el caso avanza, los cuatro ministros del máximo tribunal están siendo investigados por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y uno de los principales impulsores del proceso es Tailhade. Antes de fin de mes, esa Comisión, que tiene mayoría oficialista, debe dictaminar a favor o en contra de abrir el juicio político de los jueces. Los diputados iban a reunirse hoy, pero a último momento levantaron la sesión de la Comisión.
Fuente: La Nación.
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