El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Lo intentarán tratar en la legislatura entrerriana ante el creciente rechazo que generó la medida.
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El diputado provincial Manuel Troncoso (PRO) ingresará en la semana entrante un proyecto de resolución para solicitar al Ejecutivo provincial intervenga para “dejar sin efecto la Resolución 1099/22 que establece un período de caza deportiva menor para especies autóctonas” en Entre Ríos, según publicó el sitio ERA Verde.
Una vez conocida la apertura a la temporada cinegética se alzaron airadas críticas de distintas organizaciones sociales, políticas y ambientales que apuntaron a que no había estudios para sostener tal decisión en el marco de una situación delicada de la fauna producto de la sequía. También hubo un escrache contra los funcionarios a cargo de Recursos Naturales y el director de la dependencia, Mariano Farall, defendió la disposición diciendo que para la misma se tomó a partir de un monitoreo sobre gripe aviar. Desde el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres se insiste en que se hagan públicos los relevamientos ya que se duda sobre su existencia.
El proyecto para solicitar se derogue la resolución Nº 1.099 de la Dirección de Recursos Naturales provincial que establece la “necesidad de habilitar la Temporada de Caza Deportiva Menor para el año 2022” se estaría presentando entre lunes y martes, confirmaron a ERA Verde desde el bloque del diputado Manuel Troncoso (PRO). Por estas horas está siendo evaluada por el resto de pares de bancadas a donde fue girada para sumar adhesiones, se indicó. En los considerandos se indica que la solicitud “tiene como objeto proteger la fauna autóctona de nuestra provincia y a la vez generar conciencia respecto de su importancia y el peligro al que se encuentra expuesta. En este sentido es importante destacar que la fauna de nuestra provincia se vio afectada por innumerables focos de incendio que azotaron nuestro territorio agravándose dicha situación a causa de un extenso periodo de sequía”.
La medida, que permite abatir liebres, perdices y patos de tipo Picazo, Sirirí Pampa, Sirirí Colorado y Capuhino, entre el 15 de agosto en determinados zonas, contempla en gran parte a especies nativas, por lo cual “va a contramano de lo que ocurre en el resto del mundo donde la tendencia es limitar cada vez más la caza de fauna autóctona debido a la alarmante disminución de las poblaciones y la extinción de especies”, agrega en los fundamentos Troncoso, tomando parte de los argumentos de las entidades estudiosas de la naturaleza. Es así que el legislador que la Cámara Baja apruebe el pedido para “solicitar al Poder Ejecutivo que intervenga ante la Dirección de Minería, Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Provincia e instrumente las gestiones necesarias tendientes a dejar sin efecto la Resolución 1099/22”.
Más repudio y escrache
Desde que se conocieron los alcances de la resolución 1.099 se han sumado los repudios y pedidos para que se dé marcha atrás con la medida. La dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) de la Red Eco Socialista, Nadia Burgos, fustigó duramente “la habilitación de la caza de animales autóctonos”, y sostuvo que “no refleja más que una clara política ecocida y muy similar a la de un gobierno negacionista del cambio climático. Ante los gobiernos que priorizan los intereses de las corporaciones y mercantilizan la naturaleza en su conjunto, necesitamos medidas radicales que protejan los intereses de los pueblos para preservar la flora y la fauna de nuestro país, medidas ecosocialista”, sostuvo y apuntó sobre lo más endeble de la medida: “Sin importar estos datos, la Dirección de Recursos Naturales de Entre Ríos dio luz verde a la temporada de caza deportiva, afectando las especies autóctonas”, al tiempo que “según el último informe del IPCC (Panel Intergubernamental del Cambio Climático) si no se reduce la emisión de gases de efecto invernadero, la vida tal cual la conocemos cambiará. Esto, para los animales y principalmente para las aves, ya es un hecho. No sólo el 30% de las especies corren el riesgo de extinción si se aumentan 2°C, sino la mayoría ya empezó un éxodo de su hábitat natural”.
Pero además del repudio generalizado de activistas ambientales, organizaciones sociales e incluso cazadores, también la resolución que habilita la cacería de animales autóctonos contó con otras derivaciones, como un escrache que se produjo en la sede de la Dirección de Recursos Naturales, en Echagüe 746 de Paraná. El viernes 28 se colocaron pancartas contra el director, Mariano Farall; el director de Fiscalización de Fauna, Sebastián Vergara; y el coordinador Román Ulián.
Ese mismo día, Farall había realizado declaraciones a Radio Nacional LT 14 defendiendo la medida de “uso y aprovechamiento” de la fauna. “Quiero aclarar que no son decisiones que se las toman así no más y no somos la única provincia en el país que las toma. Se tratan en el marco de una reunión específica, del Ente Interjurisdiccional Regulador de la Fauna, que está en la órbita del Ministerio de Ambiente de la Nación, donde se comenta cómo se van abriendo las ventanas en el tiempo las diferentes provincias”, contó en diálogo con el programa “Momento de Campo”.
El funcionario comentó que “con todas las provincias se hacen diferentes monitoreos. Este año el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) nos convocó en el marco del plan de vigilancia de detección temprana de la gripe aviar para monitorear esta especie migratoria silvestre como es el caso de los patos. Los especialistas del área de Fauna de la Dirección de Recursos Naturales, en conjunto con otros técnicos como lo son del laboratorio aviar de Concepción del Uruguay, desarrollan muestreo científicos, monitoreos de aves migratorias como el caso de las anátidas en lagunas y arroceras”, dijo para explicar que este estudio de obtención de “datos para el estatus sanitario del país” sirvió para la resolución 1.099. “No se crean por arte de magias, es con fundamentos”, subrayó.
Monitoreos desconocidos
Ante las declaraciones del funcionario de Recursos Naturales, Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas) insiste en conocer los estudios que menciona Farall. “Desde el organismo que dirige no se hizo público ningún tipo de estudio sobre el estado poblacional de las especies habilitadas ni sobre la presión de la caza. En cuanto a los establecimientos de turismo cinegético que traen extranjeros a cazar en suelo entrerriano –uno de los puntos más polémicos– el funcionario mencionó que ‘los tenemos totalmente chequeados y los habilitamos desde provincia’.
En diálogo con ERA Verde, el integrante del Centro, Gabriel Bonomi planteó: “partamos de la base que se hubiera estudios tendrían que ser públicos. Al no estar, con todo el revuelo que se armó, se cae por su peso que esos estudios no existen. Se habló de un estudio que se hicieron para la gripe aviar, y eso no tiene nada que ver con la caza. Además se trata de especies varias de ellas migratorias, lo que implica un recurso compartido entre varias jurisdicciones. Por lo tanto si se hacen estudios se tienen que hacer con la misma metodología, en simultáneo, en varios lugares. Es decir que dudo realmente que se haya hecho”, afirmó. “No hay información al respecto, y si no lo han dado a difundir es porque no lo tienen”.
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