El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El caso es sobre un barrio náutico que quieren construir en Gualeguaychú ocupando un humedal, deforestando frondosos árboles del Parque Unzué sin permiso alguno, desviando y apropiándose del curso del río. A casi cuatro años exactos del fallo de la Corte Suprema de la Nación, y a 1340 días del fallo del Superior Tribunal que ordenaba que se recompusiera el ambiente a su estado natural en 180 días, el ilegal negocio hecho sigue intacto, con complicidades ya descaradas.
Por JULIO MAJUL (*)
Con 1160 días de atraso a lo ordenado, y a ocho años de haber sido notificada del juicio contra Altos de Unzué S.A., la Municipalidad de Pueblo Belgrano y la propia Secretaría, la llamada Secretaría de Ambiente provincial se ha dignado anunciar que aceptó una propuesta de “recomponer” el barrio “Amarras del Gualeguaychú”.
La propuesta la presentó la empresa Bisa Barbagelata, que por tercera vez intenta consolidar la existencia de un negocio ilegal y declarado ilegal por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El Superior Tribunal provincial dispuso el 15/octubre/2019, taxativamente y por unanimidad de votos, que todos los condenados debían “recomponer el ambiente natural, volviendo las cosas a su estado anterior a la intervención de la empresa, como única solución posible al caso concreto”. Para ello, daba un plazo de 180 días.
Insisto: con 1160 días de impune atraso, defendida por el mismo Superior Tribunal, la Secretaría de Ambiente del gobernador Gustavo Bordet anuncia que aprobó un plan de “recomposición”, sin haber dado ninguna intervención a los casi dos mil firmantes apoyando el escrito que presentara ante el juez Marcelo Arnolfi en el año 2015.
Algunos detalles
Es bueno repasar los hechos.
En 2012 (hace once años) empezó la construcción de “Amarras”, autorizada entusiastamente por la Municipalidad de Pueblo Belgrano, que hasta agrandó la jurisdicción del municipio para que Amarras quedara en sus límites, y así pudiera autorizar la erección del gigantesco negocio inmobiliario, apropiándose de tierras públicas.
Ese mismo año, la empresa Bisa Barbagelata (¡oh, casualidad, la misma que hizo el plan aprobado por la Secretaría del gobierno de Bordet once años después!) presentó un mamarracho que pretendía justificar ambientalmente el colosal negocio ilegal.
Poco después, un Secretario de Ambiente innombrable, designado por el condenado a ocho años de prisión, por corrupción (o sea, por chorro) Sergio Urribarri; ese Secretario decidió otorgar un permiso provisorio al barrio para avanzar en su tarea. Permisos provisorios, condicionados, o similares, no existen en materia ambiental. Pero bastó para que lo ilegal pareciera legal.
En 2015 inicié el proceso, que a poco andar tuvo el apoyo (repito) de casi dos mil gualeguaychuenses, que se molestaron en ir a los Tribunales para firmar su conformidad. En los pocos días que se dieron para hacerlo.
El juez Arnolfi dio una sentencia ejemplar, ordenando destruir lo hecho ilegalmente.
Apelado el fallo, el Superior Tribunal provincial lo anuló, en base a un error que quien escribe cometiera con el número de la ley violada por Amarras. O sea: se comprobó que Amarras violó una ley, pero como el número de la ley no era el que había indicado en mi escrito, se anuló la sentencia. Parece increíble, pero fue exactamente lo que pasó. Primera prueba que nuestro Superior Tribunal defiende a los poderosos, no a la gente ni a los pueblos en general. Los poderosos pueden violar leyes, que ya el Superior Tribunal se encargará de hallar cómo defenderlos.
Como soy medio terco, poco después inicié otro proceso, abundando en más fundamentos, ante el juez correspondiente, Leonardo Portela.
La sentencia del juez Portela también fue ejemplar, tan detenida y largamente fundada como la del juez Arnolfi.
Apelada por la empresa, la Secretaría del gobernador Bordet y la Municipalidad de Mauricio Davico, el Superior Tribunal “descubrió casualmente” que había actuaciones administrativas en trámite, y entendió que no podía pronunciarse, ante ese hecho. Increíblemente, el Poder Judicial no podría ocuparse de un tema si también se ocupaba una oficina del gobernador. O sea: cualquier excusa es válida para defender a los poderosos.
Y allí sí que me cansaron.
Me cansé de que no se atendiera a lo ilegal de un negocio que desviara el cauce de un río (nuestro río), destruyera parte de nuestro Parque Unzué; la suma de irregularidades cometidas por Altos de Unzué, con el apoyo explícito del gobierno provincial de Bordet, el municipal de Davico, las mayores autoridades judiciales (el Superior, el Fiscal y el Procurador), permitiendo destruir bienes propiedad de nuestro pueblo, para favorecer a quienes sólo pretenden ganar dinero.
Con el apoyo invalorable de los colegas Selva Chesini y Luis Leissa, así como de Juan Ignacio Weimberg y Ana Angelini, presentamos el Recurso ante la Corte. Por supuesto, el Superior nos negó el Recurso interpuesto. Y por supuesto, nos presentamos igual ante la Corte, en queja por la actitud negadora del Superior Tribunal provincial. Esto fue en 2016.
Como quedó dicho, el 19 de julio de 2021 la Corte falló en nuestro favor, dándonos la razón en todo lo que planteamos. Y ordenando al Superior que dictara nuevo fallo, de acuerdo a los fundamentos de la Corte.
El Superior Tribunal aceptó lo inevitable, dictó sentencia conforme a los fundamentos de la Corte, pero dando la orden de ejecutar la sentencia... a la misma Secretaría de Ambiente a la que denunciábamos desde 2015.
Como era de esperar, la propia Secretaría de Bordet, la Municipalidad de Davico, y (of course) la empresa afectada, apelaron la sentencia del Superior, y en una jugada insólita por lo disparatada, pero lógica en su afán de ganar tiempo, fueron ante la Corte … a pedirle que se rectificara de su reciente fallo. Semejante disparate fue rechazado de plano por la Corte, como era lógico. Pero así llegamos a 2021, sin que Amarras hubiera hecho absolutamente nada para cumplir la orden judicial.
Y ahora la Secretaría de Ambiente de Bordet acepta un plan que desconocemos totalmente, al que hay que estudiar por gente que pueda hacerlo, no por uno que es un simple abogado. Aunque lo rechacemos, aunque sea otro mamarracho, habremos llegado a fin de año, y Amarras seguirá vendiendo lotes, embolsando dineros, y nosotros agotados de luchar contra los defensores de los poderosos. Que tienen nombre y apellido, y hay que darlos: Gustavo Bordet, Mauricio Davico, el Fiscal Rodríguez Signes, el Procurador Jorge Amílcar García y los votantes del Superior Tribunal en favor del negocio, ilegal pero negocio al fin.
Todo lo que se ha dicho puede verse en los expedientes judiciales. Y el pueblo debe enterarse de las cosas como son: entre los intereses del pueblo y el dinero de los poderosos, sigue ganando la miseria espiritual y moral, con dineros.
Pero no será eterno. No nos rendiremos. Prometido.
(*) Julio Majul es periodista y abogado, fue quien inició el juicio contra esa empresa.
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