El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El organismo internacional tiene en estudio la denuncia realizada por el abogado Jorge Luis Escalante por la impunidad del asesinato de la joven uruguayense. En ese marco, le reiteró al Gobierno argentino un pedido de información realizado casi un año atrás, que el gobierno anterior no respondió. Una luz de esperanza contra la injusticia.
Por AMÉRICO SCHVARTZMAN de EL MIÉRCOLES DIGITAL
Los abogados de la familia Schiavo –Gregorio Garro y Jorge Luis Escalante– nunca cesaron en su lucha para lograr que se esclarezca el impune asesinato de la joven uruguayense, quien la semana pasada hubiera cumplido 42 años de edad.
La justicia entrerriana nunca esclareció el caso. En su momento, en una investigación plagada de errores y con un desfile de jueces y un fiscal que jamás investigó nada (Diego Young), los responsables máximos de la justicia provincial (el Superior Tribunal) decidieron liberar a todos los acusados. La familia Schiavo terminó recurriendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en 2006 anuló esas absoluciones “por absurdidad en la valoración probatoria” y ordenando dictar una nueva sentencia “en contrario” de la absolución.
En 2006 la Corte Suprema anuló las absoluciones “por absurdidad en la valoración probatoria” y ordenó dictar una nueva sentencia “en contrario” de la absolución.
Y así fue: hubo un nuevo juicio, en 2011. Pero sin agregar una sola prueba nueva. Esta vez, a diferencia de Young, el nuevo fiscal acusó a algunos. Pero en 2012 la justicia provincial –con un tribunal integrado entre otros por el uruguayense Andrés Torres– otra vez absolvió a todos los acusados por el crimen de Flavia. Y se olvidó del asunto. Nadie más se ocupó del caso de Flavia.
La familia decidió ir nuevamente a la Corte. Pero a fines de 2014 fue ahora la Corte Suprema la que cerró toda posibilidad: por cuestiones formales desestimó el recurso presentado (ver nota).
Por eso el abogado uruguayense Jorge Luis Escalante recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En abril de 2015, en un detallado pero sintético escrito de 53 páginas, Escalante enumeró todos los detalles de la causa y le pidió a ese organismo que active las medidas pertinentes para reparar “los derechos vulnerados de la víctima y de sus padres” y en consecuencia, se ordene “la reanudación del proceso judicial”, y “la reparación económica a favor de los familiares de la víctima Flavia Verónica Schiavo, sus padres Luis Horacio Schiavo y Elida Corazza de Schiavo”, por los montos que la CIDH estime pertinentes dados “los padecimientos, privaciones y perjuicios sufridos”.
La CIDH tiene sus propios tiempos y procedimientos. Cuando se presenta una petición, del país que sea, la entidad da curso al trámite y comienza a analizar la causa. En el caso de Flavia, desde 2015 se encuentra en la etapa de “admisibilidad”, lo que implica decidir si una petición satisface los requisitos establecidos en los procedimientos. En caso de que se apruebe, es decir que se considere “admisible”, la petición se convierte en un caso, se le asigna un número e ingresa a la etapa de Fondo.
PEDIDO Y PRÓRROGA
Claro que para tomar esa decisión, el organismo no puede limitarse a considerar los argumentos que le presenta la parte denunciante. Por eso, y como parte de los requisitos, en julio de 2019 la CIDH le pidió al Estado argentino “copia de las partes pertinentes de una petición referente a Argentina, la cual fue recibida en esta Secretaría Ejecutiva el 14 de mayo de 2015”. Se refería, como puede verse en la copia que reproducimos, a la causa de Flavia Schiavo, que se tramita con el número provisorio de P-482-15. En la nota se aclaraba que ese pedido al Estado “no constituye prejuzgamiento con relación a la decisión que la CIDH eventualmente adopte sobre la admisibilidad de la petición”.
El 26 de marzo de este año, la CIDH le reiteró al canciller Felipe Solá el pedido de información y le informó que “espera contar con la participación oportuna del Ilustrado Gobierno de Argentina a la brevedad”.
El problema es que el Gobierno anterior no respondió el pedido. Recién en noviembre de 2019 pidió una prórroga para contestar la primera nota enviada en julio de 2019, cuando ya estaba vencido el plazo. Y nunca lo hizo.
Por eso el 26 de marzo de este año, ya con nuevo gobierno en la Argentina, la Comisión Interamericana volvió a dirigirse al ahora canciller Felipe Solá, para “reiterar la solicitud de información”, y le informó que “la CIDH continuará con el trámite de la presente denuncia y espera contar con la participación oportuna del Ilustrado Gobierno de Argentina a la brevedad”. La nota está firmada por Marisol Blanchard, secretaria ejecutiva adjunta de la Comisión. (Ver en este link la presentación completa ante la CIDH).
LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una entidad creada en 1959 en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos.
No debe ser confundida con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), aunque son organismos emparentados: ambas entidades forman parte del sistema interamericano de protección de derechos humanos, con sede en Washington, en los Estados Unidos.
La Comisión está integrada por siete personas de reconocida trayectoria en materia de Derechos Humanos, que son electos a título personal y no como representantes de ningún gobierno. En la actualidad esas siete personas son Antonia Urrejola Noguera (Chile), Margarette May Macaulay (Jamaica), Edgar Stuardo Ralón Orellana (Guatemala), Esmeralda Arosemena de Troitiño (Panamá), Julissa Mantilla Falcón (Perú), Flávia Piovesan (Brasil) y Joel Hernández García (México).
EL RECLAMO
El asesinato de Flavia es uno de los crímenes más horrendos de la historia entrerriana, y lleva más de 20 años de impunidad, hasta ahora garantizada por la justicia entrerriana, tras dos juicios en los que absolvieron a todos los acusados. Desde febrero de 2014, en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó el recurso de queja que presentó el abogado Escalante, ya nadie está investigando el caso.
Escalante insiste hasta hoy en que con una valoración adecuada de las pruebas, las personas oportunamente acusadas deberían estar presas.
Las puertas de la justicia parecían haberse cerrado definitivamente para Flavia, su familia y su comunidad. A esa sensación dolorosa se le sumó, en 2016, el dolor inmenso de la muerte de Elida Corazza, la mamá de Flavia, sin haber logrado paz en su reclamo.
La activa disposición de la CIDH reabre la expectativa y la esperanza de que se impida la consagración de la impunidad en el horrendo crimen.
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