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La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) trabajó en compañía de la fiscal subrogante Silvina Ávila durante los primeros dos meses y medio de la investigación que buscaba a Santiago Maldonado en el sur de nuestro país. El informe elaborado por este organismo dependiente de la Procuraduría General de la Nación estuvo cajoneado por el titular de dicha entidad, el procurador general interino Eduardo Casal.
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Sin embargo, el periodismo logró acceder a dicho informe y en el mismo se rebatieron varias de las hipótesis que sostuvo y sostiene el gobierno nacional sobre lo que ocurrió aquel 1º de agosto del año pasado, momento en el cual Santiago Maldonado participaba de las manifestaciones mapuches en la comunidad Pu Lof en Resistencia Cushamen.
Además, en el informe se menciona como uno de los posibles responsables a Pablo Noceti, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich. Sin embargo, el primer juez que intervino en la causa, Guido Otranto, no investigó las hipótesis de la Procuvin y el organismo fue apartado a los dos meses y medio por decisión del gobierno nacional, mientras Maldonado seguía desaparecido hasta que se encontró su cuerpo en el mismo lugar donde se lo vio por última vez con vida, a orillas del Río Chubut.
El Procurador general interino Eduardo Casal ocultó un informe relevante sobre las circunstancias que desembocaron en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. El pasado 12 de diciembre, la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), a cargo por entonces de Félix Crous, le remitió a Casal un trabajo preliminar sobre el análisis del material probatorio incluido en el expediente 8232/17 (Desaparición Forzada) –fotos, videos, testimoniales e informes internos del Ministerio de Seguridad y la propia Gendarmería– en el que concluyó que el avance de la GNA sobre la Pu Lof en Resistencia Cushamen había sido “desmedido, irregular e ilegítimo”, donde la fuerza en cuestión hizo todo lo posible para provocar un choque con la comunidad para actuar bajo la excusa de la flagrancia, posiblemente como parte de “un plan determinado con pretensiones punitivas”.
A su vez, brindó detalles de los movimientos de los gendarmes que llegaron al río y acorralaron (y presumiblemente observaron) a Maldonado sobre los sauces antes de que se produjera su muerte violenta por asfixia por sumersión coadyuvada por hipotermia (según determinó la autopsia) durante un contexto de feroz represión.
Casal no hizo nada con ese informe. Lo ocultó. Si bien la Procuvin ya había sido desplazada de la investigación por presiones del Gobierno nacional vía el ministro de Justicia, Germán Garavano, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tenía la potestad para evaluarlo y de considerarlo relevante, remitírselo a la fiscal Silvina Ávila. Pero no lo hizo. Algunas de las conclusiones de este informe fueron incluidas por Sebastián Premici en el libro “Santiago Maldonado, un crimen de Estado”y ahora publicadas en Página 12.
LA CACERÍA
La Procuvin comenzó a colaborar con la fiscal federal subrogante de Esquel, Silvina Ávila, a los siete días de la desaparición de Maldonado. Durante los dos meses y medio que duró su trabajo, el organismo del Ministerio Público Fiscal comprendió que había que profundizar la “pesquisa con medidas de prueba orientadas a desentrañar lo ocurrido a la vera del río Chubut”. Por eso le propuso a la fiscal que solicitara “los registros domiciliarios de los gendarmes que habían llegado al río (la primera defensa de Bullrich fue que ningún agente había llegado a la costa) a fin de secuestrar mayores elementos de interés”. Sin embargo, Avila reservó esa solicitud en un legajo interno por separado y rechazó la hipótesis de la Procuvin. Desde el primer momento de la investigación, la fiscal trabajó en tándem con el primer juez de la causa, Guido Otranto, para quitar de la ecuación a la Gendarmería.
Según determinó la Procuvin a partir del análisis de las fotos aportadas por la propia fuerza (dentro del expediente pudo comprobarse que la GNA borró más de 80 archivos), Santiago Maldonado fue retratado por última vez con vida a las 11:32:33 del 1 de agosto. Esa foto fue incorporada dentro del expediente el 4 de ese mes, en la foja 58. Es decir, el Gobierno nacional siempre supo que Maldonado había estado dentro del territorio a pesar de que lo negaron sistemáticamente. Veinticinco segundos más tarde, a las 11:32:58, ya había al menos dos gendarmes corriendo por el camino principal en dirección al río.
“A partir del análisis de las imágenes señaladas se advierte que entre la posición registrada de Santiago Maldonado en su carrera hacia el río Chubut y la ubicación en la que se sitúan los gendarmes que corrieron en persecución de los manifestantes, distaron solo 25 segundos”, sostuvo el informe preliminar de la Procuvin.
A las 11:33:02 ya habían ingresado al territorio varios gendarmes más, sumadas dos Ford Ranger y casi un minuto después aparece el registro del Eurocargo y detrás de él al menos otros diez uniformados. Ese camión, conducido por Lucio Buch, se estacionó cerca de la pendiente al río. A las 11.36, su conductor ya había descendido del vehículo y permaneció cerca del agua por diez minutos aproximadamente.
“Existen evidencias de que en las cercanías del sitio y durante el momento en que se producía el fallecimiento de la víctima (en función del resultado de la autopsia), varios funcionarios de la GNA recorrían de forma intimidatoria el lugar. Eran pocos los segundos que Maldonado llevaba ganados a los gendarmes que iban en su persecución. Fueron varios los gendarmes que recorrieron la ribera del río. ¿Cuánto tiempo pudo haber transcurrido para la consumación de ese trágico desenlace? ¿Alguno o varios de los números agentes que recorrieron la vera del río observó esa situación?”, se preguntó la Procuvin.
En otra parte del mismo informe, el organismo del Ministerio Público Fiscal agregó: “Santiago Maldonado fue uno de los rezagados en esa huida y quedó a merced de los agentes de una fuerza de seguridad del Estado que lo acorralaba, perdiendo la vida en su intento por llegar a la otra orilla.” De los trece gendarmes identificados que llegaron al río y recorrieron su costa por aproximadamente 50 metros, al menos tres de ellos descendieron por el mismo lugar que lo hizo Maldonado, que coincidió con la misma zona donde fue hallado su cuerpo. Esos gendarmes fueron Emmanuel Echazú, Darío Zoilán y Orlando Yucra.
Frente a este contexto represivo, la Procuvin destacó la aparición de un audio del 2 de agosto perteneciente al teléfono celular de Buch (el conductor del Eurocargo que se bajó del vehículo con su arma 9mm.): “Está desaparecido, ahora hay que ver si ese tipo existió o no, capaz que es un apellido ficticio. Porque cuando despejamos la ruta, se armó la trifulca y salieron corriendo y cruzaron el río Chubut lo originarios esos. Capaz, no tuvimos en cuenta eso, capaz que alguno se ahogó, andá a saber.”
Frente a toda la evidencia recogida durante dos meses de colaboración, el organismo del Ministerio Público Fiscal intentó poner “énfasis en desentrañar lo sucedido en la ribera del río Chubut” en el contexto de una represión “desmedida, irregular e ilegítima”. “La actuación de los gendarmes que llegaron hasta la vera del río conforma un exceso en su actuación que no puede ser tolerado, máxime cuando el resultado de ese accionar desmedido fue el deceso de la víctima”, concluyó el informe. Ni Otranto ni Avila avanzaron en esta hipótesis. Casal también la ocultó.
REPRESIÓN PLANIFICADA
El 31 de julio de 2017, Pablo Noceti instruyó a las fuerzas federales sobre una nueva doctrina de seguridad interior. El mensaje de quien era jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad consistió en argumentar que a partir de ese momento el rol jurisdiccional de los jueces quedaba en un segundo plano frente a la decisión del Poder Ejecutivo. “Ya no alcanza con despejar la ruta. Vamos a avanzar y los vamos a detener a todos”, fue el mensaje de Noceti.
“Cabe hipotetizar si en función de las declaraciones previas y posteriores respecto de la problemática, la actuación de la GNA obedeció a un patrón con una clara intencionalidad para ajustarse a una decisión política previa”, indicó la Procuvin. Es decir, para la Procuraduría especializada no debería escindirse del análisis la reunión de Noceti en Bariloche, donde estaban presentes los jefes de los Escuadrones de Esquel y el Bolsón, con la represión consumada al día siguiente.
La ministra Bullrich sostuvo durante su paso por el Senado que el avance de la Gendarmería sobre la Pu Lof contó con una orden expresa de Otranto. “El juez ordena entrar a la comunidad frente a la situación que se da en ese momento”. Nunca existió esa orden. Lo que sí existió fue una llamada de Noceti a Otranto para decirle que la GNA avanzaría durante la madrugada del 1 de agosto, según detectó la Procuvin en el documento denominado “Puma 120”. A partir del relato producido por la Agrupación Chubut, conducida por Diego Balari, el juez les deseó a los uniformados “éxitos en la actividad”. Esa comunicación ocurrió cerca de las 22 del día previo a la represión.
Según pudo determinar este cronista, la última comunicación de los gendarmes con Otranto fue luego de las 3.30, cuando ya se había cumplido la orden de despeje de la ruta. Por lo tanto, el juez se enteró de la represión con los hechos consumados.
La orden del ex jefe de Gabinete de Bullrich era entrar a la Pu Lof a como dé lugar. A las 11 del 1 de agosto de 2017, la Ruta Nacional 40 a la altura del kilómetro 1848 estaba totalmente liberada. Según la Procuvin, al no ocurrir nada extraordinario en la zona “todos los jefes decidieron retirarse”. Los jefes eran Fabián Méndez (Escuadrón 35), Diego Balari (Agrupación Chubut) y Pablo Badie (Escuadrón 36). “Es válido suponer que fue porque entendieron que las labores de la GNA en relación al oficio (de Otranto) estaban concluidas, o que evaluaron que no tenía sentido su presencia en relación a la situación, o en última instancia, que no quisieron estar en el lugar de los hechos”, agregó el organismo.
La persona que quedó a cargo del operativo fue Pablo Escola, segundo jefe del Escuadrón 36 y una de las personas aptas para hacer tareas de inteligencia según describió Badie en un documento del 3 de agosto. Escola dio la orden de realizar el seguimiento de un auto que salía de la Pu Lof cerca de las 11, cuando la ruta no estaba cortada. Ese movimiento fue lo que provocó el choque con la comunidad y el inicio de la feroz represión.
“Debe develarse si se presentó una situación de desamparo del damnificado al toparse con una fuerza represiva que actuó en violación de las normas administrativas, técnicas y jurídicas que regulan su actividad. Si la irrupción al predio, en las circunstancias descriptas, obedeció a la cuasiflagrancia de perseguir a los autores de diversas infracciones penales, o a un plan determinado con pretensiones punitivas sostenido sobre un contexto de habilitación”, concluyó la Procuvin en su informe remitido y ocultado por Casal desde el 12 de diciembre de 2017.
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