La Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió en la causa que se conoce como “contratos truchos”, por el supuesto desfalco de 1.111.871.715 a través de contrataciones en el seno de la Legislatura durante el período 2008-2018.
El máximo cuerpo de justicia del país tomó los argumentos de la Procuración General, a cargo interinamente por Eduardo Casal, y remitió el expediente a la jueza de Garantías N°1 de Paraná, Marina Barbagelata, para que tome los argumentos de la Cámara Nacional Electoral (CNE), publicó Página Política.
La Corte no resolvió la cuestión de fondo, es decir si la causa debe tramitar en la jurisdicción federal/electoral; o en la jurisdicción provincial.
Barbagelata deberá tomar en cuenta lo que incorporó la CNE y dictar un nuevo fallo. El organismo nacional electoral afirmó que los hechos encuadran en la tipificación de infracciones electorales. “Deviene insoslayable señalar que, el texto legal referido confiere competencia al fuero electoral para investigar y juzgar las conductas tipificadas en el Código Penal y en las leyes penales complementarias, cuando dichas conductas típicas se cometan en ámbitos regulados por las normas electorales nacionales”, dijeron por unanimidad los jueces Daniel Bejas, Alberto Dalla Vía y Santiago Hernán Corcuera.
La jueza, no obstante, va a fallar en favor del Ministerio Público Fiscal entrerriano. Esto es que los hechos no son infracciones electorales y, por lo tanto, la causa debe volver a los tribunales de Paraná. Ese fallo será enviado por Barbagelata al juez Daniel Alonso que luego lo enviará nuevamente a la Corte. Una vez allí le correrá vista nuevamente a Casal.
Los abogados defensores, que llevaron el caso a la Justicia Federal, tienen todavía mucho tiempo para que haya una resolución de fondo.
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