El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El vocal de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Daniel Carubia, justificó el fallo que ordenó la excarcelación de Néstor Pavón, condenado en primera instancia por encubridor del femicidio de Micaela García y confesó que la sentencia se dictó en medio de “presiones”. Por otro lado, reiteró los cuestionamientos a la Policía de Entre Ríos por los excesos y apremios.
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El encubridor del femicidio...
En una entrevista realizada con El Entre Ríos, Carubia manifestó que estaba en sobreaviso de que un fallo como el que se dictó sobre Pavón le generaría acusaciones de machista. “No tenía ninguna duda de que esa iba a ser la reacción”, apuntó.
“Incluso – expresó – hubo presiones desde las redes sociales previas a la sentencia. Son cosas con las que tenemos que saber lidiar los jueces. Y a veces no es nada fácil, uno forma parte de la misma comunidad y hay situaciones muy dolorosas, como esta. La misma comunidad va a experimentar cuán difícil es decidir cuando le toque participar de los juicios por jurado”, adelantó.
Con respecto al fallo en sí, explicó que durante el juicio, la Fiscalía “acusó a Pavón de encubrimiento, por lo que pidió la condena de 5 años, y, alternativamente, lo acusó también de coautoría del femicidio y pidió la perpetua”. Más adelante, evaluó que fue una acusación “bastante extraña, porque nadie puede ser encubridor y a la vez autor”.
“El tribunal de Gualeguay, en una sentencia muy seria, con un análisis de la prueba impecable, descartó la coautoría y lo condenó por encubrimiento, tal como lo pidió el Fiscal”, subrayó.
“El Ministerio Público Fiscal, sobre la base del actual código, puede recurrir una sentencia sólo cuando absuelven al imputado o cuando lo condenan a menos de la mitad de lo que pidió la acusación. En este caso, la condena fue por el total de lo pedido por fiscalía. Pero como no lo condenaron por el homicidio, fiscalía recurrió a Casación y ahí se la da la razón”, mencionó.
“La defensa de Pavón presenta una impugnación extraordinaria y es en esa instancia donde nosotros anulamos lo resuelto en Casación, porque consideramos que el Fiscal no tenía margen para recurrir, que el recurso de casación había sido erróneamente concedido. Después, Fiscalía y querella presentaron una solicitud para ir a la Corte Suprema, insistiendo con el pedido de perpetua. No lo hemos visto todavía. Lo tenemos que resolver”, apuntó.
Carubia planteó: “Si él (Pavón) hubiera estado cumpliendo condena, estaría próximo a beneficiarse con el estatuto de la libertad condicional. Pero en la actual situación, con preventiva, no tiene los beneficios de la progresividad de la condena, de ir avanzando en las distintas fases. Es como un muerto civil la situación de quien está en prisión preventiva. Está preso pero a su vez no tiene ningún derecho penitenciario”.
“En caso de ir a la Corte, podrían pasar años hasta que haya una resolución. De continuar preso, este hombre pasaría en preventiva más años que los 5 dispuestos por la sentencia de primera instancia. Y si la Corte luego desechara la perpetua y confirmara los 5 años, sobrevendría un reclamo de indemnización de su parte”, razonó.
“En casos como este hay sectores de la comunidad a quienes puede que no les importe si se prueba o no se prueba la culpabilidad; todo el mundo sería culpable aunque no esté probado que lo sea. Entiendo que se hace difícil apartarse de todas las emociones que casos así provocan, donde están en juego situaciones muy dolorosas”, alertó.
Antes, había mencionado que estaba dispuesto a recibir nuevamente a la familia de Micaela e incluso confesó que el padre de la joven tiene su número de celular.
Apremios ilegales
Carubia consignó que el Superior Tribunal de Justicia en pleno (y no la Sala Penal como había trascendido en un primer momento) envió una nota al gobernador Gustavo Bordet ante las “irreverentes” expresiones del jefe de Policía, Gustavo Masleín, quien dijo que los magistrados “no ven la realidad de la calle” como salida para justificar las acusaciones de apremios que pesan sobre los uniformados por hecho ocurridos en Paraná, Gualeguaychú, Federación y Concordia.
Con respecto a esta afirmación del jefe de la Policía, Carubia confesó que le cayeron “mal”.
“No nos estábamos refiriendo a esos casos donde la policía entra a un barrio y es recibida a balazos en medio de un conflicto interno del lugar. Jamás cuestionamos procedimientos violentos de la policía cuando la violencia es legalmente ejercida”, aclaró.
“Hemos tomado conocimiento de situaciones donde incluso las víctimas de los excesos no querían denunciarlos por miedo a las represalias. Consideramos necesario hacer saber de esto al Procurador”, Jorge García, comentó el vocal del STJ.
“Hay distintas formas de incurrir en excesos. Detenciones que se hacen sin control judicial pero luego se las trata de legalizar para que no se note la irregularidad. O situaciones en las que al detenido se lo va pasando de una comisaría a otra de manera tal que resulte difícil precisar quiénes y dónde actuaron de tal o cual modo. Está la presión psicológica, la violencia psicológica”, describió.
“Es verdad que las situaciones sobre las que advertimos son excepcionales, que no es lo común, pero se han incrementado. Hay que tener cuidado porque aún los casos excepcionales son repudiables. Que sean excepcionales no significa que tengamos que mirar para otro lado”, concluyó.
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