El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Tropiezo del denunciante del pago de coimas en el Puerto de Concepción del Uruguay, una causa que parece no avanzar. Las conexiones en una ciudad que suele vivir en calma.
Por FEDERICO MALVASIO (PÁGINA JUDICIAL)
La causa por el supuesto pago de coimas en el Puerto de Concepción del Uruguay avanza, pero no como quisieran algunos actores del entorno portuario.
Durante un mes la discusión estuvo centrada en la competencia, que finalmente quedó en la provincia. Es decir que el legajo seguirá tramitando en la Unidad Fiscal Número 2 de Concepción del Uruguay, a cargo de María José Labalta. La causa no tiene imputados y aún no figura en el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal en la sección corrupción, como sí están las de Sergio Urribarri, por ejemplo.
Las autoridades del puerto, hasta acá, han cumplido con los pedidos de información (mediante oficios complementarios) que ha hecho la fiscal.
La historia comenzó con una denuncia el 19 de abril. Raro: conocida la denuncia se ventilaron audios donde el ex titular del Instituto Portuario de la Provincia de Entre Ríos, Leonardo Cabrera, aparentemente, le pediría una coima al empresario José Alberto Uriburu, concesionario de una terminal portuaria. Si se quiere , la única prueba probable de la catarata esgrimida por el empresario a un medio local que se viralizó por toda la provincia.
Sin embargo, pasó desapercibido un hecho. El súper denunciante empresario José Alberto Uriburu fue allanado hace una semana en el marco de una causa por narcotráfico que llevan adelante el juez federal Pablo Seró y la fiscal federal Josefina Minatta. El operativo estuvo a cargo de Prefectura. Uriburu ha sido imputado y se encuentra actualmente cumpliendo prisión preventiva domiciliaria a la espera de que se resuelva su situación procesal.
Entonces, ahora, Uriburu, está en dos causas: en la que denunció y reconoció haber pagado de coimas; y la que tramita en el fuero federal por tráfico de drogas.
Mientras tanto, Uriburu no abandona un minuto las gestiones para volver a prestar el servicio en el depósito del puerto, luego de haber sido sancionado, entre otras cosas, por acumular deudas con la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).
El empresario fue un hombre del ex ministro de Transporte del macrismo, Guillermo Dietrich. En su perfil –que oportunamente publicó Página Judicial– se anotó como asesor en materia de transporte, inversiones y comercio internacional en el organismo que presidió Dietrich.
En el mismo escenario donde se lleva adelante esta causa conviven el presidente del Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay, Marcos Di Giuseppe, quien hizo la denuncia como le correspondía por su condición de funcionario público; el dirigente peronista y ex funcionario portuario, Carlos María Scelzi; y el dirigente de Juntos por el Cambio Juan Ruiz Orrico, separado del cargo de director del Instituto Portuario de la Provincia de Entre Ríos tras el accidente que dejó como saldo cuatro personas fallecidas y que lo tiene como imputado por el delito de homicidio culposo, según lo tipificó el fiscal Eduardo Santo. Paréntesis: Ruiz Orrico estaba trabajando en la denuncia que había hecho Uriburu. Incluso solía ser el vocero del organismo que integraba.
Di Giuseppe integró la gestión del actual intendente justicialista de la ciudad, José Eduardo Lauritto, cuando este presidía la Delegación Argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), hasta diciembre pasado.
Ruiz Orrico es esposo de Evangelina Bruzzo, jueza de la Cámara de Casación Penal de Concordia; mientras que Scelzi está casado con Fernanda Erramuspe, que integra la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Concepción del Uruguay.
Como si fuera poco, el procurador general Jorge Amílcar Luciano García es de Concepción del Uruguay y conoce a todos los actores de estas tramas.
Por esas cosas del terruño, política, denuncias y justicia se volvieron a cruzar.
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