El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
La procuradora adjunta, suspendida en su cargo y sometida a un jury, denunció penalmente a los tres vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que votaron la apertura de un proceso en su contra. Los motivos son variados, pero se enmarcan en el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Por JUAN CRUZ VARELA de PÁGINA JUDICIAL
Los enfrentamientos hacia el interior de los tribunales no son nuevos. Esta vez, el disparador fue el proceso abierto contra la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche y ha generado una situación de máxima tensión que no colabora con la deteriorada imagen del Poder Judicial entrerriano.
Goyeneche dio un paso más en ese enfrentamiento y denunció penalmente a Martín Carbonell, Daniel Carubia y Claudia Mizawak, los tres vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que votaron la apertura de un proceso en su contra por mal desempeño, falta de idoneidad moral e incumplimiento de los deberes a su cargo, por su actuación en la causa donde se investigan los contratos truchos en la Legislatura.
La denuncia se extiende a la abogada Sonia Rondoni y al senador Armando Gay, los otros integrantes el Jurado de Enjuiciamiento que dispusieron el apartamiento del Ministerio Público Fiscal en el proceso contra la procuradora adjunta; y también al abogado Gastón Justet, que aceptó asumir como fiscal ad-hoc en el jury.
Los motivos de la denuncia son amplios y variados, pero se resumen en una serie de actos dispuestos por el Jurado de Enjuiciamiento que, a su criterio, se enmarcan en el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, según la reconstrucción que hizo Página Judicial.
La estrategia ya había sido adelantada por el procurador general, Jorge Amílcar Luciano García, tras la apertura del proceso contra Goyeneche, su suspensión en el cargo y el apartamiento del conocimiento de la causa de la totalidad de los integrantes del Ministerio Público Fiscal y su reemplazo por un fiscal ad-hoc, aludiendo a la gravedad institucional que todo eso implicaba.
García dijo entonces que el jury “carece de potestad de desplazar a un órgano esencial de la estructura del enjuiciamiento constitucional, y menos aún de tomar decisiones que usurpan la competencia legislativa para modificar a puro arbitrio discrecional” la ley que organiza el funcionamiento del Jurado de Enjuiciamiento, y adelantó que los integrantes del jury habrían cometido un abuso de autoridad al dictar una resolución contraria a las constituciones o leyes nacionales o provinciales.
Esa es la figura escogida por Goyeneche en la denuncia que presentó el 31 de diciembre, a título personal y con el patrocinio de Enrique Pita, que la representa en el proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento. Esta vez, García no le puso la firma, aunque nadie arriesga que haya segundas intenciones en ello.
De hecho, Goyeneche había iniciado su propio derrotero judicial el 29 de diciembre con la presentación de un recurso de amparo ante la jueza María Andrea Pereyra, de la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial. Planteó tres cuestiones, principalmente: la apertura de un jury, “en flagrante violación a las garantías constitucionales de legalidad de los actos públicos y división de poderes –en su aspecto de independencia judicial– y estabilidad en el ejercicio del cargo”; la suspensión en su cargo mientras dure el proceso, con el consecuente descuento del 30 por ciento del sueldo; y la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de separar del conocimiento de la causa a la totalidad de los integrantes del Ministerio Público Fiscal. El asunto quedó ahora en manos de los jueces de feria, José Antonio Reviriego o Elena Albornoz, que lo sucederá a partir del 15 de enero, luego de que el STJ revocara la resolución de la jueza Pereya para que el asunto sea tratado por conjueces.
Goyeneche ya había planteado que la decisión de apartar al Ministerio Público Fiscal de su rol de acusador en el jury emula a las “comisiones especiales” creadas durante la dictadura para someter a los opositores a juicios “al margen de todo derecho”.
Pero al día siguiente, el 30 de diciembre, mientras la jueza Pereyra ensayaba su excusación invocando un artículo de la Ley de Procedimientos Constitucionales que establece taxativamente que los magistrados deberán apartarse en los procesos de amparo cuando tengan que resolver “acciones interpuestas por otros magistrados o funcionarios pertenecientes al Poder Judicial”, se produjo un hecho que aceleró una decisión que Goyeneche ya tenía tomada: el Jurado de Enjuiciamiento dispuso la suspensión de los plazos procesales y todo trámite en el jury a raíz del “inminente vencimiento de los mandatos de los actuales jurados titulares y suplentes”.
La denuncia que se formalizó el 31 de diciembre es contra los jurados que votaron por el apartamiento del Ministerio Público Fiscal del proceso, pero también apunta directamente contra el presidente del Jurado de Enjuiciamiento, Martín Carbonell, por la decisión de suspender los plazos procesales (permitiría extender la tramitación del proceso más allá de los seis meses que establece la ley); y se extiende al abogado Gastón Justet, que aceptó intervenir como fiscal ad-hoc, igualmente por abuso de autoridad, en su caso por haber aceptado un cargo para el cual no cumple con los requisitos legales.
La denuncia se presentó antes de la feria, pero en un día inhábil. La recibió inicialmente la fiscal auxiliar María de las Mercedes Nin. Pero no será ella quien lleve adelante la investigación. No podría hacerlo. Si bien todavía no se le ha dado curso ni se dispusieron medidas –los denunciados no han sido notificados, por ejemplo–, la decisión del procurador es que quien continúe con el legajo sea un fiscal coordinador. Tiene esa facultad. Pero todo se develará a partir del 1 de febrero, cuando se retome la actividad judicial después de la feria.
Mientras tanto, la comunidad política está atenta a nuevas posibles formas de embates judiciales; por el momento observan los acontecimientos como un espectáculo ajeno a capitalizar y, más allá del regodeo, algunos funcionarios imaginan que este escenario permitirá resetear el vínculo con el Poder Judicial. ¿Cambiará algo? Es posible.
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