El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Episodios como el derrame de un millón de litros de solución cianurada en San Juan tienen el mérito de poner en cuestión una paradoja irresuelta de la democracia en la que no solemos reparar… hasta que se rompe algo. ¿Empezaremos a discutir alguna vez quién debe decidir en estos casos?
Por AMÉRICO SCHVARTZMAN
En nuestra democracia, no la que tenemos en mente sino la que existe de verdad –la que está en las leyes vigentes pero también en la vida cotidiana– subyacen dos ideas incompatibles: por un lado la que se conoce como el “principio mayoritario”, la idea de que las decisiones que van a afectar a un grupo humano deben tener consenso para ser legítimas. Por el otro, la desconfianza en ese mismo principio, razón por la cual nunca se aplica directamente a las decisiones, y solo se ejerce para elegir representantes. Ellos son los únicos legitimados –los expertos, los que “saben”– y por eso, son quienes toman las decisiones. El argumento de Platón contra la democracia sigue vivo más de 25 siglos después de que lo formulara: ¿a quién le haré caso sobre cómo curar mi enfermedad, al médico –el experto– o a una muchedumbre?
Pero a veces, episodios específicos, situaciones no previstas, ponen en foco esa dicotomía y presentan una discusión que nadie del establishment quiere dar. En especial, ocurre con los conflictos socioambientales. Como el que en este momento sacude a San Juan, a raíz del derrame de agua cianurada en la zona de Jáchal, donde se encuentra la mina de Veladero, a cargo de la empresa Barrick Gold.
¿Situaciones no previstas? No. En general, como en el caso que comentamos, aunque se habla de “accidentes”, se trata de eventualidades que sí fueron previstas, e incluso largamente advertidas por distintas organizaciones. Pero eran relativizadas o rechazadas de plano por los defensores del emprendimiento. Lo que no podía pasar, pasó.
EL DERRAME PROMETIDO ERA OTRO
La empresa transnacional de origen canadiense Barrick Gold reconoció –tarde– el derrame de un millón de litros de agua cianurada (cuatro veces mayor a lo que se informó inicialmente). Algo que “no podía pasar”, pero ocurrió: la mina Veladero era, según la empresa, su yacimiento más seguro. Por la escasa información, la gente de Jáchal optó por tomar agua mineral y no mandar a sus hijos a la escuela. A las pocas horas la Justicia dispuso investigar si se contaminó del agua de la zona y ordenó clausurar por un mes la actividad de la mina, para realizar las investigaciones necesarias.
Después de años de seducir a las comunidades prometiendo otros derrames (pleno empleo, progreso para la región, crecimiento económico) el derrame de cianuro es una pésima publicidad para la Barrick y su proyecto binacional Pascua Lama, que está frenado por la Justicia chilena. La minería está logrando un consenso social creciente, pero en su contra: de los doce mil habitantes de Jáchal, el viernes 18 más de seis mil se congregaron para protestar por el episodio. Claro que ahora tienen mucha más información. ¿Qué pasaría si votaran, hoy, acerca de la continuidad de la labor de la minera?
QUÉ ES ESO DE LA LICENCIA SOCIAL
¿Votar para que se instale o no un emprendimiento minero? Nada mejor que un caso concreto para entenderlo.
En 2012, las asambleas riojanas de Famatina y Chilecito llevaban un mes cortando el acceso al cerro, en contra del proyecto minero impulsado por el gobierno provincial. Eran los pasos iniciales: la empresa Osisko Mining Corporation (también oriunda de Canadá) comenzaba la exploración para conocer la cantidad, calidad y ubicación de recursos minerales en el Famatina. Pero el fuerte rechazo de la comunidad fue decisivo: la firma comunicó que “sin licencia social no llevaría a cabo el trabajo”. Quizás los canadienses olieron conflicto, pero con certeza constataron que el gobernador Beder Herrera no estaba dispuesto a impulsar un proceso serio de búsqueda de legitimidad social. Y prefirieron irse. Por primera vez se leyó la expresión “licencia social” en primeras planas de diarios de alcance nacional. Poco después el gobierno de La Rioja rescindió el contrato: ya vendrá otra minera sin tanta “responsabilidad social empresaria”.
Pocos meses después, en Loncopué, una pequeña ciudad neuquina, se realizó una consulta popular –después de meses de pelea judicial porque el poder político se resistía– sobre la explotación megaminera: el 84% del padrón respaldó la ordenanza municipal que prohibió esa actividad.
De eso se trata. La idea de la licencia social es sencilla: el consentimiento libre, previo e informado de una comunidad acerca de cualquier iniciativa que la va a afectar de manera directa. Una noción muy interesante, cada vez más presente en los reclamos ambientales, pero siempre ausente en debates institucionales o parlamentarios y en la legislación nacional o provincial.
NI POPULISTAS NI LIBERALES
Es que esa idea pone en discusión la notable dicotomía de la democracia –tal como la entiende nuestra estructura institucional– a la que me refería al inicio. ¿De qué se trata? De que en nuestra idea republicana subyace una fuerte contradicción, dos nociones que son incompatibles y sin embargo ambas están vigentes, incluso en la estructura jurídica: por un lado el principio mayoritario, esa intuición compartida de que las decisiones que van a afectar a un grupo humano deben tener consenso para ser legítimas. Por el otro, la profunda desconfianza en “la multitud”, por la cual el principio mayoritario nunca se aplica directamente a las decisiones: solo se ejerce para designar “expertos”, representantes, es decir, personas supuestamente especializadas en el oficio de tomar decisiones.
Este segundo concepto es el que parece imperar en distintas formas de gestionar lo público, tanto populistas como liberales, para las que la ciudadanía es una suerte de menor de edad que debe ser guiado, o se extraviará. Episodios como el derrame de un millón de litros de solución cianurada tienen el mérito de poner en cuestión esa paradoja de la democracia en la que no solemos reparar… hasta que se rompe algo.
Pero ¿quién debe decidir, entonces? ¿Los expertos? ¿O todos los posibles afectados, con buena información, completa, veraz, oportuna? ¿Habría que pensar en votar a cada rato, o solo cuando haya temas lo suficientemente relevantes como para movilizar a la comunidad? ¿O establecerlo como obligación ante determinados emprendimientos –aquellos que afectarán la salud, el ambiente o a la vida de una comunidad, que en el fondo es todo lo mismo? ¿Habrá que pensar, quizás, que tan o más importante que votar personas es votar iniciativas?
Por ahora, el poder político –sin distinguir entre oficialistas y sus principales opositores– ni siquiera acepta discutir estas preguntas. Por eso, precisamente, seguirán creciendo sin solución los conflictos socioambientales.
QUÉ MINERÍA Y QUIÉN LO DECIDE
La minería sigue siendo necesaria para producir la mayor parte de los bienes que la ciudadanía desea disfrutar. Incluso de aquellos elementos que permitirían un sistema socioeconómico más sustentable y sensato que el actual: paneles solares, molinos eólicos, turbinas para energía mareomotriz, no pueden fabricarse (por ahora al menos) sin metales.
Pero no cualquier minería es indispensable: la Barrick busca oro y plata, no metales para componentes de energía solar. Y crece cada vez más la idea de que es una severa amenaza, mucho mayor que los supuestos beneficios económicos. Pero un proverbio muy usado en el habla anglosajona recomienda "no tirar al niño junto con el agua sucia de la bañera". Si hay una minería necesaria, debe ser sustentable y limpia.
Sin un proceso de información, deliberación y consulta ciudadana (que hoy no existe como obligación para estos emprendimientos en ninguna legislación), con la ciudadanía obligada a arrancarle la información a las empresas y a los gobiernos, mediante recursos judiciales –porque el poder institucional es hostil a la participación ciudadana– las controversias seguirán irresueltas.
Salvo que empecemos a discutir con toda la información y con los interesados.
En 2012, después de votar en Loncopué en el referéndum sobre la mina, un vecino de esa pequeña comunidad neuquina dijo a los medios presentes: “Esto es algo que hacía falta, algo simple: que decidamos nosotros por nosotros, no que decidan otros. Creo que no digo ninguna locura ¿no?”
De eso se trata la licencia social. Y, acaso, el más serio desafío de la democracia.
*Versiones reducidas de esta nota se publicaron en EL MIÉRCOLES DIGITAL , ANALISIS DIGITAL y otros medios.
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