En estos días en el Congreso de la Nación está girando un proyecto de ley del Partido Socialista sobre comunicaciones convergentes. Sería superadora y más amplia que la ley de medios aprobado en el 2009, que rige parcialmente en la actualidad tras las amputaciones que le aplicó –vía decreto- el presidente Macri ni bien asumió, más la desidia del mismo kirchnerismo en su aplicación.
El Miércoles Digital entrevistó a quienes están trabajando en esta iniciativa legislativa: Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información e investigador del Conicet; Guillermo Goldstein, abogado, especialista en Derecho de las telecomunicaciones y propiedad intelectual; y Alicia Ciciliani, diputada nacional por Santa Fe, quien lo impulsa políticamente.
Por VALENTÍN BISOGNI, JORGE DÍAZ y CLARA CHAUVÍN
Ellos están recorriendo el país buscando el mayor consenso social posible. Hablan con la ciudadanía, las sociedades intermedias, las cooperativas y todos los sectores sociales posibles para ampliar la base de apoyo que logre doblegar a la clase política, que como indicaron en el reportaje, está reacia a darle tratamiento en el Congreso, tanto en el oficialismo como en el resto de la oposición “por los intereses que toca”. Estuvieron en Concepción del Uruguay el 28 de septiembre, presentando el proyecto en el salón 1º de Mayo del Rectorado de la Uner, junto a la candidata a diputada nacional por el PS, la uruguayense Verónica Magni.
Pero antes aceptaron un mano a mano con este medio, donde contaron: cómo vienen trabajando; que antecedentes tomaron de referencia; las diferencias con la ley de medios kirchnerista; los intereses económicos que “tocan”, cómo piensan instrumentarla si la aprueban; los beneficios para la sociedad; la defensa de la competencia; entre otros puntos.
LA LEY KIRCHNERISTA QUE NI EL KIRCHNERISMO RESPETÓ
-En estos momentos la ley de servicios de comunicación audiovisual se encuentra parcialmente vigente porque ni bien asumió, con un decreto el presidente Mauricio Macri anuló varios de los artículos de la ley aprobada en el 2009. Sin embargo esa ley no reguló nunca gran parte del mercado de internet, medios digitales y también otro tipo de servicios que se han ido anexando como el triple play. ¿Qué vacío legal impide que surja esta iniciativa de ley como las que ustedes trabajaron?
(Martín Becerra) Consideramos que hay no solamente vacío, sino también contradicciones de dos órdenes: una contradicción que es que por estar organizadas con normas distintas las telecomunicaciones, la conectividad a internet y los medios audiovisuales, a veces se producen ruidos entre esas normas; y después en el segundo orden hay contradicciones porque el propio gobierno es contradictorio cuando decreta cosas que van en contra de decretos previos de este mismo gobierno, además de que todos esos decretos en muchos casos contradicen normas legales votadas por el Congreso en años previos de su llegada a la Presidencia. Y también hay vacíos legales, por poner un ejemplo, es el de los llamados OTT, como Netflix, que operan en Argentina sin tener una normativa, como si se está discutiendo en otros países, los haga corresponsables del mantenimiento, de la construcción de redes de infraestructura, que son el vínculo que ellos usan para distribuir y comercializar sus servicios, no participan de los fondos de fomento a la producción nacional, a la producción independiente, a la producción local. O sea que hay vacíos y hay contradicciones, las dos cosas.
-¿Qué diferencias notan en la política comunicacional entre este Gobierno y el anterior?
En cuanto al gobierno anterior yo diría que tuvo muchas etapas, si por gobierno anterior entendemos los doce años del kirchnerismo. Una primera etapa en la que acompañó el proceso de concentración de las principales fuerzas del mercado, hasta la asunción de Cristina Fernández de Kirchner, o sea, hasta la ruptura de las relaciones entre el Grupo Clarín y el kirchnerismo, que eso ocurrió recién en 2008 junto con la llamada “crisis del campo” y la resolución 125, antes todas las medidas que adoptó Néstor Kirchner como Presidente potenciaron la concentración del mercado y estuvieron por lo tanto orientadas por los principales operadores industriales de medios y telecomunicaciones, el Grupo Clarín en particular, la fusión de Cablevisión y Multicanal, prorrogas de licencias por decreto. Después con la ruptura en 2008 efectivamente se produjo un cambio, representado además con el cambio de funcionarios, sale del ex Comfer (Comité Federal de Radiodifusión) como interventor Julio Bárbaro, que estuvo hasta ese momento y lo designan a Gabriel Mariotto, y ahí comienza una etapa donde el gobierno recupera una agenda que es previa al kirchnerismo, que es la agenda de los 21 puntos por una radiodifusión democrática, que es una agenda que cuyo nombre mismo indica que se trata de colectivos que veníamos trabajando desde 1983 en algunos casos, y que desemboca en la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual en 2009, con un escenario de debate, de discusión interesante, también de confrontación, todo eso junto. Yo diría que ahí hay una etapa en donde el gobierno descubre una agenda que no le era propia hasta ese momento, la incorpora y la traduce en una iniciativa legislativa que, a título personal, me pareció muy bienvenida, interesante, necesaria, veníamos todavía con la ley de (el ex Presidente de facto Jorge) Videla vigente.
"En materia de medios la solución tiene que estar ya, si tardamos años el mercado se estratifica y desaparece la competencia".
-Pero después se tomó otro camino
Y después tenemos una siguiente etapa en donde el propio gobierno profana la ley que impulsó, es decir, los años siguientes al año 2009 son años donde el kirchnerismo, casi los dos gobiernos de Cristina Fernández, desde octubre de 2009, que fue sancionada la ley, hasta diciembre de 2015, se dedica a ser irrespetuoso con la letra de la ley que paradójicamente había impulsado. Es decir, no hubo 33 por ciento para organizaciones sin fines de lucro, los medios que iban a ser públicos fueron más gubernamentales, no se desconcentró el mercado de los grandes grupos económicos, no hubo siquiera una planificación del espectro radioeléctrico en términos de construcción de un plan técnico de frecuencias, la autoridad de aplicación fue sometida, a pesar de que tenía que tener una integración más plural, a los designios del Poder Ejecutivo y le retaceaban a los directores de la oposición nombrados por el Congreso, el acceso a expedientes que eran claves para tomar decisiones, como fue el caso de la adecuación de Telefe a la ley, o sea, lamentablemente yo hubiera deseado que la historia fuese otra, pero eso creo le quitó mucha legitimidad y apoyo social a la ley, y allanó el camino para que el gobierno de Macri derogara artículos centrales de la ley sin casi oposición política ni social, incluso con algunos legisladores que en el Congreso habían votado la ley y después votaron el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Macri, como es el caso de massismo en parte. Y el gobierno de Macri es un gobierno que se apoya nuevamente, no es la primera vez en la historia que ocurre esto, en los intereses de los actores más concentrados. Y somete la política pública dirigiéndola en función de las necesidades cambiantes de esos grupos concentrados, de Clarín y de Telefónica sobre todo, pero de algunos otros también.
LA IMPORTANCIA DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN
- El grupo Clarín cuestionó la autoridad de aplicación de la ley sancionada en el 2009, pero en la que impulsan ustedes es primordial que esa autoridad sea seria y creíble, ¿podrían detallar las principales diferencias entre una y otra, y como sería ese funcionamiento?
(Guillermo Goldstein) La autoridad de aplicación que ideó la ley del kirchnerismo hubiera funcionado bien, sino lo hubieran presionado para que actuara de manera política y al margen de la ley, aprendiendo de esa historia, nosotros vimos que el principal defecto que tenía la autoridad de aplicación, es la falta de idoneidad de sus autoridades. Se los elegía no en razón de sus conocimientos, de su experiencia, de sus trabajos, se los elegía en razón de su pertenencia a determinados grupos políticos o de poder, y eso en una autoridad de aplicación de cualquier organismo es contraproducente. Todas las autoridades de aplicación en todos los países del mundo primero son técnicos, especialistas en la materia y después entran por la vía política. Nosotros lo que hicimos para solucionar ese problema fue un doble filtro para las autoridades: primero tiene que demostrar idoneidad, tiene que ir a un concurso, todos aquellos que se crean con capacidad van a un concurso y de ese concurso, los que aprueban, 100, 200, 500, 1000, de los que aprueben la política elige. Habrá elección por parte del Poder Ejecutivo nacional, elección por parte de la primera mayoría del Congreso, de la segunda minoría, de la tercera minoría, por parte de las organizaciones sociales, pero tienen que tener idoneidad, y también le damos algunas facultades de administración y de decisión, un poquito más profundas que lo que le estaba dando la ley vigente. Nosotros le damos que tenga más independencia de criterio.
-O sea le estarían dando mucho más poder a esa autoridad de aplicación
Le estamos dando mucho más poder a la autoridad de aplicación que lo que tiene actualmente en la ley, porque le estamos dando un poder regulatorio mucho más específico, le estamos diciendo que tienen que regular de manera diferenciada entre lo que son los grandes medios y los pequeños medios, o las organizaciones del tercer sector; le estamos diciendo que tienen que actuar en materia de defensa de la competencia, cosa que hoy tampoco está. Es una autoridad de aplicación que va a tener muchísimo más trabajo y muchísima más decisión institucional, política y tecnológica que la que tiene hoy. Pero a su vez necesita tener idoneidad y sustento político.
LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA
- ¿Cómo establecen en la norma las reglas de la defensa de la competencia?
(Guillermo Goldstein) Hoy los temas de defensa de la competencia, tanto en materia de telecomunicaciones, de medios audiovisuales o cualquier otro tema, van a un organismo que es la comisión de “Defensa de la competencia” -que es como un tribunal semi-judicial porque es administrativo-, de todo: va desde un problema de la competencia entre dos empresas cementeras o dos empresas en materia de medios. Y como tiene una gran cantidad de casos para analizar no termina analizando ninguno y no termina solucionando ninguno. Defensa de la competencia tarda años en solucionar un problema. En materia de medios la solución tiene que estar ya, si tardamos años el mercado se estratifica y desaparece la competencia. Entonces nosotros siguiendo la experiencia de otros países, en especial de EE.UU y México, pusimos que la defensa de la competencia en esta materia la tenga la autoridad de aplicación, que es una autoridad de aplicación con las características mencionadas anteriormente. Con una salvedad también: tiene que actuar lo que se llama “ex-ante”, ¿qué quiere decir esto?, no tiene que esperar que venga una denuncia de alguien que se sintió afectado en la competencia, tiene que estar continuamente mirando el mercado y estableciendo cuales son las reglas sobre las cuales el mercado se va a desarrollar. Entonces, lo que se llama “acuerdos de interconexión”, son los acuerdos que hace un gran proveedor de internet, hay tres o cuatro proveedores que son los dueños de los ductos nacionales, y los medianos proveedores de internet, llamémosle el cable de acá de Concepción del Uruguay. ¿Cómo accede el cable de acá de Concepción del Uruguay a la red de internet?: se tiene que interconectar en este caso será con Telecom, las condiciones que pone Telecom no son iguales en todo el país, donde tiene competencia Telecom cobra un valor, donde no tiene competencia cobra diez veces más. El Estado no puede esperar que venga la denuncia, tiene que actuar antes, y tiene que decir, los acuerdos de interconexión tienen estas características y hasta este precio. Y así varias otras temáticas en materia de defensa de la competencia.
-¿Qué pasa con aquellas empresas que abarcan un equis porcentaje del mercado?
Otra novedad que tenemos en la ley es que declaramos que todas las empresas que al menos tengan el 20 por ciento del mercado son empresas con posición dominante, y la autoridad de aplicación tiene la obligación de controlar específicamente a esas empresas, tiene que regular para esas empresas, para evitar que se provoquen problemas de competencia. Aun así con todo lo que estamos diciendo, en los países que lo están aplicando, aun así tienen problemas. Imagínense lo que sería si esperamos que actúe después. En un momento cuando el fútbol era de Torneos y Competencias antes del “Fútbol Para Todos”, lo vendían a los cable operadores que estaban cercanos a el grupo propietario y a los que no eran del grupo propietario no le vendían el fútbol, entonces el que no tenía el fútbol perdía abonados y los ganaba el competidor. Entonces se hicieron denuncias en defensa de la competencia, si por supuesto, pero llegaron tarde, llegaron tarde porque un operador no aguanta esos tres meses, si vos tenes que elegir entre el cablero que tiene fútbol y el que no tiene ¿cuál vas a elegir?, defensa de la competencia tardó un año y después de un año dijo “si eso que hicieron está mal”, pero ya no existía la otra empresa. Esos son los cambios que nosotros estamos introduciendo en nuestro proyecto en materia de defensa de la competencia.
- Cuando se debatió la ley de medios en el Uruguay, el entonces presidente José Mujica planteó un escenario político donde si no se juntaban en una misma mesa a consensuar una ley los grupos de medios uruguayos, iban a ir los grupos “O Globo” de Brasil y “Clarín” de Argentina a copar el mercado uruguayo, que es un mercado pequeño. En el caso de este proyecto ¿Qué planteo hay con respecto a la invasión de grupos extranjeros como está ocurriendo ahora con el grupo FOX, con TURNER, con CNN, con distintos grupos de capitales principalmente de EE.UU que están queriendo intervenir y sumar mercado dentro de lo que es Argentina?¿Qué restricciones y limites se plantean para los capitales extranjeros?
(Martín Becerra) El proyecto al igual que la ley audiovisual, dice que los licenciatarios tienen que ser argentinos, pero después de la reforma constitucional del año 94, los tratados internacionales que se firmaron tienen un estatuto que es superior a las leyes, porque tienen estatuto constitucional, y acá hay vigente un tratado de reciprocidad comercial con los EE.UU, que nosotros podemos tener una opinión de sentido común y decir que la reciprocidad comercial que estipula ese tratado es falsa, porque no hay tal reciprocidad comercial, no hay empresarios argentinos que estén comprando medios en EE.UU del mismo modo que empresarios estadounidenses que compran medios en Argentina. Pero mientras rija el tratado de reciprocidad no sería constitucional que una ley impida ese tipo de inversiones. Lo que si el proyecto plantea es la obligación de producir contenidos locales, y de contenidos independientes y de contenidos nacionales. Así que en ese sentido es una ley que promueve el contenido nacional y la cultura nacional, y diría más, aunque puede ser mal interpretado lo que voy a decir pero, por ejemplo: Telefe mientras estuvo en manos de Telefónica desde el 98 hasta el año pasado era un grupo extranjero, de capitales extranjeros, sin embargo fue de los grupos que más contenido nacional produjo, o sea que no siempre que sea el hecho de que sea un grupo extranjero obligatoriamente supone que no va a haber contenido nacional. Obviamente es mejor que sea un contenido nacional producido por capitales nacionales, pero una industria cada vez más globalizada con tratados internacionales que tienen estatuto constitucional, es difícil que se vede el ingreso de capitales, tampoco Uruguay lo hace, de hecho un decreto del gobierno uruguayo le facilito al Grupo Clarín una banda de frecuencia que lo habilita a dar televisión vía satélite, y los cableros uruguayos, de capitales uruguayos, no pueden hacer eso. Lo que quiero decir es que: no siempre lo que se dice después está representado en las acciones del gobierno.
"Durante el kirchnerismo los medios que iban a ser públicos fueron más gubernamentales, no se desconcentró el mercado de los grandes grupos económicos, no hubo siquiera una planificación del espectro radioeléctrico en términos de construcción de un plan técnico de frecuencias".
- Además de la jurisprudencia de México y EE.UU sobre la legislación para la defensa de la competencia, ¿qué antecedentes de otros países estudiaron para llevarla a esta ley?
Nosotros trabajamos sobre todo con legislación de México, EE.UU, Inglaterra, España, Francia. Obviamente leímos y conocemos mucho la ley uruguaya, lo que pasa que la ley uruguaya a su vez tiene como punto de referencia la ley argentina de 2009, no es una ley convergente, es una ley de medios audiovisuales específicamente y además tabica mucho la posibilidad de la convergencia por la cuestión de que ellos tienen la empresa Antel, que tiene una particularidad que en la Argentina no se da, entonces tiene esa ley algún condimento que es diferente claramente a nuestra utilización o utilidad, pero si, trabajamos con esos antecedentes. Buena parte de, por ejemplo, el capítulo relativo a publicidad lo hemos tomado de experiencias europeas y en particular de la experiencia española, por supuesto también nos basamos como es lógico en la ley audiovisual argentina.
- Pero en el momento de la aplicación en esos países ¿dan buenos resultados o se trata de letra muerta?
Hay de todo, hay gobiernos y gobiernos. Ahora mismo el gobierno de Donald Trump es poco respetuoso de buena parte de la legislación y de las normas dispuestas durante los gobiernos de Obama. Y está desmontando, por ejemplo, el principio de servicio público para internet que se dispuso durante el gobierno de Obama. O sea, los países algunos tienen tradiciones de políticas de Estado más firmes, como es el caso de Inglaterra, que otros, como es el caso de EE.UU, donde los espasmos no son tan heavy como los nuestros pero por ahí le andan. Entonces no es lo mismo declarar un servicio público que decir que no lo es; estás dejando en banda a una parte de la población, sobre todo a la de menores recursos, que es la que pretendía alcanzar Obama con esa medida y bueno, eso tiene después impacto social concreto.
(Alicia Ciciliani) Declarar de interés o de servicio público para mi es la clave. Es una cuestión clave, porque vos estas regulando algo que con la revolución tecnológica todos los días te aparece una nueva posibilidad. Cuando lo hacés ya partiste de una base que podes discutir todo y podes garantizar derechos y podes ir a la Justicia, después a reclamar. Ahora, sino lo es, no podes hacer nada. Para mí eso es uno de las cosas más importantes que tiene el proyecto, inclusive la telefonía móvil. Obviamente yo no creo que haya un consenso político mayoritario hoy que pueda hacerlo, o a lo mejor si, hay que pelearlo, pero ese para mí es un elemento clave.
LA NEUTRALIDAD DE LA RED Y SUS DIFICULTADES
-Se viene planteando hace varios años la posibilidad de garantizar una internet libre, que es el concepto de neutralidad de la red. En estos momentos varios especialistas plantean el riesgo que se corre en Argentina de que las mismas empresas que nos están brindando el servicio de internet en estos momentos se van a fusionar con las mismas que generan los contenidos. En el interior, y en Concepción del Uruguay puntualmente hasta hace muy poco, Arnet que es de Telecom tenía casi todo el mercado, ahora esta Fibertel que es de Cablevisión, pero si se fusionan los dos grupos las dos únicas conexiones de internet que hay en la ciudad van a ser del mismo grupo, que además es el que distribuye los contenidos. ¿Qué enfoque o que plantea el proyecto de ley en el sentido de la defensa de la neutralidad de la red?
(Guillermo Goldstein) Estudiamos y debatimos bastante al tema, porque la neutralidad de la red es un tema que tiene aristas. Uno de los primeros países que avanzó con lo de la neutralidad de la red fue Chile, y tuvo marchas y contramarchas, avances y retrocesos, porque la neutralidad absoluta de la red es una panacea, es decir, no lo podes lograr. No podes decir “el proveedor del cable no puede hacer un empaquetamiento, no puede privilegiar esto sobre lo otro”, lo que tenemos que llegar a decir es, no puede arbitrariamente beneficiar a un producto en detrimento de otro, pero vos me decís: “yo soy un proveedor y quiero darle más ancho de banda a los mails que a Netflix”, está bien…
(Martín Becerra) Más que a Netflix (interrumpe) , lo que ya la red hace de por sí, o sea tecnológicamente, es priorizar tipo de servicio, o sea, te prioriza por ejemplo video sobre voz, o voz sobre datos. Lo que no puede hacer, y eso nuestro proyecto lo plantea, incluyo yo creo que más allá de nuestro proyecto con las normas vigentes en la Argentina hoy, lo que no podría hacer un proveedor es priorizar a Netflix en contra de otro proveedor del mismo servicio, o sea, o ralentiza todo video o prioriza todo el video; pero no puede decir Netflix si, HBO Go no, o clarín.com, si, pagina.com, no. Tiene que tener un tratamiento equivalente para el mismo tipo de servicio, porque efectivamente la red sí que hace esta discriminación, porque no sería viable, o sea, por el mismo caño en determinados horarios cuando hay mucha demanda de video, efectivamente no sería materialmente posible que todos se conecten al mismo tiempo si no ralentizan algún tipo de servicio, lo que no puede hacer es discriminar a uno y favorecer a otro que sean competencia, eso no puede hacer. Y eso efectivamente yo creo que hoy, hay una ley de un sol artículo, rarísima, que es del año 2005, que dice algo así como: “La libertad de expresión plena que estipula la Constitución Argentina rige para internet”, punto, eso es todo. Es una ley muy rara, pero es ley. Dice eso, que internet y libertad de expresión van por el mismo sendero. Con lo cual no debería discriminar a nadie. Para mí a pesar de que es rara es un buen paraguas.
(Alicia Ciciliani) En una nueva publicidad oficial sobre Arsat dicen que van a llegar con internet de banda ancha a 1300 localidades, yo estoy ahora esperándolo ansiosamente al Jefe de Gabinete (Marcos Peña) para que por favor nos explique qué localidades, como fueron elegidas, por quien, cuando, donde.
(Guillermo Goldstein) Debe haber actualmente unas 800 localidades y no debe ser tan difícil llegar a 1300 porque la red la construyó el anterior gobierno, de lo que hay ahora el 99 por ciento fue construido por Julio De Vido, a la forma de Julio De Vido. Y la crítica que le hacíamos era que no estaba habilitada la red, la tenían sin uso. Entonces hacer hoy el uso, es decir, bajar del caño a cada ciudad es relativamente fácil. Entonces no es difícil que pasen de 800 a 1300 ciudades.
MEDIOS COOPERATIVOS Y EL CINE NACIONAL
-¿En la ley qué espacio le dan a los medios o empresas cooperativas?
(Martín Becerra) Si, si a los medios audiovisuales cooperativos, porque la ley regula medios audiovisuales. Efectivamente es una ley que continua con el avance que nosotros creemos que significó la reserva de un 33 por ciento del espectro para organizaciones sin fines de lucro y en particular eso incluye a medios comunitarios y cooperativo, que no se cumplió digamos, pero era una previsión que tenía la ley anterior. En este caso hay dos añadidos, dos para nosotros mejoras sobre esa disposición: la primera es que obligamos a que la autoridad de aplicación en un plazo muy breve después de aprobada la ley, en el caso de que este proyecto sea aprobado, defina en cada localización cuál es ese 33 por ciento. O sea que defina, en Concepción del Uruguay, cuales son efectivamente las bandas de frecuencia que asignaran para el sector sin fines de lucro, y así en cada una de las localizaciones en Argentina, y por otro lado el proyecto nuestro crea un fondo de financiamiento mucho más robusto para financiar producciones del sector sin fines de lucro por un lado, y para financiar producciones fuera del AMBA, fuera del área metropolitana de Buenos Aires por otro lado. El fondo es más robusto porque además de incluir el gravamen y las sanciones de los medios comerciales, se incluye a las telefónicas y a las OTT. Entonces el financiamiento va a ser mayor, bastante mayor, porque la contribución de las telefónicas es mucho más grande que la de los medios audiovisuales. Así que en ese sentido es un proyecto que yo diría es muy respetuoso de la tradición de la libertad de expresión, no solamente como un derecho individual, sino como un derecho de la sociedad, y por lo tanto no es solo el derecho a escuchar o a recibir o albergar medios que mercantilizan informaciones, sino a medios que no mercantilizan porque no tienen fin de lucro.
- El diputado Julio Raffo se mostró en desacuerdo con el proyecto de ley porque decía que era una amenaza en la reducción de los fondos para el cine nacional.
-No leyó el proyecto cuando dijo eso, lo digo en serio.
- Exactamente en lo que se refiere a fondos de cine nacional ¿Cómo está estipulado eso?
Bueno, el diputado reacciono por haber leído incompleto un artículo de un proyecto de ley que tiene 200 artículos. El fondeo que se crea es mucho más grande. El presupuesto que va haber para alentar medios sin fines de lucro, producciones federales, medios públicos, cine entre otras actividades, es un fondo mucho mayor porque incluimos a las telefónicas. Donde hoy hay dos va a ver diez, más aportantes y el monto crece muchísimo. En términos absolutos la actividad de promoción cinematográfica crece en relación al presente, en términos absolutos, o sea, la cantidad de fondos que va a recibir es mayor. Ahora bien, como nosotros incluimos un fondeo, por ejemplo, para producciones fuera del AMBA, que no está en la ley actual, en términos relativos la participación del INCAA decrece, quiere decir que si hoy tiene el 25 por ciento, en nuestro proyecto tiene el 15 o 20 por ciento, pero eso es en términos relativos. Si vos tenés el 20 por ciento de diez es más que el 25 por ciento de dos. Es una cuenta fácil de hacer si uno lee el proyecto entero. Así que eso con muy buena voluntad Guillermo Goldstein se juntó con el diputado y con cineastas para explicarles y superamos esa polémica.
LO FUNDAMENTAL DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
- ¿Incluyen la participación ciudadana?
(Martín Becerra) Si, por ejemplo, primero se establece que se amplían las atribuciones de la defensoría del público, que es uno de los órganos de la representación ciudadana, se amplía el carácter del Consejo Federal y las atribuciones del Consejo Federal, que es otro órgano donde las organizaciones de la sociedad civil tienen asiento y participación, voz y voto. El proyecto estipula que tiene que haber audiencia durante la renovación de las licencias, o sea, que la renovación de las licencias tiene que ser previamente sometida a audiencia pública, la asignación de banda de frecuencia lo mismo, o sea que si se prevén mecanismos de participación directa en la implementación del proyecto.
"Cambiemos no tiene interés, pero la mayoría de la oposición tampoco. Y si Cambiemos sigue cambiando la ley de medios vía DNU con tanta facilidad como hasta ahora no va a habrá ley. Ahora, si hay una dirigencia política y una sociedad civil movilizada por esto, yo creo si puede haberlo".
-¿Hay conciencia por parte de la ciudadanía sobre lo que es el derecho al acceso a la información?
Desde mi punto de vista, parcialmente. Digamos, no para todos y no en las mismas condiciones. Por ejemplo, todos sabemos ya en un plano de consumidores más que de ciudadanos, todos sabemos la importancia que tiene para nuestra vida la conectividad, para muchos conciudadanos estar conectados o no, supone tener o no tener trabajo, tener actividad productiva o no, como llegar a fin de mes digamos. En muchas ciudades de la Argentina para pedir un turno en servicios públicos o para pedir una vacante en una escuela se necesita tener conectividad, entonces en algunos aspectos yo creo que hay una conciencia, lo que pasa que no es una conciencia que integre este aspecto: el problema personal con un derecho, falta eso. Esa tarea es una tarea pedagógica y es una tarea también de la dirigencia, o sea, si la dirigencia y la mayoría de los partidos políticos se hacen la distraída, es una tarea más cuesta arriba de realizar.
(Alicia Ciciliani) En la ciudadanía se ve el reclamo hacia la tarifa de luz y hacia la tarifa de gas, y no hay un reclamo a la tarifa de internet ni a la tarifa de Cablevisión, que es el doble. Lo tienen aceptado como que eso es normal y mirá la diferencia entre proveer un servicio de energía y un servicio de agua, es increíble, pero es una tarea docente que tendremos que hacer.
SI NO HAY VOLUNTAD POLÍTICA…
(Alicia Ciciliani) No hay proyecto de ley, ni regulación de ley que soporte un embate político cuando se quiere torcer el espíritu de la ley. Nuestro proyecto de ley discutió y trató de buscar todas las alternativas, y toda la regulación para que lo que pasó con el régimen anterior no vuelva a ocurrir. Pero tiene que haber una voluntad política mayoritaria de una sociedad para que eso no se permita. Caso contrario no hay regulación que te pueda salvar de colonizar ninguna autoridad de aplicación. Rescato un libro de Martin (Becerra) donde analiza la aplicación de la ley, donde hay un gran aprendizaje de eso. Ahí te das cuenta como legislador cuando estudias, que es muy difícil escribir un texto que pueda frenar una voluntad política de poderes económicos, de intereses políticos tan espurios como los que se conjugaron al aplicar la ley.
-¿Hay consenso legislativo, primero para ser aprobada en comisión, y que luego sea tratado en el Recinto?
Nadie antes del 22 de octubre quiere hablar, porque esta ley toca intereses, toca intereses de los grupos formadores de opinión que están trabajando para que tal o cual candidato tenga más centímetros, audios y exposición pública en la pre-electoral. Entonces vos ves en esa actitud política la brutalidad de los intereses económicos y políticos conjugados. Entonces por más que sean progresistas, no progresistas, que estén más o menos de acuerdo, nadie habla. Porque nadie quiere salir de la foto. Con lo cual nosotros, yo eso lo rescato, tuvimos la valentía de decir “pensamos esto, aquí está lo que pensamos y lo vamos a discutir antes del 22”. Después del 23 de octubre yo creo que el gobierno puede cumplir esa promesa que hizo de que iba a llevar su proyecto de ley. El ministro Hernán Lombardi (Titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la Nación) nos dijo que estaban estudiando nuestro proyecto de ley, y que pasadas las elecciones nos iban a invitar a almorzar para discutir, que ellos no habían tenido un consenso interno pero que estaban dispuestos a discutirlo. Pero no hablan, ni quieren hablar, no hay ningún interés de ningún bloque siquiera hablar de este tema, porque tocamos intereses.
- Diputada, usted mencionó que el oficialismo tiene muy poca voluntad de tratar el tema hasta el 22 de octubre. De repetirse un resultado similar al de las PASO ampliarán esa representación legislativa, con diputados propios, ¿cree que van a tener intenciones de tratarlo realmente al tema?
(Alicia Ciciliani) Lo que digo es que la mayoría de la dirigencia política, incluida Cambiemos, no tiene interés en tratar el tema. Porque yo no le puedo echar la culpa a Cambiemos, cuando hay una composición de la Cámara mayoritariamente que no son de Cambiemos, y me refiero a todo el peronismo en todas sus variantes, más el Frente Renovador, más la Izquierda, más todos, y no tienen ningún interés de tratar este proyecto, si no lo hubiéramos tratado, porque la oposición tenemos suficiente número. Entonces hay que ser muy claro en la visión política de que intereses tocamos. Cambiemos no tiene interés, pero la mayoría de la oposición tampoco. Y si Cambiemos sigue cambiando la ley de medios vía DNU con tanta facilidad como hasta ahora no va a habrá ley. Ahora, si hay una dirigencia política y una sociedad civil movilizada por esto, yo creo si puede haberlo y por eso nosotros estamos haciendo esta tarea de ir con la ley bajo el brazo a todos lados explicando lo que queremos y lo que significa, para nosotros esta ley significa mucho, es la regulación económica de la economía del siglo XXI.
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