El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El inicio de la actividad tribunalicia, tras la feria, comienza con una noticia inquietante para el círculo rojo.
La jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, resolvió que la causa que se conoce como contratos truchos se siga tramitando en la jurisdicción provincial. Su fallo se conoce luego de la maniobra política de fórum shopping revelada por Página Judicial, en la que Miguel Angel Pichetto, del frente Juntos por el Cambio; y Leopoldo Moreau, por el Frente de Todos, operaron para correr al juez federal con competencia electoral Leandro Ríos y que la causa recayera en Daniel Alonso.
Éste, en un fallo para la historia, sostuvo que el desfalco de mil millones de pesos en el período 2008-2018 en el seno de la Legislatura se encuadra en un delito federal/electoral.
Barbagelata ratificó la procedencia del fuero ordinario y la competencia de los tribunales de la Justicia de Entre Ríos, con asiento en Paraná, para continuar entendiendo en la causa caratulada “Beckman Claudia Marcela y otros” por defraudación a la administración pública y asociación ilícita.
Los “otros” son Hugo Mena y Esteban Scialocomo (quienes se encargaban de cobrar los contratos y sacar la plata de los cajeros); Alfredo Bilbao y Ariel Faure (integrantes de uno de los estudios contables que manejaban los contratos truchos en materia tributaria); Gustavo Pérez (director administrativo del Senado); Juan Pablo Aguilera (funcionario del Senado y figura clave durante el gobierno de su cuñado Sergio Urribarri) y Alejandro Almada (empleado de Diputados y cuñado de Aguilera).
También hay un lote de “otros vip” que quienes no recayó la prisión preventiva en todo el proceso que fueron Juan Domingo Orabona, Jorge De Breuil, Sergio Cardoso (empleados jerárquicos de Diputados y el Senado); el contador Pedro Opromolla y el especialista en sistemas y ex empleado del Bersa, Guido Krapp (integrantes del otro estudio contable).
La jueza de Garantías resolvió tener presente las reservas del caso federal efectuadas por los abogados defensores de Jorge De Breuil, Pérez, Opromolla y Almada.
El jueves pasado, Página Judicial reveló una ampliación indagatoria que hizo Cardoso, un imputado clave que aportó datos delicados y de relevancia el 28 de mayo pasado, dos días antes que los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry solicitaron la elevación a juicio. “Los que tenían la potestad absoluta y elegían a quienes contrataban y a quienes no, eran los diputados”, dijo el imputado. Pero no fue tenido en cuenta. Ratificó la existencia de un acta, que daba cuenta sobre el período 2007-2011, tampoco tenida en cuenta. Esa información pudo haber alargado el ítem “otros” del legajo.
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