El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Las audiencias se realizarán a partir de abril de 2025 y se extenderán por cuatro meses. Treinta y dos personas, que representan las escalas más bajas de la estructura delictiva, ha sido imputadas por una sustracción milmillonaria de fondos públicos de la Legislatura durante una década.
De PÁGINA JUDICIAL
La jueza Marina Barbagelata puso fecha para las audiencias de apertura a juicio de la causa de los contratos truchos en la Legislatura: los fiscales, defensores e imputados deberán comparecer el 22 de abril de 2025 y las audiencias se extenderán por el término de cuatro meses, hasta el 13 de septiembre.
El Ministerio Público Fiscal había considerado concluida la investigación penal preparatoria y solicitó la remisión a juicio de la causa en 2021, pero el proceso tropezó con un conflicto de competencia planteado por un grupo de defensores, que terminó zanjando la Corte Suprema.
La audiencia convocada por la jueza Barbagelata es crucial para la continuidad de la causa de los contratos truchos, en la que se investiga si una asociación ilícita sustrajo de la Legislatura una suma de 1.111.871.715 pesos –según lo ha determinado una pericia oficial– a través de contrataciones irregulares entre 2008 y 2018.
En la audiencia deberán presentarse los representantes del Ministerio Público Fiscal y los abogados defensores, además de los imputados, para exponer sobre la admisibilidad de las pruebas que han ofrecido; mientras que la magistrada buscará que arriben a acuerdos probatorios, deberá realizará un control de la acusación e individualizar a quienes debería ser sometidos a juicio, como lo prevé el Código Procesal Penal.
La causa se inició el 20 de septiembre de 2018, cuando un policía avispado vio movimientos raros en un cajero del Bersa en Avenida Ramírez. Lo anómalo eran tres personas extrayendo dinero con varias tarjetas de débito que no les pertenecían. A eso le sucedió una serie de allanamientos y la apertura de una escandalosa Caja de Pandora.
Los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry imputaron a Flavia Marcela Beckman, Hugo Rubén Mena y Esteban Scialocomo (quienes se encargaban de cobrar los contratos y sacar la plata de los cajeros); Alfredo Bilbao y Ariel Faure (integrantes de uno de los estudios contables que manejaban los contratos truchos en materia tributaria); Gustavo Pérez (director administrativo del Senado); Juan Pablo Aguilera (funcionario del Senado y figura clave durante el gobierno de Sergio Urribarri) y Alejandro Almada (empleado de Diputados y cuñado de Aguilera).
Los otros imputados fueron Juan Domingo Orabona, Jorge Fabián Lazzaro y Sergio Cardoso (empleados jerárquicos de Diputados y el Senado); el contador Pedro Opromolla y el especialista en sistemas y ex empleado del Bersa, Guido Krapp (integrantes de Integral Asesoría, el otro estudio contable).
Entre los imputados también están María Victoria Álvarez, Ángel Rubén Ferreyra, Fernando Gastón Sarnaglia, María Jazmín Mena Giovenni, Viviana Giselle Mena Gioveni, María Macarena Álvarez, Jorge Pablo Balladares, Andrea Noemí Beatriz Demartín, todos tarjeteros.
También fueron imputados Renato Jesús Mansilla, Nicolás Beber (ambos empleados de Integral Asesoría y contratados en la Legislatura), Jorge Enrique De Breuil, José Javier Schneider, Gustavo Falco y Verónica Caino (esposa de Gustavo Pérez).
Los fiscales destacaron que “la maniobra también contó, como aporte indispensable, con la omisión a los deberes de control”. Por eso es que también serán enjuiciados Diego Martín Pagnoni, Hernán Javier Díaz (ambos revisores del Tribunal de Cuentas en la Cámara de Senadores), Marta Aurora Pérez (auditora del Tribunal de Cuentas en la Legislatura), Mariano Speroni (también auditor en la Legislatura) y Maximiliano Degani (revisor del Tribunal de Cuentas en la Cámara de Diputados).
La causa no escaló en responsabilidades de diputados, senadores ni autoridades legislativas, aunque el procurador Jorge Amílcar Luciano García ha anunciado que habrá para ellos una segunda parte. ¿La habrá?
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