El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
La semana pasada se reiniciaron las actuaciones judiciales en la causa denominada “Contratos Truchos en la Legislatura Provincial”. Uno ve con beneplácito que continúen las investigaciones sobre lo ocurrido, según los fiscales, “en la Cámara de Senadores entre enero de 2008 y septiembre de 2018 y en Diputados, luego del 11 de diciembre de 2011 y hasta la misma fecha anterior”.
(*) Por EDUARDO SOLARI
Foto: Ilustrativa.
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El miércoles último se reanudaron las pericias contables, y continuarán, lo que seguramente acelerará todo el proceso. Esto es auspicioso.
No obstante, al retomarse este tema -que seguiremos sistemáticamente y hasta el final- resulta increíble recordar definiciones del Ministerio Público Fiscal que hasta hoy se mantienen. Se afirmó hace un tiempo que: “la maniobra también contó como aporte indispensable con la omisión a los deberes de control por parte de los Auditores Estables, Revisores y Fiscal del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos con desempeño en el período investigado” y con el aporte de “autoridades, aún no identificadas, de las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, quienes suscribieron los respectivos vínculos contractuales sin conocer a los contratistas, sin asignarle función alguna y a sabiendas de que el monto de la contratación era sustraído del patrimonio del Estado”.
Tal aseveración, a esta altura, luce cuanto menos, poco profesional, o en el peor de los supuestos, como intentando encubrir a dirigentes que tuvieron altas responsabilidades en los hechos descriptos. No se necesita mucha ciencia ni esfuerzos adicionales. Basta saber quiénes ocuparon cargos durante los períodos imputados en lugares tales que los contratos de personal hubiesen requerido de su conocimiento y firma para autorizarlos. Concretamente, quienes se desempeñaron como Vicegobernadores, Vicepresidentes de la Cámara de Senadores, Presidente y Vice de la Cámara de Diputados, cuyas identidades son públicas, notorias y constan en innumerables registros y documentación oficial.
No se entiende cómo se puede pretender que se considere seria, eficaz, completa, profunda e independiente a una investigación que solo pesquisó e imputó a actores secundarios y de reparto en esta saga, dejando al costado a quienes resultan ser, por acción u omisión, los protagonistas de este enorme e insoportable hecho de saqueo de fondos públicos y quienes más han usufructuado de esos fondos ilegal e ilegítimamente apropiados.
No es admisible ni tolerable que desde el Ministerio Público Fiscal se diga tan liviana e irresponsablemente que estos imputados serán juzgados en una primera etapa y que luego se hará lo propio con el resto que detentaron mayores responsabilidades. No podrá haber dos juicios. Deberá haber uno solo y con todos los implicados, desde los máximos funcionarios hasta los de menor incidencia. Lo contrario, significaría consagrar un írrito y canallesco acto de discriminación e impunidad contrario a la ética republicana e impropio de un Estado de Derecho.
Esperemos que el Procurador General de la Provincia desista de esta estrategia retorcida e injusta.
(*) Diputado provincial por Cambiemos.
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