El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Entre Ríos tiene una lista de ex funcionarios y dirigentes políticos que pasaron por los tribunales y se fueron con una condena. En la mayoría de los casos la Justicia tardó años en comprobar los delitos; y otros tantos en hacer cumplir las sentencias.
ROSSI
Domingo Daniel Rossi fue uno de los que integró la nómina. El ex intendente de Santa Elena fue condenado en junio de 2006 por enriquecimiento ilícito a una pena de tres años de prisión en suspenso, el pago de una multa de 90 mil pesos, la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por ocho años y la obligación de realizar trabajos comunitarios en su pueblo, de dos horas por semana.
En 2009 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme esa sentencia y el ex vicegobernador justicialista la cumplió a rajatabla, aunque la cuestionó en cuanto pudo. En la causa se tuvo especialmente en cuenta las declaraciones de diversos testigos, exhortos que se libraron a la República Oriental del Uruguay, y el reconocimiento del propio Rossi como titular y único administrador de cuentas bancarias, en las que había acumulado, a lo largo del lapso en que ejecutó la función pública que había dejado en 1995, 4.950.000 dólares, entre otros bienes.
El 17 de noviembre de 2010, la Sala Número 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) dejó sin efecto la inhabilitación absoluta por el término de ocho años para ejercer cargos públicos y Rossi volvió a ser intendente de su ciudad.
Según reconstruyó EL DIARIO, quien supo ser el hombre fuerte del norte entrerriano pagó religiosamente lo que le ordenó la sentencia.
EL PACHA
Oscar Horacio Mori fue otro de los que pasó por el banquillo. En 2006 fue condenado por el desvío de fondos de la Fundación Aciser a la campaña del Partido justicialista de 1997. Mori fue hallado responsable junto a la ex – concejal Liliana Morard y a Marcelo Sola de haber desviado dos ATN (Aportes del Tesoro Nacional), uno por $ 465 mil y otro por $ 500 mil. La sentencia fue de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para desempeñar cargos públicos. Sobre este último punto, el ex funcionario de Jorge Busti apeló para que le bloqueen esa inhabilitación, pero no tuvo suerte.
También en 2006, Mori fue condenado a pagar 685.000 al Estado y a los abogados y peritos que participaron en la causa por las irregularidades cometidas en la compra del helicóptero Bell Ranger, que el gobierno provincial adquirió a principios de 1996.Según consultó averiguó EL DIARIO nunca depositó esa suma.
DECOMISADOS: YEDRO Y TALEB
Mario Yedro fue uno de los primeros dirigentes políticos al que lo alcanzó una condena. Fue por enriquecimiento ilícito. Pero su raid judicial no quedó allí, luego fue condenado a la pena de cuatro años y seis meses de prisión por la usurpación de un campo que la Justicia había ordenado decomisar a fines de 2005. Se le impuso entonces una pena de tres años de prisión en forma condicional, el pago de una multa, fue inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos y se ordenó el decomiso de un campo de 2.164 hectáreas ubicado en Raíces Norte, departamento Tala, valuado en una suma cercana a los 7,5 millones de dólares.
El juez correccional, Miguel Ernesto Ramos, consideró que el ex senador del Partido Justicialista “deshonró” su paso por la función pública y le aplicó una pena única y total de cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, ya que también unificó la pena anterior. Si bien al ex legislador le queda una instancia de apelación, el fallo especifica que la condena debe cumplirse en la cárcel de Gualeguay.
Cuando fue condenado por enriquecimiento ilícito, en los tribunales concordienses se ordenó el decomiso de tres fracciones rurales en el departamento Tala que Yedro habría adquirido con dinero mal habido. Pero el ex senador siguió explotando el campo sin acatar la sentencia judicial, lo que motivó una nueva causa penal en su contra.
El magistrado citó en su fallo que “no puede soslayarse, por obvia, la sentencia condenatoria dictada el día 22 de diciembre de 2005 por la ex Sala Penal de Concordia, confirmada por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y denegado el recurso de hecho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la pena de tres años de prisión en forma condicional”. Ese cuadro de situación determinó que “el sujeto deberá cumplir o sufrir la impuesta en la primera condenación con la que corresponda por la segunda, conforme con lo dispuesto sobre acumulación de penas”.
Sin embargo, Yedro se mantuvo siempre renuente a cumplir esta última parte de la sentencia judicial, ni siquiera después que la sentencia fuera confirmada por la Corte.
Ante la rebeldía de Yedro a desalojar el campo, en su momento, se le impuso un plazo para que desaloje sus pertenencias y los animales allí alojados, como paso previo a que el campo pasara a manos del Estado provincial. Pero pasó el tiempo y eso tampoco se hizo. Así se llegó a la nueva sentencia que podría llevar a Yedro a la cárcel.
Yedro fue concejal del justicialismo de Concordia, interventor de Obras Sanitarias y senador provincial en dos períodos (1987-1991 y 1996-1999).
El otro caso, conocido hace una semana, es el del ex senador también del PJ, Raúl Taleb. La Justicia lo encontró culpable por el delito de enriquecimiento ilícito. El diamantino, que cumplió funciones como diputado provincial desde 1991 hasta 2003, senador entre 2007 y 2009 y embajador en Cuba durante el gobierno de Néstor Kirchner, fue condenado a la pena de tres años de prisión condicional, tres años de labores comunitarias en la localidad de Diamante, la inhabilitación para ocupar cargos públicos de por vida y el decomiso de un departamento ubicado en calle Buenos Aires de la capital entrerriana que sirve como devolución al Estado de los fondos injustificados.
Taleb argumentó la compra del departamento en calle Buenos Aires en haber ganado 40 mil pesos/dólares en la quiniela en el año de dicha adquisición, pero esto no fue comprobado con ningún material probatorio.
La fiscalía había solicitado la pena de cuatro años de prisión efectiva. Este pedido no fue concedido por el tribunal que, según el adelanto de sentencia, se basó en la jurisprudencia de los casos Rossi y Mori y decidió darle a Taleb la prisión condicional. El dirigente apelará la sentencia.
PACAYUT: EL PRIMERO
El ex senador provincial Abelardo Félix Pacayut no llegó a ver la caída del martillo de la Justicia. Falleció con una condena de cuatro años de prisión sobre sus espaldas y fue el primer dirigente político, desde 1983, que estuvo en la cárcel por corrupción. Al ex senador de Islas se lo condenó fue condenado como autor del delito de de peculado, es decir, apropiación de dineros públicos. La Justicia lo encontró culpable de desviar fondos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para la construcción del Puerto Ibicuy. El peronista estuvo al frente de una comisión que constituyó para la obra. Lo cierto es que la Justicia logró probar el desvío de alrededor de 14 millones de dólares. El caso llegó hasta La Corte Suprema de Justicia que confirmó la sentencia post-mortem al ex senador. Pacayut murió el 24 de junio del año pasado. Había pasado tres meses en la cárcel de Paraná, cumpliendo también una condena anterior por haber falsificado documentación para obtener una casa del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV). Estando en prisión su estado de salud se agravó y entonces se le concedió el arresto domiciliario. Pocas semanas después debió ser internado en una clínica privada, hasta su fallecimiento. La investigación – como la de Yedro y Mori - se había iniciado a través de la ex Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). Cobró forma de denuncia formal en la Justicia el 31 de marzo de 2001, aunque los hechos ocurrieron en 1997, durante la segunda gestión de Jorge Busti.
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